Redacción

El Servicio Electoral informó que solo tres representantes de pueblos indígenas inscribieron sus candidaturas para integrar el Consejo Constitucional, marcando una evidente diferencia con el proceso anterior en el que 17 personas fueron parte de la Convención con escaños reservados (los candidatos entonces fueron 182).

El diseño del nuevo proceso es completamente diferente al anterior y las comunidades nativas del país esta vez solo tienen posibilidad de sumar cupos supranumerarios, esto es que, en caso de que en conjunto superen el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las 16 circunscripciones no indígenas se sumará el representante con mayor votación a los 50 ya asegurados para los pactos políticos (a los que postulan 346 candidatos). En caso de que alcancen más de 3,5% de los votos se sumará el segundo y si obtienen sobre 5,5% de los sufragios entrarían los tres.

"se corre riesgo"

Por ello el senador Francisco Huenchumilla lamentó que "se corre el riesgo de que no se elija a ninguno de los candidatos", lo que atribuyó a que "este proceso no logró suscitar credibilidad".

De los tres postulantes de pueblos originarios, dos son mapuche, Alihuen Antileo y Julio Marileo, y uno es atacameño, Rudecindo Espíndola.

El primero de ellos, quien perdió en su intento por llegar a la Convención, es quien más llama la atención: Antileo es abogado y en 1986, tras regresar del exilio en Suiza, integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), las Juventudes Comunistas y más tarde colaboró en la fundación de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), de la cual también fue vocero, según ha expresado en entrevistas.

En 2015 fue presidente del directorio de la Universidad Arcis y hoy integra la Plataforma Política Mapuche (PPM) en Santiago, de la cual ha sido vocero y presidente, desde donde criticó que el acuerdo para la nueva reforma constitucional no incluyera escaños reservados: "Hay una muestra de marginación y exclusión política respecto de la primera Convención. Nos encontramos en una situación de desmedro y retroceso político, cultural y constitucional".

Condenado por LSE

El otro aspirante del pueblo mapuche es Julio Marileo, pareja de la exconvencional del mismo pueblo Rosa Catrileo y magíster en Educación en la Universidad de Chile.

Marileo fue condenado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado tras ser vinculado con un ataque incendiario que afectó a vehículo de una empresa maderera en Collipulli, en el que viajaban guardias armados. Cumplió su pena en libertad vigilada y estuvo con firma mensual por 14 años.

"Lamentablemente, se ha generado una animadversión que a nosotros nos deja en una posición compleja, ya que no estamos en la situación de hace tres años. Hoy hay solo tres candidaturas y para el proceso anterior hubo 38 duplas", lamentó.

El tercer inscrito ante el Servel es el atacameño Rudecindo Espíndola, agricultor, topógrafo, ambientalista y excandidato a la Convención por el Distrito 3 de la mano del Movimiento Independientes del Norte, postulación que perdió.

Espíndola calificó de "compleja" la campaña, también con dardos a la nueva reforma y el proceso aprobado por el Congreso. A su juicio, "más que injusto, es decepcionante. El Estado chileno vuelve a invisibilizar a los pueblos originarios".

La oposición no quiere volver a formar parte de la mesa de seguridad. La ministra Tohá piensa que tal vez con un poco de distancia y vacaciones entremedio puede que la cosa se arregle. Así, mantiene la esperanza de que las diversas fuerzas políticas revisen durante febrero la nueva "hoja de ruta" que propuso al reactivar la discusión y puedan llegar a un acuerdo transversal en marzo. También Camila Vallejo ha transmitido a ese sector que, en otras palabras, tendrán las puertas siempre abiertas para cuando quieran regresar.

Me pregunto si la no participación de la oposición en esta instancia es una cuestión de orgullo o sensatez. La primera alternativa podría ser posible si tenemos en cuenta que la derecha acaba de salir trasquilada de dos acusaciones constitucionales fallidas, una de ellas directamente relacionada con el tema de los indultos. Sería comprensible que no esté dispuesta, además, a asumir que no solo no tenía razón, sino que, de alguna manera, se olvida ese tema y vuelve a aliarse con los vencedores como si nada grave hubiese ocurrido. En el fondo, sería como un "retiro lo dicho" cuando en realidad fue el gobierno quién echó a perder la negociación.

La segunda alternativa puede ser atendible también, si consideramos que tal postura responde a un mínimo de coherencia que toda discusión política reclama como base y que es necesario resguardar. En efecto, si un día el gobierno piensa A y al mismo tiempo piensa no-A sobre el mismo tema y en el mismo sentido, colapsa un principio básico del conocimiento: el famoso principio de no contradicción. Nada verdadero puede surgir de ahí. Así, entonces, si un gobierno arma una mesa de seguridad y al mismo tiempo toma la decisión de indultar a doce personas con el prontuario que ya conocemos, colapsa toda posibilidad de diálogo político. Se disuelve el mínimo de confianza para estar dispuestos a invertir tiempo y energías en conversar.

Sea por orgullo o por sensatez, la retirada de la oposición de la mesa de seguridad es finalmente un servicio a la política como tal, porque nos recuerda que ningún diálogo se puede sostener sobre la arena de la contradicción.

Aunque el tema de los indultos hoy ha pasado a segundo plano debido a los desaciertos del gobierno en materia de relaciones internacionales, la ministra del interior debe asumir que en la vida hay decisiones que se pagan caro y, en este caso, ha costado el fracaso de esa mesa como proyecto político. Puede que siga funcionando, pero ya no será lo que podría haber sido, porque ahora está coja y convengamos en que no hay nada más desagradable que una mesa coja. Cierto es que con una servilleta doblada se puede solucionar ese desperfecto por un tiempo, pero obviamente eso no ofrece la misma estabilidad que da una mesa completa.

¿No será mejor, entonces, dejar de perder el tiempo con el proyecto que no fue y contentarse con la habitual discusión de los proyectos en el Congreso? Lógicamente es una salida menos romántica y más administrativa, cosa que, por cierto, no responde a los anhelos de quienes gobiernan, sin embargo, es lo que la ciudadanía espera con urgencia.

"La retirada de la oposición de la mesa de seguridad es un servicio a la política como tal, porque ningún diálogo se puede sostener sobre la arena de la contradicción".

*Alumna doctorado en Filosofía Universidad de los Andes