Respecto del papel del Estado, en la administración del país, estimo que todo extremo es perjudicial para los ciudadanos y para una verdadera democracia. Hay quienes abogan por un Estado grande, poderoso y omnipresente al extremo de controlar incluso a los ciudadanos. Otros en cambio aspiran a un Estado minimizado, débil y con escasa capacidad de gestión y control. Ni lo uno ni lo otro. Ni un Estado totalitario, ni un Estado ausente. Los ejemplos negativos, en los dos casos, son múltiples.

Todos quisiéramos un Estado eficiente y vigilante, con instituciones fiables y respetadas, en las cuales cada puesto técnico y directivo lo ocuparan profesionales probos, capaces y especializados, bien pagados y evaluados, donde el mérito sea el único requisito para ocupar dichos cargos y la ventanilla, la única vía para una postulación o tramite.

¿Una utopía? Tal vez, pero entiendo que en no pocos países esto se cumple. Donde al ganar una elección presidencial, el Estado no pasa a ser una especie de "botín de guerra" de los ganadores para darle pega a sus adherentes, léase activistas políticos.

Tampoco el Estado solo debe servir de alcancía para salvatajes económicos privados, como lo estamos viendo actualmente y como lo comprobamos en la crisis del año 1982.

Un Estado activo y protagonista debe considerarse imprescindible, vital y preponderante siempre, no asumiendo un rol importante sólo ante situaciones de emergencias. En todo caso debemos tener claro que un Estado se constituye y consolida dependiendo de la madurez cívica de la ciudadanía y de la sensatez y equilibrio del sistema político imperante. En un escenario como éste es factible proyectar un modelo de Estado consensuado, legitimado y con vigencia en el tiempo. Varios países europeos son ejemplos de ello.

En países con tendencias políticas cambiantes como el nuestro, donde se va produciendo alternancia en el poder entre orientaciones con notables diferencias, se hace muy difícil establecer un acuerdo tendiente a estructurar un Estado moderno, serio, dinámico, proactivo y fiscalizador.

Otra discusión pendiente, en el caso de Chile, es hasta donde el Estado debería intervenir en favor de la población. Me refiero a su participación en ciertas, restringidas áreas productivas y de servicios estratégicos. La constitución no lo faculta para ello y solo puede intervenir en aquellos temas donde los privados, ya sea por su alto riesgo o incierta rentabilidad, no participan. ¿No sería de beneficio ciudadano un Estado con posibilidad de asumir, con una administración profesional y sin subsidios, como lo hacen hoy las farmacias municipales, un rol equilibrador y competitivo en algunos servicios básicos?

Aun cuando existe una decisión y compromiso político nacional que estableció para el mes de abril de 2021, por primera vez en la historia de nuestro país, la realización de la elección de Gobernadores Regionales, en los últimos días se han levantado voces que pretenden que la Constitución vigente, que contempla la figura de un Gobernador/a Regional electo en cada Región del país, se postergue. Esta pretendida suspensión indefinida o postergación discrecional es simplemente inaceptable. Esto sería cerrar las puertas para que las regiones se asuman como verdaderos sujetos protagonistas constructores de su desarrollo integral. En esta coyuntura y frente a la "retroexcavadora centralista", debemos alzar la voz para plantear con mucha claridad y energía colectiva que se respete la elección de Gobernadores/as Regionales para abril de 2021. La elección de Gobernadores Regionales es un hito en nuestra historia republicana que significará transitar desde el modelo de Estado unitario-centralizado, a un modelo mixto, unitario-descentralizado. Un paso gigante en el proceso descentralizador chileno.

La Fundación Chile Descentralizado y 81 Parlamentarios y Parlamentarias y, más de 280 líderes regionales, han hecho un llamado a quienes tienen la responsabilidad de la conducción política del país a asumir el enorme poder simbólico e histórico que tiene la elección de Gobernadores/as Regionales, y a respetar, como se ha aprobado, dos periodos electorales claramente definidos en Chile: uno de nivel territorial el 11 de abril de 2021 que comprenda las elecciones regionales y locales; y otro, de nivel nacional, que agrupe la presidencial y las parlamentarias en noviembre del próximo año. Adicionalmente, plantean que incumplir la Constitución vigente con el pretexto de que ella podría ser modificada en el futuro es una falta de rigor republicano e institucional que puede tener consecuencias políticas e institucionales catastróficas.

El pretexto se limita, hasta ahora, a la elección de gobernador/a regional. Pero ¿Qué ocurriría si otros comienzan a extender el argumento a las elecciones de alcaldes (as), parlamentarios/as o del propio Presidente de la República? Razones habría, pero es obvio que resultaría dañino al respeto a las instituciones, al espíritu republicano y al Estado de Derecho: impresentable. La República de Chile y, especialmente los habitantes de sus regiones, merecen acatamiento institucional, respeto de las reglas y apego al Estado de Derecho.

La lucha de los parlamentarios regionalistas, líderes y comunidades regionales y comunales ha hecho posible conquistar este derecho. No debemos aceptar excusas para seguir posponiendo la soberanía ciudadana. A cumplir la palabra.