Corrupción en el caso Convenios
Contraloría detectó una serie de irregularidades en las asignaciones directas de recursos a fundaciones que realizaron proyectos en campamentos. Se detectaron las falencias y ellas fueron utilizadas para fines particulares, ocasionando un grave detrimento a los recursos fiscales.
El lapidario informe de Contraloría respecto a los convenios entre organismos estatales y fundaciones, en el marco del Plan de Apoyo a Asentamientos Precarios, no hizo más que ratificar lo que se había expuesto latamente en los medios. La investigación del órgano contralor encontró una serie de graves irregularidades que permitía que ONGs de reciente data, sin patrimonio, sin experiencia para las labores que fueron escogida, hayan recibido millonarios montos para ejecutar proyectos en los campamentos.
El caso Democracia Viva fue el que sirvió para poner en el tapete esta situación y obligar a mayores indagatorias que determinaron que los vicios encontrados en la primera investigación se repetían en otros convenios en la región y en el país.
Todos operaban bajo la misma metodología: eran fundaciones de nueva data, sin experiencia en los proyectos asignados, traspasos directos de fondos parcializados para saltarse aprobación de Contraloría, sin boletas de garantía, sin oficinas y patrimonio.
Y en Antofagasta se sumó la contratación de funcionarios (12) por intermedio de estas fundaciones que prestaban servicios y cumplían tareas para el Serviu. Entre ellas las de fiscalizar la rendición de cuentas de estas mismas ONGs.
Fue que tras este informe que el contralor Jorge Bermúdez dijo que la "falta de regulación permite que el virus de la corrupción se puede propagar".
Faltaba regulación, pero también había colusión para aprovecharse del sistema. Se detectaron las falencias y ellas fueron utilizadas para fines particulares, ocasionando un grave detrimento a los recursos fiscales.
Dentro de todo lo crítico que se puede ser con el alcalde Velásquez, en la última y polémica sesión, dijo algo que es muy cierto en el sentido que el daño de estos convenios se les hizo a las personas más vulnerables y que requieren con urgencia la asistencia estatal.