Extorsiones telefónicas, portonazos, asaltos a plena luz del día a transeúntes o al comercio local, son situaciones habituales en nuestro país, y Antofagasta presenta cifras históricas.

Desde el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) correspondiente al primer semestre del 2022, un nuevo informe posiciona a la Región de Antofagasta a la cabeza con un 63,3% respecto a niveles de victimización del comercio. Vamos al alza, si nos comparamos con el indicador del segundo semestre del 2021, un 49,2%.

Esta delincuencia se acentúa por la migración ilegal y la ausencia de medidas posibles como decretar el Estado de Excepción Constitucional y que el Gobierno no ha querido declarar por una desidia -a estas alturas- inentendible.

Según informes de la PDI, los delitos de "mayor connotación" han aumentado un 28% el primer semestre del 2022 (CEAD informa 10.168 delitos de mayor connotación social en nuestra región en lo que va del 2022). Aquí no estamos haciendo "cherry picking" (que en inglés significa "elección de cerezas" y consiste en elegir la parte de los datos que te da la razón) como frecuentemente acusa el Presidente Boric respecto a las críticas por el mal manejo en materia de seguridad que ha tenido su gobierno. Es un dato real: las cifras del Ejecutivo no son alentadoras; para no decir, que son un completo fracaso.

Por eso, junto a la Bancada de Renovación Nacional, entregamos a la nueva ministra del Interior una agenda legislativa con "100 medidas para Combatir la Delincuencia", ordenadas en siete ejes temáticos que son: Trabajo de las Policías; Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Persecución Penal y Cumplimiento de Condenas; Crimen Organizado y Tráfico de Drogas; Terrorismo; Migración y Delincuencia; Delitos de Alta Connotación Social y Delincuencia Urbana; y Responsabilidad Penal Adolescente.

Respecto del eje del trabajo de las policías, consideramos que una de las piedras angulares tiene que ver con el refuerzo de las instituciones. Sin embargo, el primer punto es que el gobierno brinde apoyo político a las policías para que puedan actuar en legítima defensa y de los ciudadanos contra delincuentes, sin temor a represalias.

La lucha contra el narcotráfico debe ser feroz. Como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana una de las medidas urgentes -a mi juicio- es establecer deberes y mecanismos de coordinación entre el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Aduanas.

En esta línea y a gran escala, esperamos la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Y sin más dilación debe crearse la Defensoría de Víctimas.

Espero que este Gobierno reciba esta agenda con humildad y acepte que la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad diaria se combate uniendo voluntades y que no deben por ningún motivo ser prioridades de un sólo sector político. El 66% de chilenos considera que la seguridad es su principal preocupación. No hay más tiempo que perder, Presidente.

Una sensación de impunidad que se refleja en modus operandi altamente temerarios y coordinado es lo que muestran por estos días las bandas delictuales en el país y principalmente en la Región de Antofagasta. Esto a a raíz del caso del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia (FCAB) que debió suspender el transporte de catódos de cobre del vecino país por los constantes robos que son víctimas.

El aumento de uso de armas de fuego en los delitos, su exhibición por redes sociales y en plena vía pública dan cuenta que a un grupo cada vez más creciente de la población pareciera no importarle las consecuencias e incluso creen que nunca las tendrán.

Pese a lo anterior, todo da cuenta que no es así y pese a las dificultades de recursos y de personas que tienen las instituciones de impartir justicia como las policías, finalmente la gran mayoría de los delincuentes está teniendo que enfrentar a la justicia.

De este modo esta sensación de impunidad quizás es lo que alienta a cientos de jóvenes que buscan en la actividad delictual el camino fácil para conseguir réditos económicos, en actividades tan diversas que van desde los simples robos, al narcotráfico y asaltos violentos para conseguir mercancías que luego transan de manera fraudulenta.

El aumento de la violencia en los delitos es algo que han dado cuenta las policías y el Ministerio Público y el gobierno está trabajando para hacerse cargo, sin embargo, el tiempo es acotado y si no se enfrenta con todo el rigor posible se llegará a un punto en que se escapará totalmente de las manos.

La seguridad es una de las problemáticas que más preocupan a la población y es por esto es que se deben dar señales claras al respecto, para que las personas dejen de sentirse inseguras y vuelvan a salir tranquilas a las calles sin temor a las encerronas, asaltos e incluso a sufrir un ataque sexual.

Un país seguro, con ciudades seguras y barrios seguros, son el mejor aliciente para la inversión, para que la economía se fortalezca, que exista más trabajo y que las personas más vulnerables puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Un país próspero va de la mano de la seguridad y es por ello, preocuparse de ella es vital para el éxito futuro, al igual como lo son la educación, la salud y el acceso a una vivienda, temáticas en las que el país no ha podido dar un despegue acorde a las necesidades que se requieren para alcanzar el desarrollo.