Sala aprobó informe que acusa "abandono de deberes" por atraso en cierre del basural
LA CHIMBA. Conclusiones de comisión investigadora fue aprobado por 119 votos. En el informe ademas se pide remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 119 votos a favor y 5 en contra, el informe de la comisión especial que investigó la demora en el cierre del basural La Chimba y la tardía apertura del relleno sanitario Chaqueta Blanca.
Las conclusiones fueron entregadas a la Sala por el presidente de la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN), y en ellas se consigna responsabilidad, entre otros, de la alcaldesa Karen Rojo (hoy suspendida del cargo por incapacidad temporal) en los atrasos y dificultades registradas.
Respecto de Rojo se dice que incurrió en "abandono de deberes" en relación a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley N° 18.695, que dispone que es función privativa de la municipalidad el aseo y ornato de la comuna.
Además, se le responsabiliza de ejecutar acciones reiteradas de oposición a las resoluciones que la autoridad sanitaria emitió intentado cerrar el basural La Chimba.
Tales recursos se expresa, suspendieron los actos administrativos de la Seremi de Salud y, posteriormente, judicializaron la materia.
"La cantidad de recursos que la Municipalidad interpuso en contra de las resoluciones sanitarias que ordenaban medidas inmediatas de tratamiento de residuos domiciliarios, su traslado y cumplimiento de normativa ambiental y sanitarias dan cuenta de una estrategia meditada de dilación en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, lo que no puede sino ser objeto de reproche político por esta Comisión", dice el texto.
La comisión agrega que en varias ocasiones se invitó a Karen Rojo a exponer los antecedentes en poder de la municipalidad, sin embargo, la autoridad edilicia se excusó.
Salud
En el informe también se realiza un "reproche político" tanto a las autoridades de Salud de la época locales como nacionales.
Respecto de ellas, se señala que "si la Subsecretaria de Salud (Paula Daza), afirmó categóricamente que Chaqueta Blanca 'cuenta con todas las autorizaciones sanitarias correspondientes para poder funcionar' y que 'solo faltaría la autorización de la Dirección de Obras Municipales, es decir, la patente', entonces no se explica por qué, teniendo la facultad, no solicitó a la Presidencia la posibilidad de hacer ella misma cumplir la ley y poner en operatividad el individualizado relleno sanitario".
El informe aprobado además plantea que durante años la Municipalidad, "no realizó ningún tipo de revisión o fiscalización, ni auditoría, a ningún proceso de ejecución de obras, como tampoco a la recepción de los trabajos ni a la liquidación de los contratos".
A lo anterior se agrega la inexistencia de manuales de procedimiento, lo que a juicio del propio Contralor, es "síntoma de esa incapacidad para realizar esas labores de supervigilancia de este tipo de contratos", cita el informe.
Respecto de la fiscalización, se plantea además que hubo un incumplimiento del deber de cursar las multas por los atrasos de la obra, en tiempo y forma, "al decidir simplemente no cursarlas o, en otros casos, evidenciar una intensión de condonación de las ya cursadas, sin contar con facultades legales para ello".
Finalmente, se recomienda entregar una copia del informe al Consejo de Defensa del Estado para que estudie acciones judiciales tendientes a evitar mayores perjuicios para el Fisco, particularmente en lo que se refiere a la posible condonación de multas a la empresa constructora, lo que significaría un perjuicio fiscal en el orden de los mil millones de pesos.
Cierre
El informe fue aprobado por la Cámara de Diputados a ocho meses de la apertura del relleno Chaqueta Blanca y el consiguiente cierre de La Chimba.
Hay que recordar que en diciembre de 2019, y no sin dificultades, la Seremi de Salud cerró La Chimba y dispuso la operación del relleno Chaqueta Blanca bajo su propia vigilancia temporal por razones sanitarias.
La diputada Marcela Hernando, integrante de la comisión investigadora, dijo que las conclusiones hablan de un abandono de deberes (así lo califica la comisión y posteriormente la Sala) en términos de la municipalidad y de su autoridad suspendida. "Este informe tiene que ser enviado al CDE para investigar la pérdida de recursos por los atrasos y por el no cobro de multas; también a Contraloría, así como a la autoridad sanitaria y a las autoridades edilicias. Esto tiene que ser puesto en conocimiento de los concejales y del actual alcalde, para que tomen las medidas correspondientes en el caso administrativas o en la justicia ordinaria", dijo.