Un total de 21 víctimas fatales dejó, hasta ayer, el accidente de un bus en la cuesta Paposo, comuna de Taltal. Se trata de una de las peores tragedias carreteras registradas en la zona en los últimos años.

Los datos concretos nos dicen que el hecho ocurrió a las 23:15 horas del domingo, cuando el móvil desbarrancó. La línea investigativa causal que maneja la Fiscalía es que se trataría de un error humano o mecánico, cuestión que suele ocurrir en este tipo de hechos y en particular en esa zona.

El vehículo de transporte iba con 42 pasajeros, salió desde la capital regional y tenía como destino final la ciudad de Ovalle, en la Región de Coquimbo. La mayoría de las víctimas eran taltalinas.

Quienes conocen la zona, saben de la peligrosidad de ese sector. Se trata de una cuesta, no tan pronunciada, pero sí extensa -de varios kilómetros- que exige mucha cautela para quienes conducen por el sector. Ya es sabida la recurrencia de accidentes en la zona. Al menos 11 hechos con víctimas fatales están registrados entre el 2012 y 2019, según un recuento realizado por este medio.

El año 2017 el Ministerio de Obras Públicas hizo una inversión de más de 270 millones de pesos que incluyó la instalación de barreras de contención y un radar para fiscalizar los límites de velocidad, entre otras medidas. Sin embargo, la orografía de la zona es la compleja, ya que desde la Pampa, se debe cruzar la Cordillera de la Costa, para llegar a la ruta que está junto al Pacífico. Se trata de bajar desde los dos mil metros de altura a la cota cero.

Todo se complica más con las zonas de silencio telefónico, cuestión que es crítica para enterarse de estos hechos y coordinar las labores de rescate.

Lamentablemente, el Norte Grande tiene estos déficits en muchas de sus carreteras y, por cierto, en muchas otras materias. La Ruta 5 no tiene doble vía, hay tramos muy peligrosos (por ejemplo desde El Oasis a Calama), lo que da cuenta de las dificultades de vivir aquí, a pesar de la enorme contribución realizada a las arcas nacionales.

Estos lamentables hechos deben recordarnos que los problemas de Chile, no son exclusivamente los de Santiago.

Desde el 18 de octubre en adelante, nuestro país ha sido protagonista y testigo de uno de los procesos sociales más relevantes de los últimos tiempos. Los masivos manifestantes que, en su legítimo derecho de libertad de expresión y reunión pacífica, han dado a conocer sus diversos puntos de vista y los posteriores, invitados non gratos, que en su oportunismo y clara delincuencia, han saqueado, robado y receptado cuantiosas especies, han sido parte de estas semanas de legítimas movilizaciones sociales.

La Fiscalía de Chile y nuestra Fiscalía de Antofagasta, en su misión dirigir las investigaciones penales, formalizar y acusar los imputados y proteger a las víctimas y testigos, ha constatado día tras día cómo la actual legislación penal chilena, en el contexto de las manifestaciones sociales descritas, adolece de la suficiente efectividad de sus penas y medidas cautelares para proteger la seguridad social.

Por ejemplo, el fenómeno del saqueo masivo presenta características sociológicas especiales y ponen en peligro gravemente, no solo la propiedad privada y/o pública, sino además, la seguridad de guardias y trabajadores quienes se exponen su integridad física y/o psicológica, la destrucción de empleos que atentan contra el legítimo derecho al trabajo de cientos de compatriotas, altera gravemente la seguridad social, la cadena de distribución de alimentos básicos, la opción de abastecimiento de las poblaciones más cercanas, en especial de aquellos que tienen dificultades de desplazamiento tales como adultos mayores y sectores más modestos, ejercer el derecho constitucional de libre tránsito de los ciudadanos, entre otros. En suma, el fenómeno del saqueo no solo vulnera bienes jurídicos privado, al contrario, también puede atentar contra los interés colectivos de la sociedad.

Desde un punto de vista penal y procesal penal, desde el inicio de la explosión social, el saqueo se ha formalizado ante los Tribunales bajo los delitos de robo en lugar habitado o receptación de especies, tipos penales que tutelan la propiedad privada y su penalidad, está vinculada proporcionalmente a la vulneración de bienes jurídicos de esa naturaleza y no sancionan la gravedad del actuar de hordas violentas en su completa dimensión social. Esta dicotomía explica que las penas asignadas a tales delitos y medidas cautelares en dicho contexto, parecen desproporcionadas a la gravedad de los hechos para nuestra comunidad. Lo propio ocurre con el emergente uso de arcos y flechas, ondas y rodamientos, etc., cuyo uso no se encuentra sancionado, a diferencia de las bombas incendiarias molotov, armas de fuego hechizas, entre otras.

Es decir, los actuales delitos de robo en lugar no habitado y receptación de especies solo sancionan el perjuicio patrimonial sufrido por los dueños de las especies con penas proporcionales a esa conducta ilegal, sin embargo, cuando el saqueo, además, vulnera derechos o garantías constitucionales del resto de la comunidad, dicho disvalor no llega a ser sancionado por la actual norma penal y interés colectivo comprometido queda impune. Sin duda, corresponde a nuestros legisladores la iniciativa de plantear nuevos delitos o agravantes de responsabilidad penal que permitan sancionar los delitos contra la propiedad que atenten además, contra el interés de los demás ciudadanos en contexto de saqueos.

Alberto Ayala Gutiérrez

Fiscal regional de Antofagasta

Por estos días, la opinión pública ha estado utilizando una palabra para describir a quienes cometen destrozos y saqueos durante las manifestaciones sociales. Se trata del germanismo lumpen, cuya raíz etimológica (Lump) data del siglo XVI, de donde deriva Lappen (trapo/ harapo) y cuya declinación -Lumpen- sirve para describir literalmente a los harapientos; a los sinvergüenza, mendigos, vagabundos y ladrones que viven al margen de la sociedad.

El equivalente español sería el pícaro, de ahí la novela picaresca que data del mismo siglo. En el caso chileno, es semejante al vagabundo, peón y gañan de la época colonial.

En el siglo XIX, Marx y Engels utilizaron el concepto Lumpenproletariat para describir a la masa pobre carente de toda conciencia de clase, enemiga del proletariado y herramienta de la burguesía y la aristocracia. En 1852, les sirvió para explicar el golpe de estado de Napoleón III, el que utilizó a dicha población para comenzar con el Segundo Imperio francés. Luego, la conceptualización marxista penetró en la sociología sirviendo para describir a las personas marginales o más bien a los marginados, aunque no necesariamente para explicar el ascenso de algún régimen.

Hoy, tras el estallido social de octubre, se emplea la palabra con irresponsabilidad, puesto que se ha dicho que el lumpen es dirigido y organizado con algún propósito, tesis que estaría adherida a las raíces más antiguas del marxismo y que denotaría el inminente final de la democracia.

De abstenernos de esta teoría, estaríamos hablando de una masa amorfa de individuos marginados que salen a destruirlo todo, sin organización y sin propósito más que la devastación y el beneficio propio. Por supuesto, en el siglo XXI no podemos decir que se trata de vagabundos, gañanes o pícaros, sino que, de problemas como la baja escolarización o la pobreza multidimensional, dificultades que, por ejemplo, tienen los niños y jóvenes del Sename, donde según estadísticas de aquella institución (2018), el 48% de ellos poseen retraso escolar, 36% no asisten a la escuela, 55% tienen problemas de salud mental y de donde proviene uno de cada dos reos penitenciarios (Fundación San Carlos, 2017).

Entonces, en un ejercicio de responsabilidad debemos preguntarnos: ¿quiénes componen el lumpen? Tras entenderlo, no podemos permitirnos hablar de ellos sin un compromiso. De no estar dispuestos a comprometernos, mejor no pronunciar esta palabra prestada y antigua.