En una nueva conmemoración del 8M, como universidad pública, estatal, laica y pluralista, reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la implementación de estrategias con enfoque de género, con el propósito de promover en esta comunidad espacios de crecimiento igualitario, inclusivos, seguros y equitativos.

Las universidades públicas estamos mandatadas a incorporar el enfoque de género de manera transversal en todos los propósitos misionales; docencia/formación, investigación, innovación tecnológica y vinculación con nuestro entorno, con el fin de impactar el quehacer de todas y todos quienes hacemos universidad.

En este contexto las políticas institucionales de la Universidad de Antofagasta, están alineadas al proceso de implementación de la ley 21.369, normativa que regula el acoso sexual, violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior, lo que permitirá establecer marcos regulatorios para garantizar ambientes libres de violencia de género, los cuales tienen por objetivo potenciar los esfuerzos institucionales para impulsar y dinamizar el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y no sólo desde la asistencia técnica.

Para llevar adelante esta misión, en la UA se creó la Unidad de Equidad e Inclusión cuya primera tarea fue realizar un diagnóstico que logró identificar que las estudiantes mujeres no sólo representan la mayor parte de la matrícula de pregrado en nuestra universidad, sino que además ingresan con mayores puntajes y obtienen mejores notas que sus compañeros durante su paso por la educación superior. Esta información, sin duda es vital para avanzar en medidas que contribuyan a cerrar las brechas detectadas.

Como dato, el último informe del Índice Global de Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial, señala que se necesitarán 132 años para cerrar la brecha global de género. En este estudio, Chile se ubica en el puesto 47 del ranking mundial de 146 países. En esta misma medición, nuestro país ocupa la décimo segunda posición en la región de América Latina y el Caribe (ALC). En los ámbitos de educación y salud, 99,4 y 97 respectivamente, Chile se encuentra cercano a cerrar la brecha, mientras que persisten los retos para lograr la paridad en términos políticos y económicos, con 36, 3 puntos de 100 en empoderamiento político y con 61,5 puntos de 100 en igualdad de oportunidades y participación económica.

Según esta información, aún queda mucho camino que recorrer, por lo que los desafíos son importantes para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas. Sin duda es un trabajo permanente que debemos asumir con responsabilidad y disposición, por ello es tan importante contar con estrategias y políticas públicas que regulan este accionar.

Asimismo, y en el contexto global, es necesario destacar la importancia que han tenido las agrupaciones feministas, que en los últimos tiempos se han organizado para visibilizar las desigualdades que históricamente las han afectado en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello, hoy nuestra invitación es a reflexionar sobre el rol de la mujer en cada espacio de desarrollo, reconociendo su invaluable aporte para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna e igualitarias.

Dr. Marcos Cikutovic

"El desafío es detectar las necesidades de la mujer en el proceso penal con un sentido de realidad"

¿Cómo ha sido para usted ejercer este rol de fiscal?

-Tras quince años en la institución, puedo decir que ha sido una instancia de desarrollo personal y profesional fundamental en mi vida. Estoy inmensamente agradecida de Dios por la oportunidad de servir con tiempo, energía y dedicación a la persecución penal, dirección de la investigación, protección de víctimas y ejercicio de la acción penal pública, asumiendo la responsabilidad que hay en cada decisión. En cada caso hay una historia que no siempre se podrá descubrir totalmente, lo que los abogados llamamos "verdad real frente a la verdad procesal", pero como persecutora y mujer, tengo especial cuidado en ser sensible a las necesidades de las víctimas en la búsqueda de esa verdad.

¿Cómo se debe implementar el enfoque de género en el sistema judicial?

-Debe implementarse reconociendo que la diversidad entre hombres y mujeres lejos de restar valor a uno u otro nos hace iguales en dignidad y derechos. Si bien actualmente existe un reconocimiento constitucional en este sentido, resulta necesario que la legislación "aterrice" más el tema, y ello se manifieste en una aplicación práctica en el proceso.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema judicial en esta materia?

-El desafío consiste en detectar las necesidades de la mujer en el proceso penal, fundamentalmente desde la posición de víctima, desde su condición con un sentido de realidad, esto es, necesidades especiales de protección, maternidad, escolaridad, violencia económica, afectación emocional, entre otras, que no siempre encuentran acogida en el sistema judicial. La aplicación de este enfoque implica un análisis que debemos realizar a diario, caso a caso, desde los diferentes frentes en que nos toca actuar como persecutores. Dicho lo anterior, ha resultado complejo en algunos casos ceñirnos a las exigencias de los tipos rectores cuando, desde el punto de vista probatorio, no ha sido posible encuadrar el caso a un tipo penal, lo que no ha impedido realizar con igual dedicación nuestra labor, ajustando los criterios a otras figuras tan graves como las inicialmente consideradas, solicitando las máximas penas que nos permite el ordenamiento.

"La perspectiva de género debe estar presente en todo el ciclo de acceso a la justicia"

¿Cómo ha sido para usted ejercer este rol de jueza?

-Ha sido gratificante y le ha dado sentido al ejercicio de mi profesión. Desafiante, porque me ha llevado a poner todas mis capacidades y esfuerzos en el intento de desempeñar mi rol con responsabilidad. Ser jueza de familia me ha permitido tener una visión amplia de nuestra sociedad, de sus conflictos y lo relevante que es la forma en que nos vinculamos. A darle importancia a la salud mental, a la educación emocional, a la certeza de que todo esfuerzo para mejorar nuestras condiciones de vida tienen que partir con el trabajo en la infancia. Ha sido aleccionador ver el rol de cuidadoras que las mujeres desempeñamos y el cómo se presume que desde niñas debemos estar orientadas hacia esa labor. Como esa socialización nos marca y determina, quitándonos libertad para autodefinirnos, para soñar nuestra vida y lo importante que es propender por la igualdad de roles desde el núcleo familiar.

¿Cómo se debe implementar el enfoque de género en la justicia?

-La perspectiva de género debe estar presente en todo el ciclo de acceso a la justicia, siendo considerada como variable relevante que la condición de mujer siempre implica una desventaja. Siempre estamos atribuyendo características, roles y capacidades a las mujeres que son parte de un prejuicio, y además se pueden sumar otros factores que tienden a profundizar la desigualdad, como la pobreza, el carácter de migrante, el no manejar el idioma español, el ser menor de edad etc. A nivel judicial, eso implica que desde el primer momento la consideración del enfoque debe existir y mantenerse al recibir la prueba, y al resolver.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema judicial en esta materia?

-Debemos superar las ideas y estereotipos que rodean a la visión que tenemos sobre las mujeres, lo que en nuestro caso se vuelve muy complejo por ser el Poder Judicial un espacio en que lo formal es preponderante, y eso impide la flexibilidad y apertura a nuevas miradas. Debemos avanzar en educación al interior de la institución y con todos los que nos involucramos en conflictos donde las mujeres estamos presentes. Aún nos queda mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado y en ese sentido la creación de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación ha sido fundamental.

"Necesitamos humanizar la justicia, lo que en nuestro caso implica identificar la fibra del proceso"

¿Cómo ha sido para usted ejercer este rol de defensora?

-Ser defensora penal pública es un gran compromiso, ya que el perfil profesional de las defensoras está construido por los estereotipos de género y las ideas profundamente arraigadas sobre quiénes son las mujeres y quiénes deberían ser, el ser madre lleva a una doble presencia en el trabajo y el hogar.

¿Cómo se debe implementar el enfoque de género en la judicial?

-Las mujeres que cometen delitos se desvían del "deber ser" femenino: la "madresposa" cariñosa, servicial y sumisa que por lo que sufren del estigma de la marginación social. La mujer normalmente representa el núcleo familiar, por lo que cuando es imputada y privada de libertad, suele quedarse sin apoyo familiar y allí la defensa juega un rol fundamental y se desarrolla un trabajo pro-activo intentando reestablecer solicitando las redes familiares y sociales.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema judicial en esta materia?

-Necesitamos permanentemente humanizar la justicia, lo que en nuestro caso implica identificar la fibra del proceso, al margen de recurrir a lo jurídico, y "colocarse en el lugar del otro". Este ejercicio forma parte de una propuesta de la criminología feminista, que plantea la importancia de observar a la mujer con cierta empatía e intentando situarse en su contexto. Las defensoras y defensores siempre están pendientes de sus usuarios. En, esta región destaca la labor de las facilitadoras interculturales, que atienden a las internas aymaras, quechuas o de otras etnias. Todas estas apreciaciones deben ser complementadas con los resultados de jurisprudencia que muestran claramente que el trabajo de la Defensoría está centrado en la acreditación de eximentes y atenuantes. Una experiencia al respecto: el TOP de Antofagasta condenó a E.M.C.H. a la pena efectiva de 7 años de presidio, en calidad de autora del delito consumado de parricidio en la comuna de Taltal, dado que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 N°4 del Código Penal, existe la eximente incompleta, y a criterio de los jueces concurren dos requisitos, los de agresión ilegítima y falta de provocación suficiente y que la teoría de defensa tiene sustento dada la dinámica familiar de violencia que sufría la imputada.