China expresó ayer una profunda "insatisfacción y protesta" al considerar que Estados Unidos "sobrerreaccionó" por usar la fuerza para derribar el "globo espía" que sobrevolaba su espacio aéreo.

Pekín volvió a defender que la aeronave en cuestión era de "carácter civil" y resaltó que "su entrada en EE.UU. por causas de fuerza mayor fue completamente accidental", a través de un comunicado de prensa publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

"La parte china claramente solicita a EE.UU. que maneje la situación adecuadamente de manera tranquila, profesional y moderada", añadió.

Asimismo, China señaló que "salvaguardarán de manera resuelta" los derechos de las empresas relacionadas con la aeronave y "se reservará el derecho de dar las respuestas necesarias".

Reacción

La reacción se produce luego que EE.UU. derribara el sábado, por orden directa del presidente Joe Biden, el globo chino que llevaba varios días sobre cielo estadounidense.

Los restos de la aeronave y están siendo recuperados tras caer al océano con el objeto de conocer detalles de la misión con la que Pekín "buscaba monitorear sitios militares sensibles", según el Departamento de Defensa de EE.UU.

La ruta del globo sobre "muchos sitios potencialmente sensibles" es algo que "contradice" según EE.UU. la explicación del Gobierno chino, que si bien admitió este viernes que el globo le pertenecía, aseguró que "es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos".

El descubrimiento de este "globo espía" en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático este fin de semana.

A su vez, EE. UU. anunció el mismo viernes la detección de un segundo "globo espía" de China sobrevolando Latinoamérica, pero sobre el cual el gigante asiático aún no se ha pronunciado .

El Gobierno de Perú declaró ayer estado de emergencia para los departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días en el sur del país, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna, para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.

La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa.

Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son 11 departamentos que permanecen en estado de emergencia.

Decreto

El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".

Además, la norma precisa que la Policía Nacional mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las FFAA".

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".

Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia

Dos meses de protestas

Las protestas antigubernamentales de Perú se acercan a los dos meses con un saldo de 69 muertes y sin una salida en el horizonte, luego de que el Congreso fracasara esta semana en cuatro intentos de adelantar las elecciones, lo que, salvo por sorpresa, entierra la posibilidad de que haya comicios en 2023.

Las manifestaciones comenzaron el 7 de diciembre, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

La disolución del Legislativo sería, por ahora, inconstitucional, y la asamblea constituyente requeriría la aprobación en el Parlamento de un referendo que, con el ya conocido rechazo de los grupos conservadores, se vislumbra muy poco probable.

Así, las eventuales salidas a la grave crisis política y social que vive el país pasarían por la dimisión de la jefa de Estado, su destitución por el Congreso o un adelanto electoral, demandas que, hasta el momento, parecen inalcanzables.

Hace justo una semana, cuando el Congreso ya había rechazado un primer proyecto de adelanto electoral a 2023, Boluarte emplazó al hemiciclo a aprobar una segunda iniciativa legislativa que buscaba convocar comicios este año.

Ese segundo dictamen, planteado por el diputado fujimorista Hernando Guerra García, también fracasó.

Tampoco caló la tercera propuesta, que además de un adelanto electoral a julio de este año incluía una consulta ciudadana sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.

La última esperanza recaía en el dictamen presentado por el Gobierno de Boluarte para adelantar los comicios generales a octubre, pero la Comisión de Constitución lo archivó y optó por postergar el debate hasta el próximo periodo anual de sesiones, que empieza en julio.

Por cuestión de plazos, esto hace prácticamente imposible que los comicios se realicen en lo que resta del año.