y sobre eso todas las otras habilidades de orden superior, investigar, argumentar, comunicar... Todo eso es posible de hacer en educación, nunca puede decir que está todo perdido. Al revés, en educación uno se plantea grandes desafíos, diseña buenas experiencias de aprendizaje y efectivamente puede ser recuperado. Yo tengo total y absoluta esperanza en eso, especialmente porque el profesorado chileno es muy comprometido y estuvo muy disponible para incluso atender los requerimientos del sistema educativo a distancia durante la pandemia.

-¿Ya están siendo reclutados los 20 mil tutores de lectoescritura? ¿Cómo van a trabajar?

-Ya tuvimos una primera experiencia el 2022 y trabajamos en coordinación con Confauce, que es la agrupación de las decanas y decanos de las 26 facultades de educación que tiene hoy día nuestro país. Logramos reclutar cinco mil personas. Lo que vamos a hacer en este minuto es lo mismo que hicimos el año pasado promoviendo una acción de voluntariado con articulación, especialmente de los estudiantes de Pedagogía que estén en sus procesos de práctica profesional ya más terminal. La experiencia que tuvimos fue bastante positiva. Eso funcionó muy bien porque las universidades en general tienen vinculación hace muchos años con los sostenedores, porque son centros de práctica también. Por tanto, ya existe cierta confianza. Esa es la primera. La segunda que tenemos también es a través de iniciativas de Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor) de profesores y profesoras jubiladas que también se van a sumar a este trabajo.

-Y los gestores, ¿qué tipo de preparación van a tener? Porque la deserción tiene factores sociales, económicos, territoriales.

-Los gestores territoriales son 1.300, van a estar instalados en los municipios, luego también en los departamentos provinciales y en los 11 servicios locales de educación pública que ya existen. La preparación de ellos va a estar orientada desde el Mineduc, donde hay un equipo que trabaja en la reactivación educativa. Aparte de ese equipo van a tener un conjunto de instrumentos, protocolos que les van a permitir a esos gestores primero hacer la vinculación con el intersector, de tal manera de extender o comprender que hay muchas dificultades que están asociadas a cuestiones de carácter social que no necesariamente están vinculadas a lo educativo. Hay razones sociales para que un estudiante se desvincule. Seguramente vamos a tener trabajadores sociales, sicólogas, sicólogas. El equipo de gestores territoriales va a estar asociado a algunos indicadores que ya hemos levantado, como por ejemplo los índices de vulnerabilidad, los mismos datos de desvinculación del 2022, más otros datos asociados a antecedentes sociales que podamos nosotros recopilar a través del Estado y la coordinación con el intersector para luego ir a los territorios y vincularse con organizaciones que están a la base de la sociedad, como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, en donde uno pueda recoger la información de estudiantes que están desvinculados.

-Un desafío en conseguir que los estudiantes regresen al colegio, pero otro, tal vez más grande, es lograr reencantarlos a ellos y sus familias para que se mantengan. ¿Cómo se hará eso?

-Yo ahí quiero contarle unos datos. De los 50.529 estudiantes fíjese que el 26 por ciento son estudiantes que de acuerdo a los registros del Mineduc se encontraban inscritos o inscritas para dar exámenes libres. Esto quiere decir que no es una desvinculación total. Lo segundo es que no solo vamos a hacer estas acciones más focalizadas, sino que también el ministerio va a seguir orientando de manera mucho más directa, fortalecida, a las acciones que el propio establecimiento tiene que desarrollar. La dupla sicosocial que existe al interior de muchos establecimientos del país, los equipos directivos, los orientadores y orientadoras, los propios profesores jefes, tienen que tener o trazar un plan que les permita a ellos en primer lugar recuperar estos estudiantes y también mejorar la asistencia. Fijarse tareas, un plan con acciones muy concretas e indicadores para en el fondo preguntarnos qué va a hacer la escuela en primer lugar, no solo el Estado, qué va a hacer la escuela para ir en búsqueda de esos estudiantes que no están asistiendo o también se han desvinculado. Eso es lo primero. Nosotros ya lo hicimos. estamos entregando un informe cada dos meses que un reporte de asistencia y e vinculación. Luego están estas acciones focalizadas y, en tercer lugar, algo que esperaría que fuera también un resultado de este Consejo, y es que hubiese una especie de decisión en conjunto, como desafío país, para tratar de impulsar este plan. Este es un desafío país y no se resuelve solo porque el Mineduc impulsa una medida para que los estudiantes vuelvan.

-Usted muy tempranamente cuando asumió reconoció el error de haber mantenido cerradas las escuelas por tanto tiempo. Pasados ya casi 11 meses de su gestión, ¿ha aumentado en su opinión el peso de esa mala decisión?

-Yo no estuve en esa decisión, estaba en otra cosa, pero creo que nosotros tuvimos lamentablemente muy poco espacio para el diálogo y ahí hay responsabilidades compartidas. Yo creo que deberíamos, sobre todo pienso desde el rol que le compete a quien lidera la cartera o a quien está a cargo del Estado, primero entregar muchas más certezas. Esto es complejo, pero hasta el día de hoy hay gente que nos dice que si la escuela no tiene una ventilación no sé qué o una serie de medidas, los hijos no van a ir. La comunicación de riesgo fue en primer lugar muy compleja. Cuando uno pregunta a los apoderados por qué no asisten, especialmente de los niños más pequeños, dicen "no, es que está más seguro en la casa". Imagínese que con lo que ha corrido del 22 y ya estamos en el 23, todavía tenemos un desafío en la comunicación de riesgo. Yo creo que faltó diálogo, faltó poder comunicar un poco más y, lo otro, es haber preparado mucho mejor las escuelas. Yo, que asumí el 11 de marzo, me di cuenta de que efectivamente no hubo una preparación de los establecimientos, liderados por el Mineduc. Imagínense, con niños que perdieron familiares, familias que perdieron el empleo, que tuvieron que trasladarse, no había nada. Se volvió un día de marzo como si nos hubiésemos despedido el viernes anterior. Esa falta de preparación golpeó, porque podríamos haber hecho un ingreso gradual en un mes, solo marzo, haber ingresado por niveles, haber ingresado no todo el curso, de manera gradual, ir haciendo conversaciones, mucho trabajo de carácter socioemocional. Cuando volvieron a encontrarse en la presencialidad, como muchos adultos, se sintieron sobrepasados, no tuvieron cómo resolver sus conflictos, las peleas, el maltrato que era habitual se pasó a la presencialidad y, además, con el aumento de los problemas de salud mental de la sociedad en su conjunto expresados en la violencia.

Inasistencia grave por región

Balance Programa Nacional de Tutorías

Denuncias maltrato entre estudiantes por región

El tenor y las propuestas del informe gubernamental encargado a tres universidades estatales sobre los medios de comunicación del país, confirman las objeciones que expresó la Asociación Nacional de la Prensa al decidir no concurrir a las convocatorias del Ministerio Secretaría General de Gobierno para involucrarse en su iniciativa.

Desde el momento en que el Presidente Gabriel Boric, en su Cuenta Pública del 1 de junio del año pasado, anunció la elaboración de este documento, hicimos ver nuestra inquietud en cuanto a que una iniciativa de esas características se estructurara desde las entidades gubernamentales y estatales -uno de los principales sujetos de fiscalización de los medios- y no por la sociedad civil. Subrayamos entonces que ella trasuntaba un evidente ánimo de promover nuevas regulaciones para la actividad de los medios y la libertad de expresión. De ahí que desistiéramos concurrir a las entrevistas semiestructuradas que -para la concreción de este proyecto- se desarrollaron en dependencias del Ejecutivo, sobre la base de un temario fijado por la autoridad y coordinado por instituciones académicas estatales designadas por el mismo gobierno.

El ajuste del relato sobre la génesis de esta iniciativa -hecho en la introducción del texto titulado "Más amplitud, más voces, más democracia"-, intenta atenuar la trazabilidad política del documento, relevando el rol de las universidades estatales involucradas.

Respecto de los contenidos del informe, llama la atención cómo este, focalizado como está en las dimensiones del sistema de medios como una estructura de poder cuya redistribución se pretendería, ignora en cambio su actual realidad. Ella se caracteriza por la existencia de una inmensa variedad de medios, muchos de ellos digitales, los cuales ya no se conectan con el público a través de las plataformas clásicas de hace 40 años (radio y televisión concesionada, y prensa), sino en plataformas multimediales que han enriquecido el ecosistema mediática. Así, las barreras de entrada son hoy mínimas, gracias a los menores costos que ofrecen las nuevas tecnologías. Sorprendentemente, tratándose de un documento que pide "más voces, más democracia", no da cuenta, en cambio, de las amenazas que representa el monopolio actual de las grandes plataformas vinculadas a gigantes tecnológicos, cuestión que es objeto de amplio debate mundial en estos días y que concentra la preocupación de las principales democracias.

Así, las propuestas del informe avanzan conforme ese mismo superado diagnóstico "analógico", buscando segmentar el espectro que utilizan la radio y la televisión tradicionales, debilitar la llegada de la publicidad estatal a las audiencias, crear medios públicos que tendrán un impacto monopólico en regiones, haciendo peligrar a los medios locales, y hasta regular por vía legal la forma en que se debería informar, desdibujando la libertad editorial, una de las bases de cualquier democracia moderna.

Algunas de las propuestas contenidas ya habían sido presentadas por ciertos sectores en el reciente proceso constituyente, pero fueron rechazadas en el pleno de la propia Convención, precisamente por su negativo impacto sobre las libertades de expresión y de prensa. En efecto, su implementación entregaría al Estado un mayor control en la regulación de los medios y daría pie a tentaciones autoritarias que encaminen a la desaparición de medios y a fortalecer el control de los gobiernos sobre la "información", si es que los contenidos generados en esas condiciones pudieren ser llamados así.

Lamentablemente, estos peligros no logran ser conjurados por las acertadas referencias del informe en materias como la necesidad de un mayor resguardo de la seguridad de los periodistas en el ejercicio de sus labores -situación en la que siempre le hemos planteado al gobierno nuestra preocupación y e irrestricta colaboración-, el aumento de los incentivos económicos que establece la Ley de Prensa y el fortalecimiento de la educación escolar sobre medios y uso de redes sociales. Por el contrario, ellas se acompañan de numerosas propuestas de nuevas regulaciones. Estas incluyen el establecer un inédito código de ética periodística por vía legal, condicionar las concesiones comunitarias de radio y televisión según el aporte social que el mismo poder público estime discrecionalmente que requiere la comunidad, o implementar administrativamente orientaciones de diversidad cultural a todos los medios, supeditando incluso a su cumplimiento la asignación de una concesión. Lo anterior, además de la ya mencionada la segmentación del avisaje estatal, que, en lugar de mirar a la efectividad del mensaje, se convertiría en un mecanismo de "premio" y redistribución financiera.

En definitiva, el resultado de esta iniciativa, más que fortalecer la libertad editorial y profundizar la libertad de prensa en el país, y con ello la democracia, parece destinado a servir como marco teórico para la definición de políticas públicas y propuestas legales que introduzcan nuevas regulaciones en el funcionamiento de los medios, debilitando el papel que estos juegan como espacio de debate público y de fiscalización de las autoridades.