Redacción

En sus primeras horas de trabajo, el recién asumido Fiscal Nacional, Ángel Valencia, no solo se reunió con el Presidente Gabriel Boric, sino que tuvo que seguir respondiendo por una supuesta relación que mantenía con el exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de Santiago, Felipe Guevara.

Según reveló ayer el portal Ciper Chile en un artículo, el abogado emitió 57 boletas de honorarios por trabajos realizados en la citada comuna cuando su jefe era el político de Renovación Nacional.

La polémica está en que Guevara ha sido apuntado por supuestamente utilizar un mecanismo para desviar dineros públicos, caso que está investigando el ente persecutor.

Tal como había dicho ante el Congreso cuando fue ratificado, Valencia insistió en que "yo quisiera reiterar nuevamente, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vinculo profesional con él y me remito exclusivamente a lo que ya manifesté al Senado".

"Es un hecho de público conocimiento además que hasta hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea", afirmó.

Horas más tarde, en un video, el fiscal nacional volvió a hablar del tema y aseguró que "mi vínculo siempre ha sido con la institución".

"Sobre el particular quisiera insistir que yo no conozco a Felipe Guevara, incluso durante el periodo en que él fue alcalde yo nunca tuve contacto con él. No conocerlo significa que no tuve ninguna reunión con él ni algún encuentro en actividades sociales. Mi vínculo era principalmente con los abogados de la división jurídica", sentenció.

Guevara tampoco

En la misma línea se pronunció el aludido exintendente de Santiago, quien sostuvo a TVN que "no tengo ninguna relación, no lo conozco, me encantaría conocerlo, parece ser una persona muy preparada, pero no tengo ninguna relación personal y efectivamente no conozco al señor Valencia".

Guevara explicó que hay "1.500, 2.000 juicios al año, por patente, por obras municipales, por personas que pierden una licitación y reclama el tribunal de compras públicas y es normal, la gente tiene derecho a reclamar. Y en ese reclamo a la municipalidad la representan normalmente distintos abogados, internos o externos de la municipalidad. Para eso hay un director jurídico, que es como un fiscal interno, que es el que se entiende con estos abogados".

Además, fue enfático en que "nunca he estado personalmente con él".

La Asociación de Isapres le hizo un reclamo al Gobierno a través de un comunicado, afirmando que "ha pasado más de un mes desde el dictamen de la Corte Suprema, que instruyó a la Superintendencia de Salud definir la metodología de ajuste de los planes de isapre a la tabla de factores vigente".

"La decisión que adopte la Superintendencia de Salud determinará si continúan o no las isapres y, con esto, las coberturas que han elegido, de acuerdo con sus necesidades, más de tres millones de afiliados", señaló.

Ante este emplazamiento, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo en un conversatorio denominado "Crisis de las Isapres" que "en ningún caso el silencio significa que estemos dejando caer las isapres, si no que es prudencia".

"No falta celeridad por desidia sino que porque debemos actuar con prudencia y racionalidad", insistió.

También señaló que "no estamos por inhabilitar operativamente a las isapres, bajo ningún punto de vista es algo que nosotros quisiéramos" y sostuvo que "tengo plena consciencia de la situación, estamos moderando la mejor forma de la aplicación"

Aunque no dio una fecha concreta, aseguró que la respuesta de la Superintendencia de Salud "será antes de junio", antes de que se cumplan los seis meses de plazo que dio la Corte Suprema.

Por otro lado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, también abordó el reclamo y remarcó que "estamos trabajando como ministerio, viendo cuáles pueden ser las consecuencias del fallo; el superintendente de Salud está trabajando en los mecanismos a través de los cuales se va a dar cumplimiento a esto y para eso tiene un plazo definido por la Corte Suprema".

"Vamos a tratar el tema de la crisis de las isapres en cuerdas separadas con el tema de reformas; nuestro interés como Gobierno es dar seguridad a todas las personas en cuanto a su sistema de salud y efectivamente, garantizar los derechos tanto de afiliados a Fonasa como de isapres", afirmó.

La Cancillería emitió un comunicado con recomendaciones para los chilenos que viajen a Perú en el contexto de la crisis social que vive el país vecino.

Hasta anoche se registraban 49 manifestantes fallecidos por enfrentamientos con fuerzas de orden, entre ellos un policía, luego de que Dina Boluarte asumiera la presidencia tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo en diciembre pasado.

Los hechos más violentos de las últimas horas fueron los ataques a una mina en Cuzco, a tres aeropuertos, a peajes, incluido el de Tacna, y cortes de al menos 16 carreteras en todo el país.

En el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que "frente a los acontecimientos de los últimos días que afectan a distintas regiones de la República del Perú, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia dicho país, en lo posible, posponer su viaje hasta que la situación se normalice".

"En caso que el motivo del viaje sea impostergable, se recomienda tomar todos los resguardos necesarios, estar atentos a las disposiciones locales de seguridad y desplazamiento a la ciudad que se visite", señaló la cartera.

Por último, remarcaron que "se reitera que los Consulados Generales de Chile en Lima y en Tacna se mantienen monitoreando la situación y actuando coordinadamente para dar respuesta a las consultas que pudieran tener nuestros connacionales en el territorio peruano".

Así, entregaron los datos de contactos para ambas oficinas: En la capital es el +51 1 7102200 y en la ciudad fronteriza con nuestro país es el +51 52 423063.

Los manifestantes piden la dimisión de la presidenta Boluarte, la liberación de Castillo, la convocatoria a elecciones y la disolución del Congreso.

Sin embargo, anoche el primer ministro peruano descartó la renuncia de la primera mandataria, mientras la CIDH mantiene una misión observadora desplegada en Perú.

El Ministerio de Salud anunció ayer que comenzará la segunda etapa en la campaña de vacunación bivalente para seguir combatiendo la pandemia de coronavirus y en especial la variante ómicron.

Este nuevo ciclo empezará el lunes 16 de enero y considera otras medidas como recursos adicionales para habilitar 950 puntos de vacunación a lo largo del país.

Los grupos prioritarios para la segunda etapa son las personas mayores de 50 años, pero también se agregaron nuevos grupos de riesgo. Entre estos se encuentran las personas con discapacidad severa y profunda, cuidadores de pacientes con dependencia, población en centros cerrados del Sename, funcionarios en funciones críticas en el Estado y personal esencial para atención directa a la ciudadanía y funciones esenciales en empresas de servicios básicos.

Por otro lado, se incluyeron a las Fuerzas de Orden y de Seguridad, Fuerzas Armadas y de Senapred, Conaf y Bomberos, educadores de párvulos y personas que ejercen funciones en sala cunas y jardines infantiles, así como profesores y directivos de educación preescolar, básica y media. También entra personal de Gendarmería, personas privadas de libertad y personal de empresas de transporte terrestre, aéreo o marítimo.