La expansión de la ola delictual que enfrenta el país, con bandas que ejercen a diario mayor violencia en sus ataques, ha forzado al Gobierno a implementar una estrategia reconocida como la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO).

El plan lo dio a conocer el martes pasado el presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. La política nacional contra el crimen organizado cuenta con la participación de 17 reparticiones públicas relacionadas a la persecución criminal, como el caso de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Justicia y DD.HH.; Carabineros de Chile; la Policía de Investigaciones de Chile; el Estado Mayor Conjunto y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), entre otros.

Entre los desafíos de esta entidad surge combatir actividades delictuales como el tráfico de armas, narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, el contrabando, el cibercrimen y delitos asociados a la extorsión.

Para el exintendente de la Región de Antofagasta Marco Antonio Díaz (RN), la propuesta del Gobierno debe valorarse. "Es un avance importante. Si bien es perfectible, requiere generar un apoyo transversal y aún quedan asuntos por abordar en lo relativo a su implementación. El haber colocado sentido de urgencia y recursos a una temática que golpea al país y particularmente a las regiones del norte y su gente, debe ser destacado sin mezquindades".

"Colocar el énfasis en el debilitamiento del poder económico de estas bandas u organizaciones va en la senda correcta, ataca un eslabón clave, y es muy atingente al mapa del delito que opera en nuestra región. Lo vimos muy patente en los robos de cobre a FCAB, cables e irrupciones empresas mineras y de generación eléctrica, en donde se deja ver el alto poder de organización logística y recursos con los que operan estas organizaciones delictuales", añade.

El exintendente Jorge Molina (ex PPD, hoy independiente) coincide en la valoración de esta estrategia para enfrentar el avance de las organizaciones criminales. Aunque sostiene que las autoridades locales deben adecuar este plan a la realidad de cada zona del país. "Porque cada región tiene particularidades de todo tipo, como también en el tema de enfrentar la criminalidad. Acá hay un trabajo que si bien legalmente está radicado en el Ministerio del Interior y en consecuencia en la Delegación Presidencial Regional, sobre lo cual nunca estuve de acuerdo en que existieran dos autoridades en el mismo territorio, el trabajo conjunto de ambas es fundamental para tener éxito en toda política pública y en especial en esta dirigida a combatir la criminalidad", afirma.

Desventaja en inversión

Según el documento de la presentación de la PNCO, uno de los indicadores más alarmantes de la expansión del crimen organizado en nuestro país consiste en el incremento en la tasa de homicidios, principalmente los cometidos con armas de fuego. En los últimos cinco años han aumentado un 40% y el promedio mensual actual en Chile se sitúa en 74 casos, lo que evidencia una situación crítica a nivel país, detalla el informe. Un incremento en este tipo de delitos que ha ido de la mano del aumento de imputados desconocidos. Como reflejo de este panorama, si entre enero y septiembre de este año los homicidios ingresados por imputados desconocidos en la Región de Antofagasta ascendían a 30 casos, en el mismo período de 2012 contabilizaban siete casos.

En opinión del exintendente Valentín Volta (ex DC, hoy independiente) el plan nacional para enfrentar el crimen organizado surge como una estrategia tardía, pero aún así oportuna. "¿Por qué tardía? Porque por lo menos en la última década en la Región de Antofagasta, el perfil criminológico ha cambiado significativamente. Los crímenes que se cometen hoy distan muchos de los crímenes tradicionales en nuestro país, como los desmembramientos de personas, la quema de cadáveres en casos de asesinatos, la extorsión, los casos de motochorros, por cierto también los portonazos, que han representado crímenes de alta violencia y de alto impacto público", detalla Volta, quien agrega que parte importante del crimen organizado surge debido a la expansión del narcotráfico.

Volta, hoy vicerrector de la Universidad del Alba de Antofagasta, también apunta a la incidencia de la migración irregular en el incremento de determinados delitos en el país. Además, plantea la disparidad de recursos para combatir al crimen organizado. "En lo que significa en sí misma la propuesta, yo valoro fundamentalmente dos cosas. Primero que exista una política y una intencionalidad asociada a esa política y recursos establecidos. Si ustedes me preguntan a mí, en materia de recursos públicos, me parece que $39 mil millones (inversión para plan nacional) no son suficientes. Por cierto, las bandas de narcotraficantes se manejan en miles de millones de dólares", explica.

Norma microtráfico

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Región de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dimensiona de manera favorable el enfoque territorial del plan nacional contra el crimen organizado. "Esperamos que esto se traduzca en el fortalecimiento tanto de las policías como del órgano a cargo de las investigaciones, esto es, la Fiscalía. Estimamos que esta política debe ser comunicada a la ciudadanía con claridad, sobre todo en él sentido que es una política en la que se podrían observar los resultados en muchos de sus ejes en el mediano plazo. Esto significa que la ciudadanía debe saber que no solo con el anuncio de esta política se solucionarán los problemas que afectan a nuestro país en esta materia de forma inmediata. Asimismo, debe tenerse presente que los fenómenos criminales y en particular el crimen organizado es esencialmente dinámico y por lo tanto los mercados criminales y las formas de criminalidad pueden variar más rápido que nuestra política y nuestra legislación. Por lo mismo debe estar en permanente evaluación por los actores del sistema. Algunas materias a implantar requieren modificaciones legislativas que por su naturaleza no son de rápido despacho".

"Se echa de menos la mención, entre las modificaciones legislativas, al proyecto de ley que modifica el Art. 4, limitando la aplicación del microtráfico, que es fecunda fuente de organizaciones criminales vinculadas no solo al tráfico de drogas, sino también al tráfico de armas, entre otros delitos. Estimamos necesario también abordar el escenario en el cual los resultados de esta política se traduzcan en más investigaciones exitosas. Por lo tanto, deben necesariamente abordarse previamente las consecuencias en términos de los recursos de todos los actores del sistemas, fiscales, jueces, defensores, policías y otros que deberán abordar la realización de extensos y complejos juicios orales, con las consiguientes medidas de protección efectiva no solo para víctimas y testigos de delitos de esta índole, sino también para los propios actores del sistema, de forma que jamás se sientan inhibidos o amenazados en el ejercicio de sus funciones en esta sensible materia", añade Castro Bekios.