Convencionales explican los principales alcances de normas aprobadas en el pleno
NUEVA CONSTITUCIÓN. Con los constituyentes votando desde hace 15 días, el borrador de la propuesta de Carta Magna ya contiene artículos que tendrían un efecto directo en las regiones.
Ya van poco más de 15 días desde que comenzó a sesionar el pleno de la Convención para votar, en general y en particular, las normas construidas por las distintas comisiones del órgano. De sortear el quórum de dos tercios que se requiere, estas iniciativas irán sumándose al borrador de propuesta de nueva Constitución.
Durante este periodo, los convencionales han votado los informes emanados por las comisiones de Estado, Medio Ambiente, Sistemas de Justicia y Sistemas de Conocimiento. Muchos de los artículos tienen directa influencia en las características de las regiones, comunas y pueblos originarios.
Autonomía territorial
De los primeros artículos votados, el primero en ser aprobado en particular fue el que estipula que "Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado".
Asimismo, el artículo 5 establece: "Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley".
Y agrega: "En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial".
Para Cristina Dorador (MSC) la aprobación de estos artículos "es una muy buena noticia", debido a que, explica, "implica que las regiones tendrán más poder para tomar sus propias decisiones a través de una Asamblea Regional. Además, se ha aprobado que las regiones puedan crear empresas públicas regionales, lo cual es una gran oportunidad para pensar el desarrollo de forma descentralizada, con énfasis en lo local, avanzando en innovación y también creando empresas de base científica tecnológica, las cuales son escasas en regiones distintas a la Metropolitana".
La norma sin embargo es controvertida por el convencional Pablo Toloza (UDI). "No me parece bien, desde el punto de vista que está desmembrando el territorio. Esto nace de una idea de imitar aquellas autonomías que existen en España e Italia. El problema es que allá no hay pueblos originarios".
Añade que, en el caso de la Región de Antofagasta, bajo esta norma terminaría dividida en varias partes, "porque va a estar la Región de Antofagasta; la autonomía indígena changa -que es la costa, aunque no está determinado qué parte, después está la autonomía indígena lickan antay, supongo que debe ser todo el sector Atacama La Grande. Luego está la autonomía indígena quechua, que es referente al espacio que hay en Ollagüe hacia abajo; y también están los aymaras. Entonces, ¿qué territorio va a quedar para la región? No sé".
En tanto, Hernán Velásquez (FRVS) plantea que, para evitar generar desigualdades entre regiones -dado a la autonomía financiera que señala el artículo-, "hay que potenciar las capacidades productivas de cada región. Como ejemplo, si el sur quiere declararse eminentemente turística, y necesitan recursos, harán alianzas con regiones como la nuestra, mineras. Tenemos que buscar cómo potenciamos las vocaciones que tiene cada región".
Pluralismo jurídico
Otra norma que ya está en el borrador de la propuesta de nueva Carta Magna es el que establece "pluralismo jurídico".
En detalle, el artículo 2 escrito por la comisión de Sistemas de Justicia manifiesta: "El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales".
Al respecto, Toloza dice que "le falta todo el contenido que viene en la segunda etapa. Si el contenido es el que señala el convencional Luis Jiménez (pueblo Aymara), me parece pésimo, porque es extensivo a distintas materias, y tendría que haber una sala especial de la Corte Suprema para estas materias. Distinta es la posición de otros convencionales, específicamente de Carol Bown (UDI), quien señala que tiene que ser solo para materias vecinales entre pueblos originarios, porque el convencional Jiménez señala que también tiene que ser entre los pueblos originarios con el resto de las personas".
Velásquez, sin embargo, comenta que "Es un enorme avance", y argumenta que el actual sistema de Justicia no está preparado para "visiones milenarias" de los pueblos originarios. "Por ejemplo, para entender, (el sistema judicial) no está preparado para entender por qué se le da un carácter sagrado al agua".
Consejo de alcaldes
La propuesta de Constitución de la Convención incluye también un artículo que crea un consejo de alcaldes. De acuerdo con el texto, se trata de "un órgano de carácter consultivo que estará integrado por los alcaldes y alcaldesas de todas las comunas de la región autónoma y de las ciudades respectivas, el cual será coordinado por quien determinen sus integrantes por mayoría absoluta".
Se detalla también que "el Consejo deberá sesionar y abordar las problemáticas de la región autónoma, promover una coordinación efectiva entre los distintos órganos con presencia regional y fomentar una cooperación eficaz entre los gobiernos locales en la forma que determine la ley".
"Viene, de alguna manera, a compensar el enorme poder que van a tener los gobiernos regionales", menciona el constituyente Velásquez. Y agrega: "Las competencias que pueda adquirir el gobernador, debe tener una zona de equilibrio", y que los alcaldes van a mantener el equilibrio sobre todo en temas de presupuestos, para "no profundizar esta forma que se da de centralismo regional".
Toloza, en tanto, recalca: "Es, a la larga, una iniciativa o instituciones que, en realidad, son más una imagen de descentralización que una función en específica".
Crisis climática
Durante esta semana, el pleno rechazó 34 de las 40 normas levantadas por la comisión de Medio Ambiente. Solo 6 artículos pasaron la votación en general.
Sin embargo, para las votaciones en particular desarrolladas el viernes, solo el inciso segundo logró los dos tercios, que señala que "El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza".
Uno de los artículos rechazados fue el que estipulaba que "el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana".
Como sea, Cristina Dorador sostiene que "nuestra región tiene grandes desafíos en temas de adaptabilidad al cambio climático, por eso es crucial que las decisiones sean basadas en evidencia y que se fomente la investigación local y regional".
"(El Estado Regional) nace de una idea de imitar aquellas autonomías que existen en España e Italia. El problema es que allá no hay pueblos originarios".
Pablo Toloza, Constituyente (UDI).
"Como ejemplo, si el sur quiere declararse eminentemente turística, y necesitan recursos, harán alianzas con regiones como la nuestra".
Hernán Velásquez Constituyente (FVRS).
"Se ha aprobado que las regiones puedan crear empresas públicas regionales, lo cual es una gran oportunidad para pensar el desarrollo de forma descentralizada".
Cristina Dorador, Constituyente (MSC).
2/3 del pleno necesita un artículo, tanto en general como en particular, para ser aprobada.