Denuncian presuntas irregularidades en programa de apoyo a pequeña minería
CORE. La consejera Andrea Merino reveló la acusación de dos extrabajadores que formaron parte de esta iniciativa, y que apuntan a mal uso de inmuebles y vehículos, entre otros aspectos.
En el Consejo Regional (Core) de Antofagasta casi el cierre de la sesión del viernes pasado contó con una denuncia que dio a conocer la consejera regional Andrea Merino (PS) sobre eventuales irregularidades y falta de probidad en la implementación del "Programa para el Fomento y Fortalecimiento de la Pequeña Minería".
La iniciativa forma parte de los proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Regional (Fndr) la que fue ejecutada por la secretaria regional de Minería. El objetivo del programa consistía en impulsar la pequeña minería, incentivando la incorporación de nuevos productores y la explotación de nuevos yacimientos. El Fondo de Innovación y Desarrollo Tecnológico que contempla el programa considera un presupuesto total de $250 millones en 2021.
Acuerdo core
Según señaló Merino en la sesión del Core, con ocasión del despido de dos funcionarios que formaban parte del programa se originó una denuncia por un conjunto de hechos que podrían constituir irregularidades en el uso de los recursos. Los antecedentes del caso los denunciantes fueron enviaron por correo electrónico a la totalidad de los miembros del Core, como a otras autoridades regionales.
Entre los aspectos denunciados se incluyen uso de inmuebles, bienes y también la relación contractual con trabajadores del programa. "De acuerdo a la denuncia, en abril del año 2021 se habría arrendado un inmueble ubicado en Granaderos 484 sector Playa Blanca de Antofagasta, con un canon mensual de $3 millones con el objeto de usarlo como oficinas para los funcionarios del programa. A la fecha se usa sólo como bodega y estacionamiento, manteniendo a los funcionarios en condición de hacinados en las dependencias de la seremia", dice parte de la denuncia leída por Merino en la sesión pasada del Core.
"Se arrendaron dos camionetas con capacidad de carga de hasta tres mil kilos para traslado de personal, equipamiento e insumos a faenas mineras, con el fin de ejecutar trabajos de sondajes. Se solicita revisar las bitácoras, dado que la denuncia indica el uso particular por parte del seremi (de Minería) y del ingeniero de minas; siendo usadas para traslados a sus domicilios y la permanencia de estos vehículos en recintos particulares", agrega el documento.
Merino afirmó luego a El Mercurio de Antofagasta que ante las acusaciones el Ministerio de Minería debería responder sobre estas acusaciones. La consejera regional agregó que en el caso de comprobarse estas irregularidades deberían restituirse los recursos y aplicarse las sanciones respectivas.
"Si fuera cierto sería un problema global, porque hubo abuso en varias aristas: en el tema del arriendo, de los vehículos, pero lo que me preocupa más es el tema de los trabajadores debido a que se pasan a llevar sus derechos (…) Se contrató gente, pero la idea es que esta gente sea idónea", sostiene.
"Debido al resultado de este tipo de cosas que puede parecer algo administrativo o algo puntual la gente sufre, porque no les llega la ayuda que el Estado proporciona", agrega la consejera regional del PS. Tras la exposición del caso, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz (Ind), sostuvo que los antecedentes, que también había recibido, fueron derivados a la Contraloría Regional.
Sin respuesta
Los antecedentes generales del concurso para el fomento a la pequeña minería permitían a los beneficiarios postular a recursos hasta por una suma única y total de $6 millones. La iniciativa considera un beneficio mínimo de 25 proyectos individuales y un mínimo de 4 proyectos asociativos.
El consejero regional Dagoberto Tillería (UDI), calificó como graves las acusaciones, aunque sostuvo que no resulta serio emitir una opinión mientras la denuncia no avance por los caminos formales. "Para que la denuncia sea sería tiene que ser a través de las instancias correspondientes", dijo. A su vez, la consejera regional Katherine San Martín (RN) sostuvo que el CORE votó de manera unánime con la finalidad de solicitar pronunciamiento de las direcciones involucradas.
La denuncia expuesta por la consejera Merino también detalla eventuales labores parciales de algunos profesionales contratados en el programa, debido a que además cumplen la labor de trabajadores de SQM.
Según comentó el seremi de Minería, Alex Acuña, las denuncias las presentaron exprestadores de servicios, una vez que se les informa que no continúan en sus labores en 2022. "Este es un proceso que se encuentra en investigación por parte de Contraloría y que debe continuar su curso natural. De igual manera estamos a disposición de los consejeros regionales, si ellos requieren visitar la instalación del programa Fndr para poder verificar en terreno, el trabajo que se realiza en beneficio para la pequeña minería", explicó.
Según los denunciantes, las eventuales irregularidades cometidas en el programa de fomento a la pequeña minería también se expusieron a autoridades del Ministerio de Minería, aunque sin respuestas.
"Si fuera cierto sería un problema global, porque hubo abuso en varias aristas: en el tema del arriendo, de los vehículos, pero lo que me preocupa más es el tema de los trabajadores debido a que se pasan a llevar sus derechos".
Andrea Merino, Consejera Regional