Justicia mantiene el suspenso en desafuero del senador Ossandón
PROCESO. Corte de Apelaciones de San Miguel dejó "en estudio" la resolución.
El futuro judicial del senador Manuel José Ossandón (RN) seguirá en suspenso, al menos por unos días más, ya que la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó "en estudio" la resolución sobre la solicitud presentada por la Fiscalía Oriente.
El Ministerio Público formalizó al parlamentario en agosto de 2020 por el posible delito de tráfico de influencias, acusándolo de ejercer presiones ante la Municipalidad de Pirque para favorecer a la empresa Cavilú SpA, vinculada a uno de sus hijos, en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo.
El caso se inició con la denuncia del alcalde de Pirque y primo del parlamentario, Cristián Balmaceda.
Se esperaba que el tribunal resolviera este lunes la solicitud. Sin embargo, tras los alegatos de las partes, la jueza Carolina Vásquez anunció que estudiará los antecedentes para entregar una decisión en el plazo "más breve posible".
Según consignó La Tercera, durante la audiencia el fiscal Manuel Guerra argumentó que "el desafuero es meramente un antejuicio que tiene por finalidad privar al parlamentario de esta garantía procesal a efectos de poder enfrentar un proceso. No supone, el otorgamiento de desafuero, un juicio de culpabilidad. Pero a la inversa, el rechazo del desafuero, tiene como consecuencias el sobreseimiento definitivo de la causa".
El persecutor también afirmó que los hechos que se le imputan al legislador "forman parte de una cadena de actuaciones del senador destinada a favorecer los intereses de uno de sus hijos, el señor Nicolás Ossandón Lira".
En representación del alcalde de Pirque, querellante en la causa, expuso el abogado Francisco Cox, mientras que el abogado Marcelo Chandía lo hizo en nombre del Consejo de Defensa del Estado.
En defensa del senador Ossandón expuso el abogado Samuel Donoso, quien aseguró que las acciones descritas por la Fiscalía no pueden ser consideradas como "influencias" y que tampoco guardan relación con el cargo que actualmente ocupa en la cámara alta.
La Fiscalía aspira a lograr una condena de cuatro años de cárcel y la imposibilidad de postular a cargos públicos durante 10 años.