Participación de la sociedad civil
Hace una década se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se trata de una normativa que ha resultado decisiva en el fortalecimiento de la democracia en Chile y en el desarrollo de una institucionalidad que dé respuesta a la mayor demanda ciudadana por ser protagonista en los procesos de definición y toma de decisión de las políticas públicas que impactan en la calidad de vida y las expectativas de las personas y comunidades.
En el país existe un creciente interés de los chilenos y chilenas por tener mayor injerencia en los asuntos públicos y la promoción de liderazgos locales, que se vinculen de manera directa y transversal con el Estado, sus autoridades y con el resto de las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, la Ley 20.500 apuntó precisamente a abordar esas demandas. Por un lado, impulsando la asociación entre las personas, estableciendo el marco legal, sus límites y el rol del Estado en el apoyo a la asociatividad, con el propósito de facilitar la asociatividad a los ciudadanos, robusteciendo así el tejido social.
Y por otro, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, donde el Estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus políticas, planes, programas y acciones, para lo cual, los órganos de la administración deben establecer los mecanismos de participación que tienen las personas y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia.
Desde la División de Organizaciones Sociales estamos enfocados en liderar, robustecer y acompañar este proceso, desplegando una serie de programas, medidas y acciones destinadas a lograr una mayor y mejor participación de la sociedad civil. En pandemia, el rol de los dirigentes y organizaciones sociales ha sido fundamental para enfrentar este enorme desafío de combatir el Covid-19, de manera inclusiva, solidaria y colaborativa.
Los esfuerzos deben seguir en esa dirección, ya que la confianza entre los ciudadanos y las instituciones son un pilar fundamental para configurar espacios de participación que encaminen a Chile a la construcción de una sociedad más integrada, próspera y con un alto compromiso de todos los ciudadanos en el desarrollo del país que anhelamos.