Hace poco se dio a conocer el protocolo y la guía de recomendaciones para el uso de las playas durante la temporada de verano que se iniciará en poco menos de un mes, en el contexto de la pandemia de covid-19.

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, precisaron que el uso de mascarillas, el distanciamiento de un metro entre las personas, cinco metros entre un grupo y otro, y el uso de alcohol gel en las manos, son medidas fundamentales para disminuir la posibilidad de contagios.

Las autoridades detallaron que, de acuerdo con el protocolo elaborado, las personas que concurran a las playas sólo pueden estar sin mascarilla cuando no estén en movimiento y se encuentren a dos metros o más de otras personas, pero deberán mantener el distanciamiento físico con su grupo familiar y otros que estén en esos lugares. También se llamó a preferir deportes individuales o grupos pequeños de personas que se conozcan. Si se utilizan objetos, deben desinfectarse antes y luego de su uso, evitando compartir artículos de playa, especialmente en el caso de los niños.

A quienes administran las playas se les planteó que para evitar contagios, deben mantener cerrados los espacios donde puedan producirse aglomeraciones y clausurar equipamientos, como juegos infantiles, máquinas de ejercicio y otros que impliquen contacto directo. Asimismo, deben mantener visibles las señales sanitarias.

Por estos días puede observarse una gran cantidad de personas en las playas del borde costero de nuestra región, lo que debe preocuparnos si no se toman los resguardos respectivos. La conciencia ciudadana es fundamental en todo esto.

Es importante insistir en el llamado a la prevención y al autocuidado en estos días para prevenir los contagios con covid-19, porque, finalmente, la mejor prevención es la que cada uno de nosotros está dispuesto a asumir, para beneficio propio, de sus familias y de la sociedad.

No podemos relajarnos, más cuando observamos lo que hoy está ocurriendo en el Hemisferio Norte.

La semana pasada, el Congreso Nacional despachó para su publicación en el Diario Oficial el proyecto de ley sobre Migración y Extranjería, que pone fin a una legislación anacrónica de casi medio siglo de existencia, dotando a nuestro país de un cuerpo legal moderno y eficaz para hacer frente a los desafíos migratorios del Chile actual. Se trata de una normativa cuyo norte es procurar una migración ordenada, segura y regular conforme con los estándares internacionales, sin mermar por ello, la legitima potestad del Estado de resguardar sus fronteras y racionalizar los flujos migratorios.

Lo anterior no es un tema baladí. Nuestro país - y particularmente nuestra Región de Antofagasta- ha sido víctima de un desorden migratorio, que queda en evidencia si tenemos a la vista las decenas de campamentos o tomas que han ido creciendo en los cerros y los cerca de 300 mil extranjeros indocumentados de acuerdo a cifras dadas a conocer recientemente por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En efecto, son muchas las razones que tenemos para alegrarnos con la entrada en vigencia de esta nueva ley, que logra ver la luz luego de casi 8 años de tramitación legislativa donde me tocó interpelar al ex ministro de interior Mariano Fernández. Se trata de un nuevo Estatuto Migratorio con enfoque de derechos, siempre respetando la dignidad del migrante y su familia.

Pero ello no puede ser sinónimo de pasividad estatal o de permisividad a la migración irregular. Se trata de tender la mano a quien viene a nuestro país en busca de un futuro mejor, pero de cerrar la puerta a quienes buscan delinquir o sencillamente mienten en relación a sus verdaderas intenciones para ingresar a Chile.

En relación con lo anterior, se mejoran y se hacen más expeditos los procesos de expulsión, excluyendo los recursos administrativos que en muchas ocasiones alargaban los procesos hasta su ineficacia. Igualmente, se establece la expulsión inmediata y automática de quienes cumplen sus condenas alternativas por crímenes en nuestro país. Por otra parte, no prosperó la idea de la oposición del denominado "turismo laboral", por lo que quien desee ingresar a nuestro país deberá hacerlo previa solicitud en el exterior, evitando los ingresos "ideológicamente falsos" de quienes de declaran turistas, pero pretenden establecerse en nuestro país.

No podemos volver a cometer los mismos errores que fomentaron el desorden migratorio que hoy afecta a nuestro país, y del cual nadie parece asumir la responsabilidad. Esa convicción del actual Gobierno de "ordenar la casa" desde el primer día, con una migración segura, ordenada y regular; es la idea central de la nueva ley, y debe inspirar toda política migratoria en el futuro.

Nadie pretende levantar un muro, sin embargo, llegó el momento de planificar, saber quién está ingresando a Chile y quien ingrese como turista sale como turista.

Cada vez que aparece una propuesta, proyecto o "política pública" diseñada y acordada por economistas desde los sectores de la derecha hasta la izquierda, lo que los medios llaman "economistas transversales", el erario y los bienes públicos tiemblan. Siempre es posible encontrar, no con mucha dificultad, alguna trampa para que las grandes corporaciones, el 1% o la casta política tengan alguna ventaja sobre la elusión de impuestos, franquicia tributaria o uso de bienes públicos con fines privados.

Esta historia no comienza con la oposición impuesto a los súper ricos por parte de los "economistas transversales", es una historia que comienza con el homenaje-reconocimiento del ministro de hacienda el primer gobierno de la democracia al ministro de hacienda de la dictadura poscrisis económica de los años ochenta. Ya no se trataba de desistir de los tímidos proyectos redistributivos y postergar para siempre la discusión sobre un proyecto alternativo de desarrollo, se trataba de desistir hasta del debate intelectual y académico que permitiera una alternativa viable al modelo impuesto en la dictadura.

Lo que pareciera ser una opción ideológica y política, justificada a partir de la tesis del "miedo" por un mediático empresario sociólogo, responde a cuestiones más pedestres si analizamos con información pública, como ha operado la "puerta giratoria" entre las autoridades económicas que son responsables de fiscalizar sectores industriales a puestos de directivos de las compañías que están reguladas o tienen posiciones monopólicas en el poco competitivo mercado chileno. Evidentemente la ley que regula lo anterior es débil y no está dentro de las preocupaciones de la "política pública" de los "economistas transversales", una mano lava a la otra.

El ministro de hacienda del gobierno del que se supone fue el gobierno de más a la izquierda de la democracia inauguró su gestión descabezando el Servicio de Impuestos Internos para ejecutar un acuerdo político que liberaba a la casta política y las grandes corporaciones de los delitos de financiación ilegal y evasión tributaria, evidentemente no importaba mucho si era una mala o buena "política pública".

El mismo exministro, en la discusión de Reforma al Sistema de Pensiones ha omitido que es director de un fondo de inversión que recibe dinero de una de las administradoras del fondo de pensiones, por lo que cualquier política que impacte al tamaño del fondo de pensiones y a su administración afecta al negocio del cual forma parte. También se ha opuesto al pago de impuestos por las transacciones de acciones omitiendo que es director de la Bolsa Electrónica y que esta "política pública" le afecta directamente.

El impacto intelectual y práctico de Fukuyama y Fin de la Historia, clausurando el conflicto ideológico capitalismo-socialismo, fue muy importante en el mundo de los "economistas transversales". Ellos descubrieron que era mucho más rentable y práctico abrazar otro conflicto menos ideológico; el mundo de los conflictos de interés.