La tarde del jueves los consejeros regionales acordaron un aporte histórico para dar solución al grave déficit habitacional que enfrenta la región. Son cerca de 89 mil millones de pesos que en cuatro años servirán para construir 8.700 casas destinadas a los sectores vulnerables y emergentes que por largo tiempo esperan contar con un lugar propio para hacer vida en familia.

El volumen en recursos y la cantidad de viviendas que se construirán reflejan la relevancia del aporte dividido en remesas anuales hasta el 2028.

Estos proyectos pueden sumarse a los existentes en el Ministerio de Vivienda, en el contexto del plan de Emergencia Habitacional (PEH) que se puso como meta construir poco más de 17 mil soluciones habitacionales al 2026. Lo aprobado llegaría a la mitad convirtiéndose en un verdadero alivio para las miles de familias que esperan por un espacio digno para vivir.

Y, en este sentido, todos los aportes son bienvenidos, porque el déficit seguirá presente si es que la política en la construcción de viviendas no sigue el rumbo que definió el actual gobierno. La demanda es creciente y el ritmo de desarrollo de proyectos está lejos de responder a esa demanda.

El estudio 2022 de Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la UC de Santiago, determinó que en la región se requieren construir un poco más de 37 mil viviendas para resolver el problema de los que hoy arriendan, viven de allegados, están en campamentos o en situación calle. Es decir, lo determinado por el Core y lo que haga el gobierno servirá para reducir la brecha, la que continuará en niveles altos.

Lo positivo es que el gobierno regional y los consejeros regionales entendieron que en esta titánica labor se tienen que sumar esfuerzos. Y no sólo mirar la cifra o el número, si no las personas, las familias que buscan materializar el sueño de la casa propia.

Con el ánimo de aportar a la construcción de un (deseable, ¡qué duda cabe!) pacto fiscal, me parece importante sumar un elemento que es clave para todos quienes nos dejamos seducir por los argumentos técnicos: la democratización de la información con la cual se evalúan las políticas fiscales (y las políticas públicas más en general). Así, se requiere tener acceso a la información y modelos que sustentan, no solo las propuestas que emanan desde el ejecutivo, sino también, a las que surgen desde el hemiciclo.

Necesitamos hacer más objetiva la discusión, que las distintas partes puedan acceder a los mismos datos, hacer sus propuestas, y objetar con argumentos las que no les parezcan. Esto podría partir, por ejemplo, con la Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), puesto que es en el Congreso donde se llevan a cabo las discusiones más relevantes en temas de política pública (de hecho, ya está por comenzar la discusión en torno a la ley de presupuestos 2024). Por ello urge que los parlamentarios cuenten con datos objetivos y confiables respecto de las distintas iniciativas que ahí se discuten. Si alguien (Ejecutivo o Congreso) presenta un proyecto de ley que busca alcanzar ciertos objetivos de política, la OPC debiera ser capaz de acceder a esos datos y los modelos que sustentan las propuestas, llevar a cabo análisis de sensibilidad, y determinar así si es factible o no alcanzar lo que se propone.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que busca contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central, también debiera acceder oportunamente a toda la información relevante relacionada con las finanzas públicas. A modo de ejemplo, hace algunos días el CFA señaló en su informe trimestral sobre Balance Estructural que "el Consejo recomienda a la Dipres que actualice y publique las proyecciones de gastos asociados a la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

En consecuencia, cuando un gobierno presente, por ejemplo, un proyecto de reforma tributaria, tanto la OPC como el CFA debiesen generar evidencia y estudios que muestren -desde una posición más neutral-, los efectos de las medidas propuestas dentro del proyecto, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Estos organismos debieran contar, por ejemplo, con estimaciones muy afinadas y actualizadas - y sustentadas desde lo técnico - respecto de los efectos del crecimiento sobre la recaudación tributaria.

Pero para que todo esto suceda, y que no solo organismos como la OPC y el CFA tengan análisis técnicos y objetivos que aportar -así como también centros de estudios, y la academia en general- se requiere que todos tengamos acceso a los mismos datos.

El libre e imparcial acceso a la información contribuiría a enriquecer y hacer más objetivo no solo el debate que nos convoca hoy, sino también a todos los proyectos que se discutan hacia el futuro. Todo lo anterior redundará en más y mejores políticas públicas.

¿Las pérdidas y deudas de empresas del Estado como la Empresa Nacional de Minería y Corporación del Cobre en millones de dólares, recibidas así por el actual gobierno, conforman un plan para desnacionalizar el Estado de Chile?

Los síntomas ya han surgido desde organizaciones empresariales, para el caso de Codelco, cuyos dirigentes con mucho entusiasmo, han propuesto la intervención de capitales privados para "salvar" a la minería nacionalizada el 11 de julio de 1971.

Ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce, que la entidad estatal ha perdido en quince meses, 224 millones de dólares en su gestión antes del 2022.

Lo aseveró en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, agregando que alrededor del 48% del patrimonio de la estatal "estaría destruido".

Codelco está en un esquema semejante a Enami. Dos de las principales empresas del Estado están casi quebradas.

En el pasado las organizaciones de trabajadores de ambas entidades estaban integradas a las direcciones corporativas de Enami y Codelco, casi como instrumentos fiscalizadores para proteger los intereses de las instituciones representativas de los recursos de todos los chilenos.

¿Qué ha ocurrido con las presencia de los trabajadores en la defensa de la buena senda administrativa, productiva y económica de esos pilares sostenedores del Estado de la nación?

¿Los dirigentes de la fuerza de trabajo de Enami y Codelco no se percataban de lo que estaba ocurriendo con el destino económico de las empresas desde el año 2020?

¿O fue un plan para desnacionalizar a esas empresas estatales como se aprecia ahora con los lapidarios informes y las respuestas de entidades gremiales empresariales que ofrecen como solución la intervención de empresas privadas en el fundamento productivo del Estado?

El estado productivo estatal está presente fundamentalmente en el norte de Chile por lo que son los habitantes de este norte los que deben preguntarse cuál es el futuro de sus principales fuentes de riqueza.