El Presidente Gabriel Boric nombró al economista Claudio Reyes Barrientos, militante del PPD, como nuevo subsecretario de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo.

Ingeniero comercial, la nueva autoridad reemplazará a Christian Larraín, que dejó abruptamente el cargo el 26 de mayo tras conocerse una acusación en su contra por supuesto acoso sexual hacia una funcionaria.

Reyes ya había estado en la Subsecretaría de Previsión Social coordinando la reforma previsional del primer Gobierno de Michelle Bachelet y fue subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010. También fue superintendente de Seguridad Social entre 2014 y 2020.

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo, destacó el nombramiento de Reyes, aseverando que "el nuevo subsecretario tiene experiencia política y técnica".

Carabineros condicionó la cobertura de seguridad a los operativos de demolición de las denominadas "narcocasas" realizados desde febrero por la Municipalidad de la Florida, lo que abrió una pugna con el alcalde Rodolfo Carter, quien atribuyó el anuncio a una razón política.

En un oficio dirigido al jefe municipal, la Prefectura Santiago Cordillera comunicó que no va a seguir apoyando la estrategia si no es con autorización del Ministerio Público, por el riesgo que supone para la seguridad de los funcionarios.

El documento adujo que, "mientras se desarrollaba la ejecución de los citados decretos, ese municipio procedió además a la demolición de un 'mausoleo narco' ubicado en la plaza pública aledaña al lugar, no considerado en la petición de auxilio de la fuerza pública planteada mediante correo electrónico ni en los decretos municipales respectivos, como tampoco tratado en reuniones de coordinación previas", situación que calificó como "absolutamente delicada".

En respuesta, el alcalde Carter aseveró que "no seamos ingenuos: esto es político. Había que detener lo que ocurría en La Florida. Había que evitar que siguiéramos haciendo las cosas. Ayer fue el pronunciamiento de la Fiscalía y ahora Carabineros".

Ante ello el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pidió "que no se utilice a la institución políticamente. Me gustaría estar hablando de las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades de un alcalde en particular, al cual respeto mucho y le hemos estado prestando permanente cooperación".

Redacción

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal quedó en prisión preventiva por determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la segunda jornada de la audiencia de formalización en su contra, en la que se le imputaron 29 delitos de fraude al Fisco, junto con delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita, con los que según la acusación obtuvo más de 761 millones de pesos a través de desvío de dineros de programas municipales hacia sus cuentas personales.

Los querellantes del caso y la Fiscalía solicitaron la máxima medida cautelar al considerar que su libertad condiciona el éxito de la investigación, es un peligro para la seguridad de la sociedad y también existe riesgo de fuga de la exautoridad, que era militante de Renovación Nacional durante los 25 años a cargo del municipio y renunció al partido cuando se destapó este escándalo.

El jueves el tribunal había decretado las medidas cautelares para los demás imputados: Renato Sepúlveda (exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura), Domingo Prieto (exdirector de los programas Vita), Antonia Larraín (exsubdirectora de Desarrollo Comunitario), y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva deberán cumplir con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicarse entre ellos.

Las acusaciones

De acuerdo a la investigación, los montos implicados superan los 761 millones de pesos, y además, Torrealba falsificó declaraciones de renta entre 2017 y 2022, defraudando al Fisco por más de 72 millones de pesos.

El Ministerio Público dio cuenta de conversaciones de WhatsApp del alcalde con los funcionarios involucrados, comentando que a los empleados se les solicitaba realizar el retiro de cheques de dineros de la Municipalidad bajo la figura de un adelanto de honorarios para pagar servicios de boletas pendientes.

Dicho dinero luego circulaba entre los funcionarios con la entrega de sobres con "informes", palabra que sería una clave para hablar de millones de pesos. Por ejemplo, uno sobre que dijera un informe contendría un millón de pesos y si decía cinco informes serían cinco millones.

Y la parte querellante informó que "existe eliminación de mensajes de WhatsApp, que dan cuenta que tiene un manejo de estos sistemas -no altamente complejo- que le permite borrar su mensajería".

"Existe también una intervención telefónica del 27 de septiembre del 2021, entre el señor Torrealba y su hijo: el hijo le indica, '¿ayer cómo le fue leyendo estos WhatsApp?' -que eran 1.500 mensajes- y el imputado contesta 'puta, los borramos todos, salimos del cuento ya, nos acostamos temprano y dormimos tranquilos'. El hijo le indica 'perfecto, era mejor, me preocupaba que te pudieras poner ansioso, porque es un tema que igual tienta po', y el imputado le indica 'no, ya están todos borrados así que chao'", detalló Diego Acuña, abogado del Consejo de Defensa del Estado.

La defensa

Al iniciar su participación ayer, la defensa del exjefe comunal se opuso a la prisión preventiva al considerar esta medida cautelar como "una petición exagerada".

El abogado de Torrealba, Francisco Veloso, se opuso a la prisión preventiva bajo el argumento de que al resto de los imputados "se les investigó para ver si efectivamente tenían algún involucramiento de los hechos, todas las cuentas corrientes de los imputados están en la carpeta de investigación. ¿Se periciaron? No. ¿Respecto de quién se periciaron las cuentas corrientes? Única y exclusivamente del señor Torrealba".

Sin embargo, la jueza María Carolina Herrera consideró que la libertad de Torrealba "constituyente peligro para la seguridad de la sociedad", por lo que resolvió enviarlo a prisión preventiva, en principio en el penal Santiago 1. No obstante, a petición de la defensa, instruyó a Gendarmería que decida si lo hace en el anexo Capitán Yáber.

"Con su actuar, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que perjudica la estabilidad política del sistema democrático", razonó la jueza.

El tribunal estableció un plazo de investigación de 150 días, alrededor de cinco meses, pese a que la Fiscalía pedía un año.