La oposición venezolana informó ayer que no contará con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las primarias previstas para el 22 de octubre, una decisión que se tomó después de que, este jueves, tres de los cinco rectores principales del ente estatal renunciaran a su cargo.

"Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada", dijo a la prensa el presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, quien aclaró que para el momento en el que se conoció la renuncia de los rectores del CNE, la oposición no contaba, todavía, con un acuerdo "refrendado" sobre la posible asistencia técnica de este ente en el proceso.

"Desde el comienzo de esta ruta, siempre dijimos que la primaria es una cuestión de derecho (...) hoy también lo es, lo fue cuando insistimos en tener los centros de votación tradicionales para la primaria. No ha sido posible, pero continuaremos en la ruta ya trazada de identificar y preparar centros autogestionados", dijo Casal.

Explicó que se trata de un escenario en el que la CNP ha trabajado "desde hace varios meses", aunque reconoció que la ubicación y establecimiento de centros de votación es una tarea "muy exigente", y su éxito dependerá de "una actitud de cooperación activa por parte de los factores políticos".

"La única forma de organizar la primaria autogestionada es con una alta cooperación de todos los factores políticos y sociales", reiteró el dirigente.

Por su parte, el precandidato presidencial antichavista Henrique Capriles apoyó la decisión. "La CNP ha tomado una decisión que en mi opinión es la correcta, no tenía otra alternativa, no se podía (...) seguir cayendo en estas dilaciones de quienes están en el poder", dijo en redes sociales.

El Gobierno colombiano aseguró ayer que no ha discutido en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) la creación de un fondo internacional para subsidiar a esa guerrilla a cambio de que deje de secuestrar, una posibilidad que ha causado revuelo en ese país.

"Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiamiento, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla", expresó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

"Sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno nacional". agrega el texto.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que está de visita en Alemania, dijo ayer que no hay nada definido porque "el fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos" con el ELN.

Pese a esto, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que está enfrentado públicamente con el Gobierno, criticó esa posibilidad porque considera que buscar cooperación internacional para que el ELN deje de secuestrar y extorsionar es financiar la criminalidad.

"Los colombianos merecen no ser 'vacunados' (extorsionados) públicamente (...) si esto se convierte en una iniciativa, que no creo que tenga ningún asidero, convertiríamos a Colombia en un escenario donde públicamente estarían 'vacunando' con un estímulo a la criminalidad", dijo Barbosa.

Subsistencia

Tras el anuncio del cese al fuego bilateral de seis meses acordado con el Gobierno en las negociaciones en Cuba y que comenzará a regir el 3 de agosto, en el cierre del tercer ciclo de diálogos en La Habana el pasado 9 de junio, el jefe negociador del ELN, alias "Pablo Beltrán", admitió que esto se había debatido pero no se había acordado nada porque es una de sus formas de financiamiento y si a la guerrilla "le quitan una cuchara, le tienen que dar otra".

"Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Las retenciones, si no son necesarias no se harán", dijo a varios medios Beltrán, respecto a la manera de subsistir y financiarse del ELN.

Crimen de guerra

Por otro lado, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, dijo en una entrevista con Efe que pese a que el secuestro no está explícitamente prohibido en los protocolos del cese al fuego bilateral con el ELN, el Ejecutivo colombiano considerase este delito un "crimen de guerra".

"El secuestro es una acción que está catalogada como crimen de guerra y eso tiene una connotación muy grave", explicó Patiño.

Alegó que el secuestro "significa riesgos de orden político, de orden jurídico y riesgos morales en el sentido en que la gente empieza a no creer mucho en la voluntad de paz del ELN", por lo que, "así no esté escrito expresamente en el cese al fuego, la gente imagina que se está en un proceso de desactivación de las armas para hacer política y entonces, por supuesto, eso también mina altamente la confianza de la gente", añadió.