Las proyecciones respecto a la demanda mundial que tendrá el litio los próximos meses, apuntan a que seguirá creciendo debido principalmente al auge de la electromovilidad.

Cada día son más las empresas automotrices que están migrando a la fabricación de autos eléctricos, respondiendo a la necesidad de contar con medios de transporte menos contaminantes que los actuales que funcionan con combustibles fósiles. Ello en atención a la obligación de cuidar el planeta evitando la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

Según las estimaciones de SQM, uno de los líderes en exportación de litio y sus derivados, la demanda crecerá en un 40% el próximo año, lo que generará mayores ingresos a la compañía y también para responder a los compromisos con los territorios donde operan, fruto del acuerdo con Corfo y comunidades.

Este año, la minera ha entregado aportes por US$ 3.600 millones, una cifra incluso superior a la que ha generado Codelco a la misma fecha.

Entonces tenemos que el litio se está transformando en un pilar fundamental en la economía nacional y esa realidad tenemos que como país saber aprovecharla.

El desafío se ha planteado muchas veces y apunta a la necesidad de entregarle valor agregado a la extracción minera. No ser solo exportadores de materia prima, también ser capaces de manufacturar, por ejemplo con la fabricación de baterías de litio.

No existe una experiencia nacional en este tipo de industria lo que implica un riesgo, pero están los recursos para emprender, innovar y generar fábricas modernas capaces de competir con las que hoy dominan el mercado.

Lo que no puede ocurrir es que no aprovechemos esta oportunidad de dar un giro a nuestra condición exportadora y convertirnos en una fuerza industrial del nivel mundial.

En Chile están las capacidades humanas y tecnológicas para dar el salto, aprovechar al máximo nuestras riquezas y convertirnos en líderes. Es una tarea inmediata porque no se puede dejar pasar la oportunidad que tenemos en frente sin hacer nada.

Desde la implementación del sistema actual de pensiones en 1981, es durísimo jubilarse en Chile. Más aún, cuando se está exhausto por una vida de servicio mal pagada, se vive enferma o se es mujer. Impulsado por el empresariado representado por - el entonces - Ministro del Trabajo de la dictadura José Piñera, la sustitución del sistema de reparto por el de capitalización individual a través de las AFPs, asustó incluso al dictador y a varios de sus compinches. Al parecer, las promesas de que para el 2020 las y los jubilados recibirían el 100% de su salario bajo este sistema no despejaron sus sospechas, lo que explica que las Fuerzas Armadas nunca adoptaran las AFPs.

La historia les dio la razón ya que, en el 2020, el 80% de las pensiones pagadas fueron inferiores al salario mínimo (alrededor de $300.000). Las mujeres, otra vez, han sido las más castigadas, recibiendo en promedio poco más de la mitad de su salario laboral. Cualquiera que reciba estas pensiones sabe que con esto no se vive, sino que - con suerte - se sobrevive.

Hoy, décadas después, se propone un drástico cambio a este injusto sistema. La reforma previsional en discusión presenta tres ejes para terminar con las pensiones miserables: aumentar inmediatamente el salario líquido y las pensiones para toda persona jubilada; incrementar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y; terminar con el modelo de las AFP, reorganizándolo en un sistema mixto - común en economías avanzadas.

La reforma establece una cotización adicional del 6% pagada por los empleadores, donde el 70% irá a la cuenta personal y el 30% se distribuirá equitativamente. También podremos elegir si los fondos son administrados por inversores de pensiones privados (IPP) o el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), así como si queremos que las pensiones sean heredables o no. Se establecerá una lógica solidaria, que corregirá discriminaciones a mujeres y pensionados/as en situación de extrema pobreza.

Esta reforma no resuelve todas las profundas, históricas y escandalosas desigualdades presentes en Chile, pero es un valiente avance en la dirección correcta. Nuestras jubiladas y jubilados merecen un sistema de pensiones que dignifique de su valiosa contribución, por sobre toda otra consideración.