El ciberataque que afectó al Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, que según ha trascendido abarcó el robo de 400 mil correos de distinto tipo y documentos de inteligencia militar, ha sido calificado como la mayor crisis en los 12 años de trabajos de esta entidad.

Este percance incluso significó la renuncia del jefe del Emco, general de División Guillermo Paiva Hernández, tercer hombre del Ejército. Según ha trascendido, la filtración y hackeo de estas comunicaciones de carácter interno incluyen un análisis de las eventuales consecuencias del término del estado de excepción constitucional de emergencia implementado en la Macrozona Norte, el 15 de abril pasado. Una medida adoptada tras 60 días de vigencia, luego de un paro de camioneros iniciado en Antofagasta por el clima inseguridad y delictual en la región, evidenciado tras la muerte del transportista Byron Castillo (25). Una causa en que la Fiscalía de Antofagasta imputa por homicidio calificado la participación de tres venezolanos en condición migratoria irregular.

Según distintas publicaciones, la masiva filtración de correos incluye reportes que darían cuenta de un crítico escenario en la Macrozona Norte, con una policía sobrepasada por la migración irregular, aumento en el ingreso de drogas, contrabando de vehículos y de tráfico de migrantes. A esto se agregaría un incremento de víctimas de delitos violentos importados como secuestros, extorsiones, robos por sorpresas perpetrados por "moto chorros", asesinatos y sicariatos. Entre las zonas del país que se hallarían expuestas a este tipo de criminalidad figura Antofagasta.

Distintos parlamentarios de la región abordaron los riesgos para las regiones nortinas y el resto del país, en materia de seguridad, expuestos por el ciberataque que se adjudicó un grupo hackers denominado Guacamaya. "Los informes de inteligencia, elaborados en el mes de abril, advierten situaciones de alto riesgo para la seguridad en el norte, particularmente en nuestra región, que básicamente recogen lo que como diputado he denunciado desde el mes de marzo, y que lamentablemente ha sido minimizado por la DPR (Delegación Presidencial Regional) y parte de sus asesores. Incluso nos trataron de alarmistas. Esa falta de seriedad para entender la gravedad de la situación nos deja en la vulnerabilidad que ha permitido la expansión de fenómenos criminales importados, que hoy día han comenzado a amenazar a dirigentes vecinales que se atreven a enfrentarlos", comentó el diputado Jaime Araya (Ind., bancada PPD).

"Esto se transformó en un asunto de seguridad nacional, porque hay drogas, armas y dólares que amenazan el estado de derecho, por lo que debemos consensuar medidas concretas para reparar el daño que se ha causado, y respaldar sin condiciones las propuestas que el gobierno diseñe", agrega. Los documentos y correos revelados incluirían la filtración de minutas de reuniones de altos mandos y de jefes de Inteligencia, reportes sobre despliegue de tropas en el país, como también de aviones y buques extranjeros, y avistamientos de drones supuestamente bolivianos que sobrevuelan poblados fronterizos en Chile.

El diputado José Miguel Castro (RN) calificó como un asunto crítico el hackeo de correos y documentos. "Este hecho es gravísimo desde todo punto de vista. No sólo para la seguridad nacional, sino que repercute a nivel internacional. La salida del jefe del Estado Mayor conjunto -a mi parecer- es la punta del iceberg en este complejo escenario, por lo que debemos investigar todo lo que pasó en este episodio. La filtración de correos nos volvió a alertar de las preocupantes consecuencias de la migración irregular, y eso queda en evidencia en uno de los emails que se revela. Y es que luego del fin del estado de excepción en la Macrozona Norte los problemas se iban a intensificar. Por eso nuestra pelea ha sido ardua para restablecer el estado sin letra chica".

"La ministra de Defensa debe dar señales claras que nuestros sistemas informáticos son seguros y que la comunicación entre las autoridades de gobierno están debidamente resguardadas y se realiza por vías seguras. La sesión especial que solicitamos va en esa línea, pero necesitamos certezas y no nuevas graves vulneraciones de datos de esta magnitud. Tiene que darnos garantías el gobierno", añadió Castro, quien anticipó que solicitará una sesión conjunta con la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Fuerzas Armadas y Ciencia y Tecnología y además conocer si existen responsabilidades políticas respecto a este mando.

Indagatorias necesarias

El senador Pedro Araya (Ind.-PPD), a su vez, calificó como de la "mayor gravedad" el hackeo sufrido por Emco. "En la sesión que tendremos el día martes en la Comisión de Defensa, esperamos recibir una explicación detallada de qué fue lo que ocurrió, y qué información se encuentra comprometida. Como senador voy a exigir a lo menos dos cosas: en primer lugar que se nos señale si hay alguna otra rama o repartición de las Fuerzas Armadas, así como también del gobierno, que utilice los mismos sistemas del EMCO o que eventualmente recibió alguna alerta de brecha de seguridad que pudiera derivar en un ataque cibernético, en un hackeo masivo. En segundo lugar, que se nos pueda establecer en una línea de tiempo cuándo se recibieron las advertencias de las vulnerabilidades del sistema que existían. Quién las recibió, qué medidas concretas se tomaron a fin de evitar posibles hackeos o ataques cibernéticos. Cuándo se comunicó a la autoridad política las brechas de seguridad por los ataques".

"Todo lo anterior con el objeto de tener una visión integral de qué fue lo que ocurrió, y a partir de eso colaborar con algunas medidas que eviten que estos hechos vuelvan a ocurrir", agregó el senador Araya.

Migración descontrolada

De acuerdo a la información revelada por diversas fuentes sobre el ataque informático, los análisis también abordan la crisis migratoria en la frontera norte. Uno de esos reportes detallaría que en 2021 se evidenció un aumento significativo en los intentos de ingreso al país de manera irregular avistados por militares: 144.578 versus los 6.073 de 2020 y los 2.654 de 2019. No obstante, los documentos no establecen si esas personas lograron finalmente ingresar al país.

Para la diputada Yovana Ahumada (PDG) la información expuesta mediante esta filtración de documentos reflejan la grave crisis migratoria en la frontera norte. "Al ver lo mencionado en los correos filtrados, solo viene a ratificar lo que todos sabíamos qué estaba pasando lo que iba a pasar y que hoy está pasando. La migración descontrolada, la delincuencia en nuestras calles, sumada al ataque constante a Carabineros de Chile para desacreditarlos, incluso de autoridades actuales; solo ratifica lo que nosotros ya sabíamos. Y lo peor de todo y lo más grave, es que a pesar de contar con toda esta información, las autoridades de turno no hicieron nada. A la Macrozona Norte la dejaron en completo abandono".

"Lamentablemente esto sigue igual y las medidas son nulas. Yo llevo meses solicitando el estado de emergencia para la Macrozona Norte y no somos escuchados. Los recursos comprometidos aún no llegan, se siguen haciendo reuniones de trabajo, conformación de mesas de trabajo, comisión de seguridad, estadísticas, conversaciones y hasta el momento la delincuencia se sigue tomando nuestra región, y para eso no es necesario un correo que nos diga que está pasando, porque eso lo vivimos día a día. Seguimos esperando soluciones reales y concretas para nuestra región", añade la diputada Ahumada.