Redacción
La Subsecretaría de Justicia anunció que 42 imputados fueron trasladados desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 hacia distintas cárceles del país, debido a que fueron acusados de realizar torturas al interior de dicho penal, provocados particularmente a imputados sin antecedentes.
Así lo denunció el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, quien visitó Santiago 1 el 21 de este mes para inspeccionar de manera extraordinaria las condiciones carcelarias de este recinto a causa de las denuncias.
Según lo descrito por la víctima, los responsables eran un grupo de reos extranjeros organizados en una banda, quienes extorsionaron y amenazaron con matarlo si su familia no entregaba cierta suma de dinero.
Duros detalles
Ante el magistrado, el interno afectado mostró que presentaba golpes en su cuerpo, una fractura e incluso signos de que sus genitales habían sido quemados con el uso de corriente. Según su denuncia, los responsables exigían que su familia pagara entre 30 mil y 50 mil pesos para respetar su integridad.
Con ese fin, los acusados enviarían a las familias videos a través de WhatsApp en los que muestran las golpizas, antecedentes que fueron verificados por Guzmán, quien acudió al penal sin aviso al día siguiente.
Una vez que arribó, sorprendió en flagrancia a un grupo de al menos 10 internos que desvestían a un imputado en un sector cercano al baño. Tras ordenar a los gendarmes que lo acompañaban rescatar al reo, los sujetos se fueron encima del agredido, y en presencia del juez, lo amenazaron de muerte si es que abría la boca, quien finalmente guardó silencio al ser entrevistado por el funcionario.
Se ha podido acreditar que las torturas se centran en sectores de imputados sin antecedentes, quienes suelen ser ubicados en los módulos 33 a 38, así como el 88, donde además existe una población de cerca de 60% de imputados extranjeros.
Esto último se explica porque al ingresar un migrante a Chile, los jueces de garantía y la autoridad penitenciaria no tienen cómo saber si cuenta con pasado criminal para poder clasificarlo según su peligrosidad, por lo que tienden a ser derivados a las celdas de "primerizos".
Denuncias formales
El acta levantada por Guzmán fue enviada a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, y también, como denuncia, al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien abrió una investigación penal para esclarecer los hechos, haciendo hincapié en una posible complicidad del personal de Gendarmería en torturas y extorsiones.
Apoyado por su defensor, uno de los internos -en prisión preventiva desde el 13 de junio- explicó al juez Guzmán tras pasar por el módulo 14 para su cuarentena, fue derivado al 34, donde comenzó a vivir "un infierno", pues se encontró con muchos extranjeros -10 a 15 dominicanos y colombianos- que lo habrían agredido y obligado a ingresar al sector de las duchas, aunque logró escapar. Ese lugar, según corroboró Guzmán, es escogido por las bandas, pues las cámaras tienen un punto ciego.
El interno precisó que después fue trasladado por los gendarmes a una celda de castigo, según él: el módulo 88. Allí fue nuevamente amenazado de muerte, pero esta vez por chilenos, quienes lo golpearon, desnudaron y le tomaron fotos, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares, para enviarles audios de él pidiendo auxilio y exigir que se les pagara diariamente por mantenerlo con vida. El reo incluso entregó los comprobantes de depósitos al juez Guzmán.
42 imputados fueron enviados a diferentes cárceles del país tras la denuncia de tormentos y extorsión.
30.000 pesos diarios exigían a familias de primerizos para no someterlos a torturas. A veces cobraban más.
