En el segundo día de vigencia del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, el Presidente Gabriel Boric decidió remover al jefe de la Defensa Nacional en las dos provincias del Biobío que están regidas por esta medida. Al mediodía de ayer se dio a conocer que el mandatario había decidido anular el nombramiento del contralmirante de la Armada Jorge Parga, quien había sido designado el martes, y en su lugar puso a Juan Pablo Zúñiga, del mismo grado que su antecesor en esa rama de las Fuerzas Armadas.

El nombre de Parga había sido cuestionado por el colectivo "Justicia para Manuel Rebolledo" y la familia del joven de 23 años que murió atropellado por camión de la Armada en Talcahuano tras el estallido social en octubre del 2019, caso que terminó con un infante de marina condenado por cuasidelito de homicidio.

Familiares y amigos de la víctima criticaron declaraciones de Parga, quien hablaba de que la institución iba a defender a sus funcionarios y que tenía una opinión distinta al trabajo de la Fiscalía. También recordaron que antes de asumir, Boric se comprometió a prestar ayuda a la familia Rebolledo.

La medida "tiene que ver con nuestro respeto siempre a los derechos humanos y ante los antecedentes que puso la familia Rebolledo consideramos que es importante actuar rápidamente y hacer esta modificación. El Presidente así lo ha establecido", declaró la ministra Camila Vallejo en La Moneda.

"Aquí ha habido incluso una comunicación del Presidente con la familia (Rebolledo), justamente para poder conversar y resolver. Nos parece que era importante atender este reclamo", señaló la portavoz.

Tras la decisión de Boric, el oficial destituido afirmó que "estoy obligado a asumir lo que determine el Presidente".

"Pésima señal"

Esta decisión fue criticada con fuerza por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre, Sergio Pérez: "Es una pésima señal que entrega el Gobierno en los ya escuálidos esfuerzos que está haciendo esta administración por frenar la violencia en la Macrozona Sur. Lo ocurrido es de una desprolijidad que denota falta de seriedad en las decisiones, y que dañan la institucionalidad también".

El dirigente añadió que "no sólo tenemos un estado de excepción acotado y con escasa capacidad operativa, sino que además tenemos un Gobierno que resuelve como si estuviera pisando sobre huevos. No se puede gobernar al son de la calle o las redes sociales".

Boric respondió que su convicción es que el estado de excepción "no resuelve el problema" y por eso presentó un "plan intersectorial" para la macrozona.

No ayudó a digerir la remoción de Parga el hecho de que se produjera casi al mismo tiempo en que el Gobierno descartaba presentar una querella contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de llamar a la "resistencia armada" contra los estados de excepción constitucional.

El mismo Presidente Boric afirmó ayer que "nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley; nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones. Ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas".

Sin embargo, la explicación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para no querellarse contra Llaitul, fue que ya existen acciones legales en su contra y que es mejor sumar antecedentes a una de ellas.

Desde la Fiscalía de Arauco, no obstante, dijeron que solo hay una denuncia interpuesta en 2020 contra Llaitul y la causa está desformalizada.

La decisión fue criticada transversalmente en el mundo político y desde el diputado de RN Andrés Longton hasta el convencional Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior de Bachelet, recomendaron artículos de la legislación vigente para perseguir al líder de la CAM.

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana y al Senado por el Partido Comunes, decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y declaró durante más de tres horas en la Fiscalía Metropolitana Sur, que investiga un eventual fraude en subvenciones de campaña.

Con una maleta se presentó ante el persecutor Héctor Barros, encargado de encabezar las diligencias en este caso, y a su arribo afirmó que llegaba con "bastante tranquilidad" y que pretendía "entregar los antecedentes que estábamos esperando entregar hace bastante tiempo".

"Es una declaración voluntaria", añadió la ex candidata que es indagada por los gastos de la campaña que llevó adelante para tratar de convertirse en la máxima autoridad metropolitana, elección que perdió en segunda vuelta ante Claudio Orrego, parte de los cuales terminaron en campañas de otros candidatos.

Luego de un poco más de tres horas de declaración, Oliva afirmó que están "entregando en detalle toda la información correspondiente. Hemos entregado, incluso, al Servicio Electoral y ahora a la Fiscalía que también habíamos enviado con anterioridad. Vamos a continuar la próxima semana".

"Lo que nos parece más relevante es entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer hechos, situaciones más confusas para la opinión pública (para que puedan) conocer respecto a la rendición de gastos electorales", añadió la exmilitante de Comunes.

Sobre las denuncias, Oliva sostuvo que "todos los gastos realizados y servicios prestados fueron debidamente respaldados, justificados y aprobados".

Juan Carlos Manríquez, su abogado defensor, apuntó que "la diligencia es bastante extensa. Vamos a continuar la próxima semana. Se ha ido con mucho detalle, se ha contrastado cada hecho, documentos con algunos trascendidos previos, y también con las consultas que ha ido haciendo la Fiscalía en cada materia. Queda pendiente revisar las cuestiones vinculadas a la campaña senatorial".