La comisión de Normas Transitorias realizó ayer su última sesión en la Biblioteca Regional, en el marco de la visita de la Convención a Antofagasta, que se encuentra en la recta final de su proceso para redactar una propuesta de nueva Constitución.

La jornada estuvo marcada por la visita del ministro secretario general de Gobierno, Giorgio Jackson, quien fue invitado por la misma mesa de trabajo para que detallara el informe con propuestas del Ejecutivo para la implementación de los cambios que propone el texto constituyente, en caso de que sea aprobado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En la comisión también se hizo presenta, vía telemática, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi.

Propuestas

De acuerdo con las indicaciones de la Segpres, en general el gobierno hace hincapié en que se debe generar una transición gradual y ordenada a los cambios más profundos que traería la nueva Carta Magna, proponiendo esperar a que exista un marco reglamentario aprobado por el Congreso para su implementación.

Como ha trascendido durante estos días, el gobierno sugiere que las autoridades en ejercicio se mantengan con el régimen actual. En el caso del Ejecutivo, de aplicarse este punto, el Presidente Gabriel Boric no podría acceder a la reelección inmediata una vez culmine su periodo.

"Es una sugerencia explícita que estamos haciendo. Creemos que eso le puede aumentar los niveles de confianza en que acá no hay ninguna idea de una normativa que fuera ad hoc a uno u otro gobierno", manifestó el ministro Jackson.

En cuanto al poder Legislativo, el informe indica que se deberían postergar las nuevas reglas hasta que entre en funcionamiento el nuevo diseño, excepto el nuevo quórum simple, que se sugiere que deba entrar en vigencia una vez su publique la nueva Constitución.

En cuanto a la Cámara de las Regiones, se presentaron dos opciones: que los senadores actualmente en ejercicio terminen su periodo en 2025, o bien realizar una implementación parcial del nuevo órgano, eligiendo escaños de circunscripciones que elegirían senadores en 2025, y que se escoja al resto de miembros en 2028, una vez finalice el trabajo de quienes llegaron a la Cámara Alta el año pasado.

Asimismo, sobre la creación de entidades territoriales, territorios especiales y también la autonomía territorial indígena, el Ejecutivo propuso diferir su entrada en vigencia hasta la dictación de las leyes que lo normarían.

En la misma línea, se sugirió diferir la implementación de la autonomía de entidades territoriales "hasta la dictación de las leyes marco que proporcionen las bases para la nueva organización política-administrativa del país y hasta la entrada en funcionamiento de las entidades territoriales". Lo mismo se indicó para el ejercicio de competencias de la autonomía tanto en comunas como en regiones, "hasta el inicio del funcionamiento de las entidades territoriales y la dictación de las normas legales que regulen el régimen jurídico de transferencias de competencias y su sistema de evaluación y control para todas las entidades territoriales".

"Nos parece más razonable que los estatutos de las autonomías comunales se establezcan en la ley, y de ese modo se pueda dar un plazo razonable para que los distintos gobiernos comunales puedan participar de esa discusión y darles un plazo que realmente les permita tener sus reglas propias", profundizó el subsecretario Crispi.

Lo mismo planteó en el caso del Estado Regional: "Son 16 realidades distintas. Yo creo que ustedes lo han visto estando en Antofagasta. Las capacidades instaladas que hay a lo largo del país son igual de diversas que nuestra geografía. En ese sentido, las capacidades que tienen los gobiernos regionales difieren en el presupuesto que tienen hoy día, difieren en la cantidad de personal que tienen".

Del mismo modo, también se sugirió suspender la entrada en vigencia de los derechos a las tierras, territorios y recursos, "hasta que se dicte la ley que regule su ejercicio, manteniendo la vigencia de las normas legales que configuran los aspectos del derecho en la actualidad".

Las discusiones

Al cierre, el ministro Jackson dijo que "la relevancia de lo que se discute ahora puede tener como corolario el que se hagan exigibles los derechos por los que tanto tiempo se ha estado luchando o que sean de difícil ejecución".

Además, sostuvo que, "de no haber artículos transitorios, muchas de las cosas por las que se han trabajado durante todo este tiempo en materia de artículos permanentes puede que queden en letra muerta".

En general, las sugerencias del gobierno tuvieron una buena acogida transversal de los convencionales. Aunque también se deslizaron críticas.

Cristián Monckeberg (RN), señaló. "Lo que plantean para la transición es un buen informe. Porque da cuenta de realismo. Yo creo que para que esto no genere un descalabro en el gobierno y una desilusión en la ciudadanía, es fundamental que el gobierno fije sus criterios. Primero en cuanto a los recursos que se disponen, para implementar los cambios, y cuáles son sus prioridades, porque no podemos cambiarlo todo".

En tanto, Félix Galleguillos (pueblo atacameño), precisó que "me pareció interesante (el informe). Obviamente hay algunos puntos con los que no estamos de acuerdo, sobre todo lo de suspender derechos, que es complejo, entendiendo que lo que nosotros queríamos es que rijan in actum".

El convencional Tomás Laibe (Colectivo Socialista), manifestó que existen ideas "que van a requerir más tiempo. Por ejemplo, qué va a pasar con la Cámara de las Regiones y el Senado, si es que continúa los ocho años que le quedan a este periodo, o se constituye el nuevo organismo cuando se termine el actual mandato del Congreso. Esas son discusiones que todavía tenemos que dar con los otros colectivos". Añadió, sin embargo, que la opinión de su colectivo en cuanto a los senadores es que se debe "dar garantías a las personas que han sido electas con un mandato popular. No significa cuidarles sus cargos, sino que cuidar esa voluntad popular".

Finalmente, el coordinador de la comisión, Eduardo Castillo, planteó que "es la labor del gobierno hacer esta presentación, porque va a tener un rol importantísimo en la ejecución de las normas de la Constitución".

Destacó que lo manifestado por el gobierno "es bastante coincidente con lo que la comisión debatió ayer y anteayer las preocupaciones, los formalismos, cómo lo vamos a hacer con esos organismos que se crean, o para aquellos que se modifican y se transforman en otro. Estamos muy en sintonía con el informe".

La Fundación Ruinas de Huanchaca informó ayer que realizó una denuncia ante la PDI por el rayado efectuado en la fachada del monumento histórico el lunes pasad, en contra la Convención durante su visita a la región, y que justamente realizó un pleno en el lugar.

Mediante un comunicado, la fundación señaló que "se procedió a realizar la debida denuncia ante la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural quienes se encuentran recabando antecedentes, los cuales deberán ser entregados al Ministerio Público".

Del mismo modo, recalcaron que este delito infringe la ley de monumentos nacionales. "De esta forma reafirmamos nuestro compromiso y colaboración con los procesos investigativos, para así hallar a los responsables de este hecho que daña nuestro patrimonio histórico".

"Como Fundación hacemos un llamado a cuidar nuestro monumento, que es parte importante del paisaje cultural de nuestra ciudad", indicaron.