Rechazo de acuerdo abre incertidumbre en demanda de club Black en contra de la IMA
CASO. Concejo rechazó bases de conciliación dictadas por el 4° juzgado civil por $260 millones. Juicio se originó en fallo que determinó ilegalidad de la no renovación de la patente de cabaret de club nocturno.
Un nuevo e incierto escenario abrió el pleno del concejo municipal luego que en su última sesión, decidiera rechazar las bases de conciliación acordadas en el marco del juicio entablado por la empresa "G Enterteinment Group Chile A SpA", propietaria del establecimiento nocturno Black, en contra de la municipalidad de Antofagasta.
El acuerdo se originó en la demanda por indemnización de perjuicios interpuesta por la firma ante el cuarto juzgado civil de Antofagasta y que buscaba el pago total de 865 millones, por conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral.
La demanda, patrocinada por el abogado Carlos Claussen se basó en el reclamo de ilegalidad interpuesto por "G Enterteinment", ante la Corte de Apelaciones.
Y es que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, el 20 noviembre del 2020, determinó que la no renovación de la patente de cabaret que ostentaba la sociedad comercial correspondió a un acto arbitrario por parte de la municipalidad y que careció de fundamentos legales ya que la junta de vecinos del sector, al momento de rechazar la renovación, no estaba vigente legalmente y además, no se acreditaron hechos delictivos asociados al funcionamiento del club nocturno que hicieran acrecentar la inseguridad del sector.
Audiencia de conciliación
Y luego de casi un año de la tramitación del procedimiento sumario, el tribunal civil determinó una base de conciliación de $280 millones.
"Quiero ser súper enfático", señaló Marcelo Pizarro, director jurídico de la municipalidad . "Está establecido el tema de los perjuicios porque la Corte señaló que el contribuyente tiene derecho a exigir los perjuicios que logre acreditar, pero estamos en una etapa que es anterior a la etapa probatoria del procedimiento. No hay probanza aportada en este juicio... Si bien el tribunal establece unas bases de acuerdo, lo hace como amigable componedor... para nada es una imposición al pleno, toda vez que esto es una atribución del concejo. Hasta el momento no tenemos parámetros objetivos. La sentencia puede ser mucho mayor a los 860 millones, pero también puede ser mucho menor", señaló Pizarro.
Tras las consultas de los concejales, las diferencias respecto a la decisión se hicieron evidentes.
Las estimaciones más pesimistas de los ediles indicaron que en un resultado adverso los costos para el patrimonio municipal se elevarían sobre los $1.200 millones, ya que a lo demandando originalmente se sumarían, intereses, multas y costas procesales anexas.
De ahí que un grupo (Aguilera y Alvial) estuvo por aceptar el acuerdo, otro (Kong, Jorquera y el alcalde Velásquez) optó por la abstención, lo que implicaba un nuevo análisis en otra sesión del pleno y un tercer grupo, de mayoría relativa, se inclinó por el rechazo (Valderrama, Leiva, Pozo, Guzmán, Fuica).
Finalmente, el cambio del voto de la concejala Natalia Sánchez, selló el rechazo del acuerdo, lo que faculta al equipo jurídico municipal a seguir con el juicio en contra de la sociedad comercial representada legalmente por Antonio Costa Correa.
Proyecciones
Sobre el caso, el concejal Waldo Valderrama (PC) explicó su decisión. "Creo que el municipio debe agotar las instancias de defensa de los recursos. Y este acuerdo es en primera instancia. Era sin haber pasado la etapa probatoria del juicio. Es una etapa demasiado temprana como para llegar a un acuerdo, y soltar $280 millones así como así. Lo que exigí fue que se profundizara y se siguiera defendiendo los recursos. Y ya cuando una vez se vea que en el juicio no hay mucho futuro, en el sentido de que hay muchas pruebas que incriminan a la municipalidad, bien ahí podríamos llegar a un acuerdo. Pero no antes", indicó.
En tanto, el concejal Luis Aguilera, quien votó a favor de otorgar la patente al establecimiento nocturno el 2019, manifestó su preocupación por el daño al presupuesto comunal.
"He de esperar que el detrimento no afecte de sobremanera nuestro patrimonio municipal. Sobretodo ahora que se necesitan recursos para mejorar las condiciones de infraestructura de nuestros establecimientos educacionales y las condiciones laborales de nuestros profesionales de la educación", indicó.
En esa misma línea, la concejala Natalia Sánchez sostuvo que la apertura del término probatorio del caso puede, eventualmente, generar ahorro de recursos municipales que pueden ser orientados al sector educacional
"Rechazamos las bases de acuerdo pues según asesoría jurídica existen importantes probabilidades de ganar o pagar una suma menor, cuestión relevante al conocer el déficit que existe por ejemplo en la CMDS con casi 4600 millones. Me parece importante poder concretar la modificación a la ordenanza de alcoholes que permita a la comunidad tener mayor decisión sobre estos permisos, así como la pronta presentación del plano regulador que nos permitirá definir los usos de suelo, para este tipo de actividades", sostuvo.
"Hasta el momento no tenemos parámetros objetivos. La sentencia puede ser mucho mayor a los 860 millones, pero también puede ser mucho menor".
Marcelo Pizarro, Director jurídico IMA