Combate a la corrupción
La fuga de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, visibiliza una sentencia ejemplarizadora contra quienes abusan de la fe pública en el ejercicio de sus cargos. Con ello evitó ingresar a la cárcel, pero no el juicio público, de un electorado que la puso en el más alto cargo comunal, que siguió su caso y coincide en que los fallos judiciales se deben respetar.
El rechazo de la Corte Suprema al recurso de nulidad interpuesto por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo para evitar que cumpliera una pena de cinco años y un día de cárcel fue un golpe duro para la exedil y una señal potente contra quienes en el ejercicio de sus funciones públicas cometen delitos en perjuicio del Fisco. El caso tuvo una duración de casi cinco años en que mediante pruebas, declaraciones de testigos y revisión de documentos se constató que hubo desvíos de recursos de la CMDS para fines políticos personales, lo que implicó un fallo del Tribunal Oral en lo Penal de pena de presidio efectivo.
La última opción para evitar la ejecución del fallo fue la nulidad, pero el rechazo de la Suprema echó por tierra las aspiraciones de la defensa de la imputada, quien la jornada del miércoles pasado abandonó el país con destino a Europa. No existía orden de arraigo y su salida fue por las vías normales.
Con ello evitó ingresar a la cárcel, pero no el juicio público, de un electorado que la puso en el más alto cargo comunal, que siguió su caso y coincide en que los fallos judiciales se deben respetar.
Su salida al extranjero, que es una situación grave, no resta importancia a lo definido por los tribunales y que va en sintonía de las comunidades que sienten que lo casos de corrupción deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Demostrar que la justicia opera y que es ciega respecto a los que delinquen.
No es posible que quienes llegan a cargos de elección popular cometan ilícitos, que se gasten recursos de todos los contribuyentes, de sus ciudadanos con intereses mezquinos y traten de quedar en la impunidad. Eso no es lo quiere la gente.
Lo que esperan es que respondan a su confianza y que si postularon al servicio público lo hicieron por vocación y no para servirse. Y si alguien cruza ese umbral deben atenerse a las consecuencias en la proporcionalidad que significa no haber respondido a la confianza depositada en ellos.
Combatir la corrupción en sus diversas expresiones es una exigencia. Se limpian las instituciones y se crea el precedente que el delito no es gratuito.
Chile necesita contar con organismos e instituciones fuertes, que no sean corruptibles y que todos los esfuerzos se concentren en el bien común, el que pareciera siempre ocupar lugares secundarios.