El Gobierno de Estados Unidos aseguró que las protestas planeadas para el próximo mes en Cuba son una "oportunidad" para que las autoridades de La Habana escuchen las frustraciones de los cubanos, de quienes elogió su voluntad para "mostrar pacíficamente el poder de sus voces" tras la "violenta represión" de julio.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las acusaciones de este fin de semana por parte del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre que Washington tiene un papel activo en la organización del "esquema desestabilizador" contra Cuba, dentro del que enmarcó la marcha programada para el 15 de noviembre.

"La manifestación en Cuba del próximo mes será una muestra no de los deseos del Gobierno de EE.UU., sino de las necesidades no satisfechas del pueblo cubano", dijo Price.

El funcionario agregó que La Habana debería ver estas manifestaciones como "una oportunidad para escuchar" y "no como un ataque".

Sin embargo, las autoridades cubanas negaron el permiso para la realización de la marcha por considerarla "ilícita".

Pero en un desafío al Gobierno, los activistas anunciaron la semana pasada que mantendrán la convocatoria, que tendrá apoyo desde Miami, y tiene como objetivo pedir el respeto a los derechos y liberación de los presos políticos.

Uno de ellos es el rapero cubano Maykel Osorbo, "El Osorbo", que está nominado a los premios Latin Grammy, pero permanece preso en Cuba desde mayo por lo que inició una huelga de hambre y sed.

"Soy un preso político sí, soy un preso de consciencia sí y estoy preso en Cuba por una canción que inspiró a un pueblo", aseguró el rapero en referencia a la canción "Patria y Vida" que fue el "himno" de las protestas de julio y le significó su nominación en dos categorías en los Latin Grammy.

El viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, calificó de "chantaje" la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se eleva a un millón de euros al día mientras mantenga su Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo.

En julio, la Justicia comunitaria ya había considerado ese organismo contrario al derecho de la Unión Europea (UE) y dictó medidas cautelares cuyo cumplimiento consideró ahora "necesario para evitar un daño grave e irreparable" al ordenamiento jurídico de la UE y a sus valores.

El caso llegó a la más alta instancia jurídica comunitaria después de que la Comisión Europea consideró que la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías para protegerlos del control político.

El régimen y la Cámara disciplinaria en la que se aplica permite que los magistrados estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

Además, ese régimen disciplinario no garantiza la independencia e imparcialidad de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que está compuesta solo por jueces seleccionados por el Consejo Nacional de la judicatura, nombrado por el Parlamento polaco.

En este contexto, Kaleta aseguró que "el TJUE desprecia e ignora por completo a la Constitución polaca y las sentencias del Tribunal Constitucional. Actúa fuera de sus competencias y abusa de las sanciones económicas y otras medidas provisionales".

"Esta es la siguiente fase de una operación para impedir la soberanía de Polonia en su propio sistema de Estado, es una usurpación y un chantaje", concluyó el viceministro.

Es la tercera sanción a Varsovia, pues con anterioridad se le impuso una sanción de 100.000 euros diarios y otra multa, de 500.000 de euros al día por otras razones.