Un desfavorable informe emitió la Corte Suprema sobre el proyecto que busca indultar a los imputados o condenados por delitos cometidos en el marco de las manifestaciones del estallido social, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, iniciativa aprobada en general por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

El documento advierte sobre la dificultad para acreditar las circunstancias en que procedería aplicar el beneficio, por la amplitud de conceptos como "protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales".

Los supremos también objetan la idea de quitar la condición de "condenados" a quienes sean beneficiados. "La gracia de indulto solo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes", dice el documento, explicando que dicha extinción de responsabilidad penal es más bien propia de la amnistía.

También se rechaza el planteamiento de que queden revocadas las medidas cautelares de los imputados por el solo hecho de solicitar su revisión. Según los magistrados, dicha norma reduce el rol del juez al de "un certificador".

"Esta Corte Suprema no puede dejar de advertir la improcedencia de promover una iniciativa legislativa como la que se revisa, que pretende abarcar tanto las situaciones afinadas como aquellas pendientes", concluye el informe, señalando que se trata de hechos que sólo competen a los tribunales.

El pronunciamiento del tribunal superior se suma al rechazo expresado por el gobierno. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró en radio Duna que el proyecto "lo que busca es la impunidad".

"La señal que damos es muy equívoca: el proyecto dice que aquellos delitos graves cometidos en el contexto o con ocasión de una manifestación son impunes (…) Aquí hay delitos de lanzamiento de bombas molotov, de saqueo, de homicidio frustrado, que acabarían dentro de este proyecto", argumentó el subsecretario.

La sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reajuste al salario mínimo, sin embargo rechazó el 3,2% propuesto por el Gobierno.

La fórmula del Ejecutivo aumentaba el sueldo básico desde $326.500 actuales a $337.000, cifra considerada insuficiente por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que aboga por un salario de $500.000, y por la mayoría de los legisladores.

La cámara baja también rechazó el otro componente con que el gobierno apostaba a complementar el acotado reajuste: el aumento de los montos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), subsidio que entrega el fisco para permitir que todos los trabajadores asalariados ganen al menos $300.000 líquidos.

El texto gubernamental proponía aumentar de $40.000 a $50.000 los aportes del IMG, elevando también los topes de ingresos brutos que se establecen como techo para poder acceder al beneficio. Al ser rechazados dichos artículos, el proyecto avanzó al Senado sólo con las disposiciones relativas a las asignaciones familiares.

Pese a lo anterior, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, valoró la voluntad de diálogo de los legisladores. En la misma línea se manifestó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien destacó que "Empezamos a tener algo más de acuerdo y creo que eso es positivo". Cerda defendió la idea de complementar el salario mínimo con el aumento de los subsidios contemplados en el IMG.

Redacción

La Cámara de Diputados inició el trámite de los primeros proyectos de la denominada "agenda de mínimos comunes", cuyo contenido anunció la noche del miércoles el presidente Sebastián Piñera (ver recuadro).

El texto que aumenta la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ingresó ayer a la cámara baja con discusión inmediata, y será revisado en primera instancia por las comisiones de Desarrollo Social y la de Hacienda.

Paralelamente, el Ejecutivo ingresó el proyecto que establece medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicha iniciativa también cuenta con discusión inmediata y pasó a la Comisión de Hacienda.

La discusión legislativa se inicia en un ambiente marcado por la mala recepción que tuvieron los anuncios del gobierno en la oposición, donde consideraron como "insuficiente" y "débil" el nuevo paquete de ayudas.

Así lo planteó la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien lideró las conversaciones con el gobierno representando a las fuerzas opositoras. La postura de la legisladora fue criticada por La Moneda, donde acusan intereses políticos debido a que Provoste ha sido mencionada como posible carta presidencial de su partido, tras la bajada de Ximena Rincón.

"Me parece que está hablando más bien la candidata que una líder que tiene que sentarse a negociar", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en entrevista con 24 Horas.

El secretario de Estado agregó que "me parece débil que a los pocos minutos del anuncio saque una hoja que parece que hubiese estado tipeada desde varias horas antes y que hubiese criticado cualquier cosa que se hubiese presentado".

En una línea similar se manifestó el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio: "Hay un cambio de tono muy grave en ello, quizás es por el fracaso de la lógica electoral de las primarias y no nos gustaría que se confundiera un anuncio tan relevante para las familias chilenas, que da certezas, con la lógica presidencialista, de campaña".

La senadora Provoste contestó al ministro Delgado asegurando en Chilevisión que "no voy a renunciar a mi rol como presidenta del Senado por las películas que él se pueda pasar".

"No traten de esconder con otro tipo de comentarios o desviar la atención respecto de la debilidad de las propuestas. El gobierno tiene que explicar por qué teniendo los recursos hoy no tiene una acción o un apoyo decidido a las familias de nuestro país, a las empresas de menor tamaño y el mejoramiento de la estrategia sanitaria", añadió la parlamentaria.