Con el apoyo transversal de los representantes regionales, y luego de dos jornadas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que busca crear un royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio.

En total, la iniciativa contó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, y ahora regresó a la Comisión de Minería de la Cámara para su discusión en particular.

La moción fue presentada el 2018 por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Esteban Velásquez, y busca establecer una compensación a favor del Estado por la explotación minera equivalente al 3% del valor de venta.

El documento apunta que un 50% de esta compensación se destine al Fondo de Convergencia Regional, con el que se financiaría obras de desarrollo regional y comunal de las zonas mineras del país.

En tanto, la otra mitad se ocupará en obras de mitigación, reparación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad en las comunas donde se desarrolla la extracción de los minerales.

Luego de que se revise el documento en la comisión, pasará nuevamente a la Sala para votar sus indicaciones. De ser aprobada, continuará su trayecto a la Comisión de Minería del Senado. Si el proyecto también es admitido en este trámite, pasará a la Cámara Alta.

Reacciones

El diputado Esteban Velásquez, quien presentó la iniciativa, comentó que "este proyecto tiene historia. Surge hace más de 10 años en la región, en Calama y Antofagasta. Con ciudadanos organizados y académicos de las universidades. Mucha gente estuvo involucrada".

"Este proyecto representa a todas las regiones del país, pero especialmente a las regiones del norte, como Antofagasta. Y particularmente nuestra zona da un paso importante, con una mayoría histórica de 91 parlamentarios de todos los colores políticos (que aprobaron la moción)", añadió el parlamentario.

"Puede ser histórico para la región", concluyó Velásquez.

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) sostuvo que "no podemos seguir regalando nuestros recursos naturales no renovables a la Gran Minería. Por eso, la aprobación de este proyecto que presentamos el 2018 es un paso importantísimo para el país, en especial, para las comunas donde se explotan estos recursos".

Con respecto a que el Gobierno haya declarado que el proyecto era inconstitucional, Pérez comentó que "la semana pasada presentamos un proyecto de reforma constitucional, que modifica la iniciativa exclusiva, lo que nos permite seguir avanzando"

Sobre este punto, la parlamentaria Marcela Hernando (PR) manifestó que "sabemos que el Gobierno ha hecho las prevenciones de que lo va a declarar inconstitucional. No obstante, nosotros hemos seguido insistiendo en que es perfectamente constitucional. Es un tema que se tiene que discutir".

Hernando argumentó que el hecho de que el Ejecutivo lo vea inconstitucional "se entiende en la dinámica de la protección de las empresas y del cómo ellos se han comportado siempre respecto a no subir los tributos. Sin embargo, hubo 91 votos a favor. Ampliamente tuvimos votos de derecha para apoyarlo".

En el lado oficialista, la diputada Paulina Núñez (RN), explicó que votó a favor porque "estoy convencida de que a las compañías mineras se les deben pedir un mayor esfuerzo en plena crisis sanitaria" y añadió que " estos recursos tienen que llegar a la Región de Antofagasta y las otras zonas mineras".

La parlamentaria señaló que "comparto el fondo (del proyecto), de que se metan la mano en el bolsillo y hagan un mayor esfuerzo". Aún así, recalcó que "los parlamentarios no tenemos atribuciones para crear nuevos impuestos para generar nuevos tributos. Por esto, el llamado es al Gobierno, a que se siente con las compañías mineras, con la Sonami, y puedan entregar mayores recursos sin necesidad de esta ley".

Una opinión más discreta tuvo el diputado José Miguel Castro (RN): "No hay que generar falsas expectativas a la ciudadanía. En la discusión se vio que el proyecto tiene bastantes vicios de inconstitucionalidad, lo que podría llevar a un retraso o a que no vea la luz. Pero esto no quiere decir que no se apoye una iniciativa como ésta. Creo que va con nombre y apellido a las grandes mineras, para decirles que no han dado lo suficiente".

Por lo anterior, Castro recalcó que el apoyo del oficialismo se debería entender como un "voto político y de rechazo (hacia las grandes mineras), a su poca contratación de mano de obra local y gestión de los recursos medioambientales".

Aún cuando el proyecto del royalty minero tuvo 91 votos a favor en la Cámara de Diputados, desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), catalogaron como "lamentable" este apoyo.

Su presidente, Diego Hernández, dijo que "es una decisión desacertada y una demostración que el mundo político está mirando el corto plazo, lo cual va en sentido contrario de lo que deben ser las políticas públicas, particularmente para el sector minero y el país".

"Es lamentable que los diputados y diputadas hayan preferido atender argumentos populistas y poco realistas, en lugar de argumentos técnicos que avalan el efecto negativo que tendría para el sector la aplicación de un royalty a las ventas", agregó Hernández.

"Esperamos que en los siguientes procesos de tramitación de este proyecto, de discutida constitucionalidad, prime la cordura y se mantengan las reglas para recuperar la inversión en este periodo post pandemia, ya que es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica a los inversionistas", concluyó el representante gremial.

Consejo Minero

En tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó a Emol que "es necesario ser muy responsables. Analizar con profundidad la competitividad de nuestra carga tributaria, sensibilizar los efectos de su incremento y tener mirada de largo plazo, aquella que no sacrifique el crecimiento futuro del sector por satisfacer necesidades de muy corto plazo".

Villarino dijo que, si bien desde el gremio están abiertos a analizar la idea de aplicar un nuevo gravamen a la industria minera, según sus proyecciones, "un royalty como el del proyecto dejaría la carga tributaria del sector minero chileno como la más alta del mundo".

"Si a eso le sumamos la baja productividad, la ineficiencia en la aprobación de permisos, la necesidad de inversiones para tener acceso al agua de mar, el costo que impone la sustentabilidad, el alto precio de la energía, el incremento inminente del costo laboral por mayores cotizaciones, el impuesto del 1% sobre inversiones mayores a U$ 10 MM aprobado el año pasado y el envejecimiento de los yacimientos, la verdad es que todo indica que el impacto en el mediano y largo plazo no será el de promover el crecimiento del sector", concluyó