La plataforma iCovid Chile, proyecto que lideran la Universidad de Chile, Universidad Católica y la Universidad de Concepción, actualizó sus registros con información hasta el pasado domingo 6 de diciembre y reportó que a nivel nacional se observa un aumento de casos nuevos de coronavirus en torno al 8%, con las regiones de La Araucanía, Biobío y Coquimbo a la cabeza. La Metropolitana, en tanto, registró según este informe 7,4% de aumento en relación a la semana anterior.

Cristóbal Cuadrado, médico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, declaró que se observan "signos de reaceleración de la pandemia con indicadores de contagio al alza o consistentemente altos en la mayor parte de las regiones del país, afectando particularmente la zona centro-sur y sur. En el caso de la Región Metropolitana, que recientemente ha sufrido un retroceso en el Plan Paso a Paso, se observa una tendencia al alza, empujada particularmente por la situación en el Gran Santiago y algunos Servicios de Salud como el Metropolitano Central".

El indicador de transmisión (R efectivo) se mantiene con valores sobre 1, con un incremento de 1,04 a 1,05 en la última semana a nivel país, mientras que a nivel regional las medianas más altas se observan en Coquimbo (1,45), Aysén (1,24), Tarapacá (1,19), Valparaíso (1,19) y Antofagasta (1,16).

"puede descontrolarse"

En el reporte que entregó ayer el Ministerio de Salud, el ministro Enrique Paris dijo que "los datos nos muestran que la Región Metropolitana está en un nivel crítico y está creciendo a un nivel que hace tiempo no habíamos visto".

Paris explicó que los casos semanales en la capital aumentaron 53% entre el 14 de noviembre y el 10 de diciembre, pasando de 1.765 a 2.698, y que el factor R, que mide la capacidad de contagio que tiene una persona infectada, se sitúa por encima del 1 (hasta 1,14%), un umbral a partir del cual la pandemia puede descontrolarse. "Las decisiones hay que tomarlas ahora para frenar la propagación del virus", agregó el ministro.

Santiago, que en junio estuvo al borde del colapso sanitario, llevaba tres meses en pleno retroceso de la pandemia y apertura gradual de la economía, pero este jueves retrocedió a Fase 2. "Esta pandemia no se ha acabado, vamos a fiscalizar con mucha fuerza, pero ninguna fiscalización suple el compromiso que cada uno tenga", indicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

El Gobierno calcula que una segunda ola podría llegar en enero y ha elaborado tres hipotéticos escenarios, siendo el más grave el que contempla un máximo de 9.000 casos diarios. Este escenario podría llegar en enero y Paris explicó, en línea con reportes de expertos, que 11 regiones subieron sus casos activos en la última jornada.

Aunque las medidas de retroceso o avance en el Plan Paso a Paso se revisarán el 21 de diciembre y es probable que sean más estrictas en la zona central, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo en radio Cooperativa que "en pandemia es difícil poder planificar, y eso es una realidad (...) Esperamos que efectivamente se cumpla la cuarentena de los fines de semana, bien hecha. Si se cumple la cuarentena bien, si nosotros vemos que los indicadores de la Región Metropolitana" descienden, "probablemente esto nos da buenas señales para tener un enero más libre, con más libertades".

Dos abogados expertos en el tema laboral intervinieron ayer en el conversatorio "Derecho del Trabajo y Constitución" del ciclo Dilemas Constitucionales, que organizan la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UA y su Centro de Estudios para la Descentralización y el Proceso Constituyente, junto a este Diario.

Así, Claudio Palavecino Cáceres, abogado y profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Chile, manifestó que una Constitución es más bien una construcción sociológica, que plasma los valores y principios en un momento de las sociedades.

El académico dijo que en nuestro país existe un desajuste entre la Constitución material y los valores que nos reconocen como chilenos. "Toda la discusión es cómo vamos a calzar esos valores que nos distinguen como una comunidad política en un nuevo texto", destacó.

También Palavecino definió que las Constituciones tienen como finalidad limitar el poder público, por ello contienen ciertos derechos humanos fundamentales, como el derecho al trabajo. Comentó que en este tema debería existir una continuidad en lo que señala la Constitución de 1980 y lo que tendrá la nueva Carta Magna, debido a que tienen características más bien generales.

En los temas polémicos que deberán abordarse, el abogado comentó que estará qué sentido van a darle a la protección al trabajo. "Será protección del empleo, de la empleabilidad, o una protección del trabajador como es entendido en términos tradicionales", precisó.

También señaló que otro tema clave será la discriminación laboral, porque existe una confusión en la actualidad con la libertad de trato. "Es probable que aquí exista un replanteamiento conceptual, porque no todas las medidas son discriminatorias u arbitrarias por sí mismas".

Sindicalización

El académico enfatizó que quizás el debate más duro estará en la libertad sindical, ya que el texto actual reconoce la libertad de sindicalización sin distinciones. Agregó que también resulta controversial el ámbito de la negociación colectiva, porque la Constitución vigente hace una opción y la radica al interior de la empresa.

Claudio Palavecino precisó que otro tema polémico será el derecho a huelga, que no está reconocido constitucionalmente y quizás el nuevo texto legal realice un reconocimiento explícito al derecho a huelga.

En el debate también participó Rubén Gajardo Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas U. de Antofagasta y profesor Derecho Laboral y Seguridad Social UA, quien ahondó sobre lo que debería contener el nuevo texto en el tema derechos laborales.