Bien o mal los resultados de las primarias son definitivos, aunque el factor de bajísima participación, mucho menos de lo esperado, es evidente para obviarlo. Esto fue un golpe de realidad, después del activo evento del plebiscito del mes pasado.

Pero con la misma fuerza debe advertirse que la democracia sólo será fortalecida con más democracia, es decir, con el concurso de la ciudadanía movilizada en torno a los requerimientos e instituciones que este sistema -por imperfecto que sea- dispone.

Menos de 500.000 personas en el país sufragaron ayer en los distintos procesos abiertos para la elección de gobernadores regionales y alcaldes. Antofagasta, como es tradicional, tuvo una baja afluencia, lo que no es sorprendente considerando la historia electoral de los últimos procesos eleccionarios.

Los ganadores fueron, en la elección de la Unidad Constituyente para gobernador, el profesor Ricardo Díaz; en el proceso de Chile Vamos para el mismo cargo, el exintendente y abogado Marco Antonio Díaz; y en la votación de Chile Vamos para alcalde de la capital regional, el ingeniero Roberto Soto.

Lo positivo es que se trató de un proceso abierto transparente y relativamente informado; lo malo -como se detalló- es que da cierta impresión de que los eventos de primarias están o quedan demasiado determinados por el peso de los partidos y la organización que estos tengan para movilizar a sus partidarios en favor de un candidato.

Por la escasa magnitud de los votantes no queda la certeza que el debate de ideas sea el que llama a la población, sino apenas la coordinación activa del sistema de transporte. Y esto deslegitima un proceso que debiera ser profundamente ciudadano.

Esta es otra de las tantas paradojas que tiene el sistema.

El desafío para recuperar las confianzas es enorme, pero no debemos equivocarnos en el centro: el país, la región y nuestras ciudades deben seguir apostando por mecanismos democráticos para resolver los problemas; es la institucionalidad la que debe cuajar los diferendos que legítimamente existirán en las sociedades.

La democracia no es un sistema perfecto, tampoco es la norma. Por eso debe cuidarse y profundizarse.

Chile es y, seguirá siendo, uno de los países más gravemente dañados por la crisis climática. Es que la megasequía que azota al país por más de una década, los incendios forestales que destruyen miles de hectáreas de bosques, afectando su flora y fauna; los aluviones, temporales y temperaturas extremas, han sido solo algunas de las consecuencias. El gran responsable es el ser humano y debemos hacernos cargo, aunque pertenezcamos a un lejano rincón del planeta y no aportemos más del 0,26% del CO2 mundial.

Naciones Unidas advirtió que la Tierra podría ser un "infierno inhabitable" ya que en los últimos 20 años se produjeron 7.348 desastres naturales en el mundo, aumentando peligrosamente a un 74,4%. Catástrofe que cobró 2,3 millones de vidas humanas y afectaron a más de 4.200 millones de personas, generando pérdidas económicas por casi US$3 trillones.

En este escenario, nos deberemos obligar y exigir, que la nueva Constitución resguarde la convicción de que nuestro gran bien común; nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza y medioambiente, son invaluables. Deberemos garantizar el cuidado y protección del lugar donde vivimos y el que queremos entregar a las futuras generaciones. Las dimensiones ecológicas y sociales deben ser un rango de máxima jerarquía en la nueva Carta Magna y un concepto que debe conducir a un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.

Asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y preservar la naturaleza, son deberes del Estado, presentes en la actual Constitución. Sin embargo, nuestra historia medio ambiental ha develado que no por ello, la tarea queda resuelta. Afortunadamente, poco a poco la conciencia verde y la instalación de una economía sostenible se está arraigando fuertemente en nuestra sociedad y muy positivamente en el mundo empresarial.

El gran desafío de nuestro proceso constitucional debe incluir y poner en valor, la protección de los ecosistemas, contemplar el mantenimiento y la recuperación de los bienes comunes, la producción, extracción y consumo sostenible y, por supuesto, la equidad social frente al medioambiente.

Hay que asentar, las bases del respeto por la madre tierra y sus comunidades a través del Estado, y que se consolide transversalmente en todas las áreas y disciplinas. Un cambio cultural clave para el futuro de Chile donde ya se está instalando el impulsar un sistema financiero orientado a la inversión sostenible que se ocupa del crecimiento económico, del cuidado de la salud de las personas, la reducción de emisiones y el pilar social.

Así, el gran desafío país es aprovechar esta oportunidad histórica para converger e inspirarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa la Agenda 2030 de la ONU, y así, transformarnos en líderes de una nueva era para Chile y la humanidad.

Recientemente se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Conmemoración que tiene una connotación especial en contexto de pandemia, considerando el impacto negativo que ha tenido este período en la reinserción laboral femenina, como lo demuestran distintos estudios que se han publicado en el último tiempo, donde se constatan las dificultades que tienen las mujeres para buscar y encontrar trabajo.

Pero el desempleo es un problema que afecta a muchos chilenos en la actualidad (hombres y mujeres), que requieren de apoyo y alternativas para enfrentar el dilema de no generar ingresos. Una de las herramientas que aparece como solución en momentos de crisis es la posibilidad de iniciar un proyecto propio.

Aunque emprender no solo requiere de una idea y de la voluntad para concretar una iniciativa que se tiene en mente, también se necesitan recursos para financiar una determinada propuesta. En definitiva, es primordial un primer empujón para impulsar un proyecto.

Ya sea por falta de información o desconocimiento, muchas personas y organizaciones de la sociedad civil ignoran que anualmente existen distintos fondos estatales que permiten financiar iniciativas que tengan un impacto positivo en sus respectivas comunidades.

Para acercar esas fuentes de financiamiento a la ciudadanía, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera optó por reunir esos fondos concursables en una completa guía que elabora desde el 2018 la División de Organizaciones Sociales.

Documento que este año aglutina 71 fondos de 16 ministerios, donde las personas y organizaciones sociales pueden conocer cada uno de ellos, en qué consisten y los requisitos para postular. En total, son más de mil 100 millones de pesos destinados a promover proyectos de alto impacto social, que van desde iniciativas de reciclaje para el cuidado del medioambiente, de infraestructura para mejorar sedes sociales, hasta emprendimientos de ayuda social. Guías que en el actual contexto de pandemia, están siendo distribuidas mayoritariamente de manera digital a lo largo del país, con el propósito de que lleguen a la mayor cantidad de personas y organizaciones. Además, se puede descargar desde el sitio web de la División de Organizaciones Sociales (www.dos.cl).

Estos fondos para emprendimientos sociales pueden marcar una diferencia favorable en tiempos de pandemia. Hoy en Chile existen más de 300 mil organizaciones sociales activas, y es de interés del gobierno fortalecerlas en beneficio directo de los chilenos y sus comunidades en todo el territorio nacional, fomentando la participación ciudadana y fortaleciendo la democracia.