Las Universidades Estatales generan bienes públicos para el país en la formación, investigación y vinculación con el medio con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura regulados por la Ley 21.094.

De acuerdo con este mandato legal, su función va estrechamente ligada al desarrollo y progreso de la nación y constituyen la principal fuente de generación de conocimiento en las más diversas disciplinas. Cumplen además la tarea de formar el capital humano avanzado que debe sustentar el avance y crecimiento del país.

Sin duda esta es una misión robusta que como Universidad de Antofagasta llevamos adelante con entrega y compromiso. Así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia institucional y particularmente en este tiempo de crisis que nos ha tocado enfrentar y que ha dejado en evidencia la importancia de la labor que cumplen los profesionales y graduados que hemos formado, el desarrollo científico y tecnológico que hemos logrado como aporte al desarrollo del país.

Es por esta razón que la sustantiva rebaja de recursos contemplados por el ejecutivo para el Presupuesto de Educación Superior del año 2021 contradice los objetivos de desarrollo del país. Si bien esta partida presupuestaria aún no se aprueba, no se ha logrado ningún cambio al proyecto inicial, pese a los esfuerzos desplegados para velar por la sustentabilidad de nuestros proyectos educativos y el rol que por mandato legal debemos cumplir.

Si bien aún está pendiente la discusión particular del articulado del proyecto de ley, nos sorprende que además se incluya una indicación del ejecutivo que establece que las universidades estatales deberán remitir información mensual a la DIPRES, respecto de las remuneraciones de los funcionarios y servidores a honorarios, una nueva exigencia para justificar los gastos, cuando ya somos rigurosamente fiscalizados por instancias como la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Educación Superior y esa información es publicada por todas las instituciones públicas por medio del portal de Transparencia.

Somos instituciones del Estado de Chile y se necesitan recursos para los desafíos que el país requiere enfrentar para apoyar a sus ciudadanos. Sin embargo, esta rebaja de recursos, cuyo fin es financiar instituciones de educación superior privadas mediante la matrícula, significará un nuevo y duro golpe, que afectará principalmente a las universidades regionales, que ya arrastran un déficit significativo, por lo que ponen en serio riesgo su estabilidad.

Esperamos que en estas últimas instancias de la discusión parlamentaria, se puedan recoger nuestros planteamientos, y así evitar que nuestros planteles se vean seriamente afectados.

La semana pasada miramos la sostenibilidad desde un punto de vista de las empresas, y los esfuerzos que deben hacer para que la inversión en nuevos proyectos se base en los principios que actualmente guían al mundo desarrollado en estas materias. Gracias al reconocimiento a nivel mundial, las empresas que ponen en práctica medidas de sostenibilidad ambiental generan una importante imagen de marca y, por ende, un gran prestigio.

Por lo tanto, de manera general, se puede concluir que apostar por la sostenibilidad es invertir en el futuro. Pero la sostenibilidad en realidad implica analizar y gestionar toda actividad humana, que afecte de alguna manera al entorno donde ésta se desarrolla. Ahora bien, cualquier actividad que se realice tiene un carácter territorial, pues forma parte de un sistema con características propias. Lo cual significa que hay que considerar esas particularidades para planificar y gestionar las acciones que se desarrollen en un territorio dado, de manera que estén de acuerdo con los principios que rigen para la sostenibilidad ambiental.

De ahí que el Ordenamiento del Territorio Nacional debe implementarse como instrumento fundamental para el desarrollo sostenible, y debe tomar en cuenta toda previsión de futuro que pueda perturbar dicho territorio. Todo ello con el objetivo claro de evolucionar hacia la cohesión social y económica, equilibrando también la competitividad territorial (es decir, la sustentabilidad del territorio). La intención acá es generar un modelo que sea compensado, y que reduzca al mínimo necesario la demanda general por infraestructura, manejando las diversas demandas por parte de los ciudadanos y progresando hacia la sostenibilidad ambiental real.

Dicho de otra manera, es preciso que se disminuya el impacto que las personas imponen a la naturaleza, y una de las formas es manteniendo la huella ecológica por debajo de la capacidad bionatural del sistema. Así, el impacto generado será mucho menor y, por lo tanto, asumible por la naturaleza. Para ello hay que actuar de forma preventiva, tomando medidas concretas para proteger el sistema territorial y disminuir la huella ecológica. El mundo está observando y va a premiar a los países que tienen en cuenta estas consideraciones, dentro de sus sistemas productivos. Hay que tomar providencias para protegernos del cambio climático inevitable que se avecina.

Uno de los aspectos más importantes de la sostenibilidad es la integración de los humanos con el entorno, de manera que puedan entenderse como dos partes de un mismo sistema, y no de manera superpuesta. El fin último es que sean lo humanos quienes se adapten al entorno, considerando que antes que cualquier actividad existía el medioambiente, por lo que si esta adaptación no es viable, la actividad no debe ser desarrollada en dicho espacio.