En pocos meses más, la región contará con algo más de 100 kilómetros extras de doble vía gracias al desarrollo del tramo que une al sector del Oasis con Calama. Ese recorrido se unirá al que ya existe entre ese sector pampeano y Antofagasta.

Como sabemos, caminos de este estándar existen desde la capital regional hacia La Negra y Nudo Uribe y camino a Mejillones por la Ruta 1, hasta el acceso sur, faltando el enlace hacia el terminal portuario y la ciudad.

Demasiado poco para una región con una actividad industrial intensa.

Tal carencia implica pérdida de tiempo, de competitividad y seguridad. Es conocido s que el trayecto hacia la capital de la Provincia El Loa es uno de los más peligrosos del país, lo que confirman las cifras de víctimas fatales y heridos de cada año.

Considerando las demandas de la minería, de las energías renovables no convencionales y en el futuro próximo con el desarrollo del corredor bioceánico que nos unirá con Sao Paulo, Brasil, pasando por el norte argentino y Paraguay e influyendo en el sur de Bolivia y Uruguay, parece obvio que nuestra infraestructura debe prepararse para ello. No sólo por el tránsito de mercadería, también por la activación que tendrá el turismo desde esas naciones.

Definitivamente, la iniciativa permitirá abrir más posibilidades para que el Norte Grande, en especial nuestra Región de Antofagasta, se consolide como una gran plataforma para el conosur latinoamericano. Las ventajas que ofrece nuestro país para ese tránsito son enormes, ya que las mercancías de los países citados llegarán en tiempos más breves que los actuales al salir directamente por el Pacífico. Este ahorro en tiempo implica en la práctica, un ahorro en dinero.

Afortunadamente hay otros proyectos de la misma índole, aunque en etapas más primitivas: la conexión de Antofagasta a Caldera y de Antofagasta a Iquique, lo que extenderá la Ruta 5 en un estándar internacional, cuestión que será de beneficio para toda la población del Norte.

Es el momento de seguir avanzando en ello.

Las políticas sociales de salud y la participación política están asociadas con cada sistema político y se relacionan con los resultados en la salud pública. Pero, hay una falta de evidencia o estudios de la relación entre política y los resultados.

Las afirmaciones y los llamamientos para la formulación de políticas sobre salud pública para la nueva Constitución ya están descritas en las revistas de salud pública, sin embargo, nuestro conocimiento de las soluciones más propicias para el uso apropiado de la evidencia médica, sabemos que serán incompletos y fragmentados, si no se fomenta la participación por parte de funcionarios que evalúan y participan a diario en salud, incluyendo factores técnicos y políticos relacionados con la salud pública. La ausencia de ellos en el contexto de formulación de políticas puede afectar estos procesos sin lograr localizar, sintetizar e interpretar el trabajo histórico realizado y quizás nunca lograremos formular políticas de salud pública como el país las necesita.

Para los propósitos de esta discusión constituyente, las decisiones de política de salud pública serán aquellas que se tomarán con el objetivo explícito de promover la salud de la población.

Debe ser fundamental que aquellos que sean elegidos Constitucionalistas y tengan especialidades en salud pública, tomen en cuenta que es hora de reconocer la importancia ampliamente apreciada de los factores sociales de la salud que influyeron por ejemplo en el desarrollo de la pandemia, y entendiendo que las decisiones políticas tomadas en los ministerios a puertas cerradas, pueden tener impactos significativos sobre salud de la población. Por otra parte, se deben incluir estudios de los formuladores de políticas públicas de carteras aparentemente no relacionadas con la salud, pero cuyas sus decisiones y resultados si impactan fuertemente en la salud pública, como el medio ambiente, el transporte y la seguridad. La salud comienza donde vivimos, trabajamos, aprendemos y jugamos, mucho antes de que visitemos el consultorio del médico o caminemos hacia nuestras farmacias locales.

Estas condiciones se conocen como determinantes sociales de la salud: los recursos sociales y económicos, como la vivienda, la educación, el acceso a los alimentos y el transporte, que respaldan la salud pueden determinar la duración y la calidad de vida. Con demasiada frecuencia los recursos y servicios quedan lejos de las personas. Muchas de las inequidades en salud que experimentan los pueblos indígenas, las personas de bajos ingresos y otras poblaciones vulnerables se deben a la falta de una distribución adecuada de los recursos sociales, arraigada en una historia de discriminación a nivel individual, institucional y estructural. Estos factores sociales y económicos tienen un impacto significativo en la salud a nivel individual y comunitario

Diseñar políticas socialmente inclusivas, considerar las oportunidades del mercado laboral y mejorar el bienestar de la población son estrategias recomendables para los elegidos que desean optimizar los resultados de la salud pública.

La Región de Antofagasta, como el resto del país, enfrenta las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria más importante de las últimas décadas. Lo anterior se suma a los coletazos del estallido social de octubre de 2019, sumado a los crecientes impactos del cambio climático.

El cuadro, que a primera vista parece inquietante, generó en el mundo político una respuesta económica sin precedentes, que significó planes de estímulo fiscal, reforzamiento de los sistemas de salud y el mantenimiento de los ingresos de las familias. Uno de los pilares de la agenda gubernamental fue intentar proteger el empleo, aumentando la inversión pública e incentivando la inversión privada para impulsar la reactivación.

Pero ese concepto, al que anhelan en general economistas, políticos y la comunidad en general, requiere "una vuelta" en el modo en que se diseñen e implementen estas medidas. Para Sistema B, organización latinoamericana sin fines de lucro que propone una economía que pueda crear valor integral para el mundo, promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo. Una reactivación de mejor impacto requiere no sólo volver a producir la riqueza y recuperar los trabajos que la región exhibía antes de la crisis, sino que esta debe ser sostenible y verde.

Como Comunidad B Antofagasta, iniciativa impulsada por GEDES, Sistema B y CORFO Antofagasta, creemos en un enfoque de desarrollo sostenible que vincula a la economía, la sociedad y el medio ambiente en un camino de "triple impacto", en una travesía que incorpore beneficios económicos, ambientales y sociales. En este sentido, creemos en utilizar la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales y en una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza.

Lo que proponemos es redefinir el sentido del éxito en los negocios. No se trata de demonizar el lucro; muy por el contrario. La respuesta es que el rendimiento financiero pase a ser entendido no como el fin último, sino que también persiga beneficios como impacto en la sociedad y el medio ambiente de un modo medible y escalable. Para esto nacieron las Empresas B, que en conjunto generan una comunidad de organizaciones que están apostando por redefinir el éxito en los negocios. Desde hace un tiempo estamos trabajando para generar una Comunidad B en Antofagasta, ofreciendo una visión positiva y una nueva manera de hacer negocios.

Avanzar en este camino, sobre la base de datos confiables y mejores estándares de transparencia, tanto desde el Estado como en las empresas e inversionistas, le dará un nuevo aire al ecosistema económico de la región, facilitando la recuperación de la confianza de la ciudadanía a través de incentivos adecuados para alinear recursos y acciones en pos de una mejor comunidad.