Constanza Caldera Pfeiffer

Carla Aguirre (45), trabaja hace varios años en un tienda de ropa en el centro de Antofagasta. Cuando se inició la pandemia en marzo, el local prontamente debió cerrar. Por lo que tuvo que acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

"Mis ingresos han disminuido sustancialmente estos tres meses. Ha sido muy complicado, por suerte nosotros no pagamos arriendo, pero tengo muchas compañeras de trabajo que sí. Pero la mayoría seguimos teniendo los mismos gastos: mensualidad de los colegios (tiene dos hijos), alimentación y consumos básicos. Ojalá esto termine pronto, para que podamos volver a trabajar, indicó.

Aguirre forma parte de las 12.388 solicitudes aprobadas por "suspensión de contrato" que suma la Región de Antofagasta en el marco de la Ley de Protección al Empleo.

En el país totalizan 693.139 al 19 de julio, ubicándose así en el octavo lugar (ver gráfico).

Así lo informa la ficha estadística semanal elaborada por la Superintendencia de Pensiones, la cual detalla que del total de solicitudes aprobadas en la región, 6.443 corresponden a acto de autoridad y 6.126 a pacto de suspensión contrato.

A esta cantidad se suma el número de trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas por "suspensión de contrato" en la región al 17 de julio, la cual alcanza las 194 de un total de 16.789 en el país (33 por acto de autoridad y 161 por pacto suspensión contrato).

Asimismo, se agrega el número de trabajadores con reducción de jornada laboral, que en el caso de la región suma 791 de un total de 39.174 a nivel nacional.

De esta manera, la región alcanza las 13.373 solicitudes en el marco de esta ley iniciada en abril pasado.

Reacciones

Los rubros que más se han acogido a esta ley en el país son comercio, turismo, construcción y servicios de alojamiento.

El director de la Cámara de Comercio de Antofagasta, Antonio Sánchez, indicó que estas cifras reafirman la compleja situación que enfrenta la región por la pandemia.

"Es una señal más de lo mal que está la situación especialmente para nuestro sector. Hay que considerar que se trata de personas que están recibiendo la mitad o tal vez menos de sus ingresos, que se suma a la cifras de desempleo y a quienes se han retirado de la fuerza de trabajo ", manifestó.

Sánchez agregó que estos números explican además la gran cantidad de ollas comunes.

"Es muy preocupante toda vez que no hay luces de mejora. Porque hay algún tipo de comercio que tal vez en la medida que se bajen las cuarentenas podrá reactivarse moderadamente, pero hay otros sectores como hotelería y gastronomía que no. Lo que preocupa mucho más, y según la encuesta que hizo la Cámara de Comercio, apenas se terminen los meses que cubren esta ley, se transformarán en despidos", puntualizó.

Evaluación

El seremi del Trabajo, Álvaro Le Blanc, indicó que estos números dan cuenta que el panorama en la región en materia de empleo ha sido complejo porque se ha visto fuertemente afectado por el COVID-19.

Esto ha llevado a que las cifras de desocupación en la región se eleven hoy a niveles del 13,2%, cifra que según señaló sería aún mayor si no hubiese existido medidas del gobierno como, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo.

"Semanalmente la Superintendencia de Pensiones nos está informando las cifras por efecto de suspensión del contrato de trabajo. Al 19 de julio, en la región son 12.388 trabajadores que se han acogido a la suspensión. Eso quiere decir que eran 12.388 trabajadores que potencialmente podrían haber sido despedidos de no existir esta medida", explicó.

Le Blanc agregó que debido a esto, su evaluación es positiva.

"Ha sido una norma muy importante para dar una alternativa a aquellos trabajadores que se desempeñaban en empresas donde en virtud de la pandemia no podían seguir funcionando y habían sufrido perjuicios a fin de que no sean despedidos, conserven su puesto laboral y puedan seguir recibiendo beneficios desde el seguro de cesantía en mejores condiciones que la regla general de la aplicación de este", aseguró.