Cores critican financiamiento a proyectos de seguridad
REGIÓN. Iniciativas de apoyo a Carabineros, PDI y SPD suman más de $2 mil millones. Apuntan a la ausencia de propuestas de prevención y ayuda social.
La discusión sobre la pertinencia de financiamiento del proyecto presentado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), para ampliar el sistema de televigilancia móvil (uso de drones) por un valor de $1.245 millones, terminó por dividir las aguas entre los consejeros de oposición y del oficialismo.
Y es que en la última sesión del Consejo Regional (Core), las diferencias entre las distintas visiones para abordar los problemas de orden público que presenta la región tras el estallido social, quedaron claramente manifiestas.
Tras una tensa discusión el proyecto fue aprobado con los votos de los consejeros Guillermo Guerrero, Katherine San Martín, Alejandra Oliden, Mirta Moreno, Dagoberto Tilleria, Atilio Narváez, Jorge Espíndola y Eslayne Portilla.
Los recursos solicitados irán a la operación del sistema en el periodo 2020-2022. Considera la contratación de los servicios de monitoreo de drones y el pago del personal que labora en la central de control, ubicada en el edificio de la Intendencia. Según lo indicado, el nuevo sistema operaría en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
Críticas
Una de las observaciones al proyecto por parte de los consejeros de la oposición, apuntan a la premura con que fue presentado a la última sesión del pleno. De hecho, subrayan, no estaba considerado originalmente en la tabla de temas que fue informada tres días antes al Core.
"Para nosotros fue todo muy encima", explica Sandra Berna, integrante de la comisión de Sociedad y Participación Ciudadana que revisó los antecedentes del proyecto.
"Lo tuvimos que ver en la antesala, con poco tiempo para estudiarlo. La exposición fue super clara, pero hay que considerar que el dron invade la vida privada de muchas personas. Por eso yo rechacé la iniciativa porque faltaba tener más información para aprobarlo", indica la exalcaldesa de San Pedro de Atacama.
En la misma sesión, el Consejo Regional aprobó recursos para la compra de dos carros blindados para la Policía de Investigaciones (PDI), por un valor de $745 millones que -indicaron- serán utilizados para combatir el tráfico de drogas. Anteriormente, en la sesión del 20 de octubre, el Core también votó el proyecto que remodela una nueva sala de control y monitoreo de televigilancia para Carabineros.
Prevención
Para la consejera Sandra Pastenes, si bien los hechos delictuales ocurridos en el marco del estallido social requieren de mayores esfuerzos policiales, los recursos del FNDR deberían apuntar al fortalecimiento de iniciativas que apoyen la prevención, o la labor de instituciones que trabajan en políticas sociales, como el Sename.
"Claramente hay una necesidad de control policial, que no hay que confundir con discriminación, ni represión. Creo que el Ministerio del Interior es el que tiene la responsabilidad del control del orden público y los recursos del FNDR deben apuntar al desarrollo estratégico de la región, como por ejemplo, a la inversión en prevención y rehabilitación en el consumo de drogas", sostiene Pastenes.
Las críticas a la estrategia para abordar las manifestaciones y el control del orden público en Antofagasta, también son parte de los argumentos de los consejeros que se han opuesto a las últimas iniciativas de seguridad pública propuestas por el Gore.
"Desde hace meses dijimos que la estrategia policial había fracasado. La policía persigue a los manifestantes y dejan al descubierto a los vecinos, en los lugares donde se producen los verdaderos delitos, ya no está la confianza en esas instituciones. Dicen que es para perseguir a narcotraficantes y delincuentes, pero con lo que veo todas la noches en Antofagasta, lo pongo en duda", apunta Andrea Merino.
Ricardo Díaz, presidente de la Comisión Salud, afirma que los informes presentados al Core sostienen el bajo impacto del sistema en la labor de identificación y pesquisa de autores de delitos.
"Han equivocado el foco, han puesto mucho más urgencia en la contención de marchas que en la prevención de delitos o de robos" asegura el consejero regional.