Ubilla dice que nueva ley de migración equilibrará "derechos y deberes"
INTERIOR. El futuro subsecretario del Interior del nuevo gobierno resaltó que "hay que buscar acuerdos".
Junto con reiterar que la modernización de la ley de Migraciones será una prioridad del próximo Gobierno, el futuro subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseveró ayer que al igual que en el proyecto que se ingresó durante la primera administración de Sebastián Piñera, se buscará "un justo equilibrio entre derechos y deberes, un justo equilibrio en la política de fronteras abiertas".
"Hay un justo equilibrio de derechos y deberes de los extranjeros que quieren vivir en Chile. Creo y espero que este es un tema que tiene que pasar desde los eslogan y simplificar la discusión (...) Sin entrar en detalle, sí está claro que esto va a constituir una prioridad y esperamos que todos los actores políticos y los grupos migrantes sean parte de este proceso que no resiste más", dijo a Tele13 Radio.
La nueva autoridad sostuvo que "un país responsable como Chile tiene que abordar los temas con una mirada de política pública. Lo que uno no puede hacer es estigmatizar a un grupo, somos personas que queremos mejorar y contribuir al país, y para el que quiere transgredir la ley Chile tiene que tener normas para expulsarlo".
Sin extremos
Respecto a las problemáticas que ha percibido, Ubilla comentó que "si uno conversa con alcaldes de las comunas donde residen cantidades importantes de extranjeros, tenemos problemas con lo que tiene que ver con coberturas de educación y salud".
Y descartó que la migración implique un riesgo de delincuencia: "La mayoría de ellos lo que quiere es aportar, ser uno más (...) que a nivel nacional exista gente, ya sea chilena o extranjeros, que cometen delitos, no es novedad. Lo que uno no puede hacer es estigmatizar a un grupo".
"Aquí no hay posiciones extremas, hay que buscar acuerdos", enfatizó. "El tema del control migratorio, todos los organismos internacionales que velan por los derechos humanos reconocen que los países tienen derecho a establecer normas que contribuyan al control de fronteras (...) El Estado no puede establecer medidas discriminatorias", concluyó.