Experto advierte por contradicción de alto PIB regional y déficit de viviendas que impulsan campamentos
CIUDAD. Investigador Luis Fuentes plantea como prioritario la intervención del Estado en "tomas" donde se lotean terrenos o se ha instalado el crimen organizado.
La sostenida alza de campamentos, como reflejo del creciente déficit habitacional y el impacto de la crisis migratoria, hoy muestran una evolución en este tipo de asentamientos que dista de la dimensión social de las "tomas" registradas en el país en los años 80 y 90.
A este panorama se ha agregado la expansión de redes criminales al interior de estos asentamientos. Una realidad que no escapa a la Región de Antofagasta, con periódicos hechos policiales registrados en distintas "tomas" en esta zona del país. A este panorama se agregan denuncias de loteos para comercializar sitios del fisco y privados a familias de alta vulnerabilidad social, apremiadas por un lugar donde asentarse. En campamentos de Antofagasta incluso residentes de algunos sectores han reconocido el arriendo de piezas y viviendas.
Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Pontificia Universidad Católica, afirma que las medias adoptadas por las autoridades ante el déficit habitacional deben incorporar control por parte del Estado en campamentos donde hoy impera la ley del más fuerte o donde gobiernan grupos organizados.
Para Torres el aumento de campamentos en Antofagasta reviste una particularidad ante los mayores ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) regional, comprado a otras zonas del país. "Ahí se da un fenómeno. Quizás de los lugares más afectados por la falta de vivienda, ha sido el caso Antofagasta. Y no es solamente una cuestión de cifras, sino que es una cuestión súper visible desde el punto de vista del paisaje urbano. También se agrega otro componente, que tiene que ver no solo con la falta de viviendas, con la entrada del crimen organizado en muchos casos; sino que también ahí hay un elemento asociado al riesgo ambiental de muchos de esos lugares. Y es contradictorio porque Antofagasta, o la Región de Antofagasta, es una de las regiones con el PIB per cápita más alto de todo Chile; entonces, se genera ese fenómeno contradictorio, de que en una de las ciudades más ricas de todo Chile, por lo menos una región bastante rica y donde se extraen de las principales riquezas del país y se exportan, esté con este desajuste tan importante entre la demanda por viviendas y la oferta de viviendas".
"No hay recetas que sean mágicas. En esto no hay una bala de plata para solucionar el problema, pero sí tiene que haber una preocupación del Estado por buscar soluciones para esas familias. Esas soluciones tampoco pueden ser uniformes, es decir, no le podemos entregar a todas esas familias una vivienda; sino tiene que ser también con una diversificación de políticas públicas, que tienen que ver con subsidios de arriendo, que tiene que ver con propiedad del Estado para poder arrendar a precio justo, a precio accesible a esas familias. Por supuesto, también construcción de proyectos nuevos; pero tiene que haber una diversificación, porque el problema es bastante complejo. O sea, tiene que haber una adaptación de nuestras políticas públicas, porque el Estado no puede entregar un beneficio a alguien que está de manera ilegal en el país o que no tiene identidad, que no tiene nacionalidad", añade este experto.
De acuerdo a datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), sobre el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025, esta iniciativa considera una meta de 17.400 viviendas para la Región de Antofagasta. De este total, 2.560 figuran como terminadas, y otras 5.681 en ejecución.
Crimen organizado
El director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC explica, además, que el panorama actual de los campamentos refleja la carencia de viviendas ante el encarecimiento de estas, a lo que se agrega la expansión delictual en ocupaciones ilegales de terrenos. "Lamentablemente, en los últimos años hemos visto un fenómeno relativamente nuevo, que ya no solamente responde a esa necesidad por una vivienda, sino que también se cruza con algunos grupos del crimen organizado. Estas bandas se aprovechan en muchos casos de esa necesidad de muchas familias y realizan loteos ilegales, es decir, toman un predio y lo lotean. Luego lo venden a las familias que necesitan un lugar para habitar. Además, en los últimos años hemos visto no solamente en Santiago, como en el caso Maipú o Cerrillos, sino que también en Alto Hospicio; que en muchos casos al haber un nulo control por parte del Estado en estos asentamientos irregulares, estos grupos criminales se aprovechan y los utilizan como centro de operaciones de delitos. De ninguna manera es un caso generalizado de todos los campamentos del país, pero sí comienza a aparecer este problema", advierte Fuentes.