La seguridad ha ocupado un lugar central en la agenda nacional durante varios meses, y recientemente ha surgido un intenso debate sobre si las Fuerzas Armadas deberían involucrarse en la lucha contra la creciente criminalidad.

Numerosos alcaldes han instado al Gobierno a "sacar a los militares a las calles" para que actúen como agentes de protección para la población.

Según la reciente encuesta Cadem, la mayoría de los chilenos respaldan un papel más activo de las Fuerzas Armadas en este combate: un 83% está de acuerdo con que protejan la infraestructura crítica, un 89% con que ayuden a combatir el narcotráfico y un 80% con que participen en labores de seguridad ciudadana.

Sin embargo, surge la complicación de que, aparte de la protección de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar a bandas criminales o narcotraficantes. Su entrenamiento está orientado hacia el enfrentamiento en escenarios de guerra, no hacia el control civil. Este dilema ha generado reticencia por parte del alto mando militar, ya que no desean ver a sus efectivos enfrentando situaciones legales complejas relacionadas con los derechos humanos.

Además, la detención de criminales plantea desafíos, pues no se ha establecido un marco claro para la actuación de los militares en estas circunstancias.

Una alternativa más viable podría ser el fortalecimiento de las actuales fuerzas policiales mediante mayor dotación de personal, tecnología avanzada y mejor coordinación en la persecución del crimen.

No obstante, es imperativo tomar medidas que brinden mayor seguridad a la población, ya sea mediante la participación de las Fuerzas Armadas con un marco legal claro y una preparación adecuada, o mediante la mejora de las capacidades de las fuerzas policiales existentes.

Tiempo de elecciones: tiempo de promesas, de eventos, de luces de colores. Todo ello, en un Chile subsumido en la sociedad del espectáculo, donde el disfrute acelerado de la mayor cantidad de experiencias vibrantes y coloridas con cierta promesa de eternidad -como respuesta a la angustia de finitud- nos deja poco espacio para la reflexión.

Y así, entre evento y evento con la sensación de atraparlo y dominarlo todo, nos vamos adormeciendo como sociedad, sin darnos cuenta de que bajo tanta aceleración no hay nada que cambie realmente, nada que impacte la calidad de vida, la productividad y menos el desarrollo.

Este fenómeno que caracteriza a la sociedad moderna apela -como plantea Hartmut Rosa- a la metáfora de la aceleración, según la cual, cada año debemos correr más y más rápido -mostrándonos más exitosos, creativos e innovadores que el año anterior- no para llegar a construir una sociedad mejor sino para mantener lo que actualmente tenemos. Ese frenesí por la velocidad nos lleva finalmente a un "estancamiento acelerado", una inercia cultural que traspasa todas las esferas: la academia, la industria y el Estado, exiliándonos del progreso y del buen vivir.

La atención centrada en la encuesta del domingo distrae; a los candidatos y a los gobernantes, a los gerentes y rectores también. La costumbre de seguir la tendencia de moda nos aleja de lo sustantivo, de la ruta trazada, de los planes de largo plazo, y por consiguiente de las oportunidades, quedando atrapados en una dicotomía: por un lado, la ilusión de alcanzar la omnipotencia y por otro lado la realidad que abrumadoramente nos interpela.

Una de esas realidades viene a golpearnos directamente desde el sistema escolar. Con dolor me refiero a la decisión tomada por la profesora Katherine Yoma quien se quitó la vida tras recibir amenazas de algunos integrantes de su comunidad escolar y no encontrar apoyo de las autoridades. ¿Un hecho aislado? No parece que lo sea. El sondeo realizado por el Colegio de Profesores a fines del 2023 demuestra otra cosa. De los más de cuatro mil docentes encuestados el 86,8% declaró haber sido víctima de insultos en sus establecimientos; el 25,5% de recibir amenazas y el 10,9% golpes. Aún más preocupante es que 114 docentes (un 2,9% de la muestra) sostuvieron haber sido víctimas de violencia sexual.

¿Qué esperamos para reaccionar? ¿Nuevos diagnósticos? Por favor no erremos el rumbo. La pregunta no es lo que hay que hacer, eso ya se sabe. La verdadera pregunta es por qué aquello que sabemos que hay que hacer no se hace.

La lista de tareas urgentes para la educación chilena es extensa. Y las oportunidades truncadas también. Los alumnos y docentes, así como el alicaído sistema escolar, merecen algo más que sólo ser el tema del momento en una red social, algo tan usual en esta sociedad de la inmediatez y del espectáculo.

Sabido es que la escuela es el fiel reflejo de la sociedad, pero también la escuela es el punto de partida para la transformación de dicha sociedad. Por lo tanto, apuremos las letanías y trascendamos el eventismo, acordemos poner las energías a disposición de aunar esfuerzos para que tanto las brechas educacionales como la convivencia escolar -que demandan tareas de enorme complejidad- sean abordadas por líderes comprometidos de todos los ámbitos de la sociedad, que estén dispuestos a ejecutar planes y no sólo tener a las audiencias de su lado.