Redacción

Luego del impacto causado por la decisión de la justicia de decretar prisión preventiva para el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por filtrar información secreta al abogado Luis Hermosilla, encausado a su vez por el caso audios por delito de sobornos y cohecho, el debate ayer se centró en los dichos de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, quien advirtió que "se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata".

Muñoz está recluido desde el martes en dependencias de la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, luego de que la jueza Francis Fell decidiera imponerle la medida cautelar más gravosa al considerar su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de la investigación. "Respecto de los delitos de violación de secreto, estamos en presencia de hechos graves, en los cuales se busca precaver actos de corrupción por parte de funcionarios públicos", expuso la magistrada.

El Ministerio Público apuntó que el renunciado jefe policial empezó a entregar información sensible cuatro días después de asumir en el cargo (en 2021) a Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera.

"Suma gravedad"

Todo esto dio pie para que la ministra Vallejo afirmara que "es evidente que la situación que se está investigando ha dañado la fe pública, se han traicionado las confianzas de nuestros compatriotas frente a instituciones tan importantes como una institución que investiga el delito y el crimen organizado. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas relacionadas a corrupción por parte de la Fiscalía".

"Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exdirector general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento de la oposición. Hablamos del caso Dominga, el caso Enjoy, de un caso asociado al exdirector de la PDI Héctor Espinosa y el caso Guevara. Esto es de suma gravedad".

Reacciones

Estas palabras fueron confrontadas por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien en entrevista con Mega expuso que "yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa".

También la cuestionó el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien afirmó que es "bien lamentable que se utilice el tema judicial, una cuestión que se está investigando, para hacer puntos políticos y atacar a la oposición. El Gobierno habla de acuerdos, de entendimiento en materias que son importantes para los chilenos, y lo único que uno escucha y ve en las declaraciones de la ministra Vallejo es hostilidad".

Además, la bancada de diputados gremialista anunció que citarán a la vocera de La Moneda a la comisión investigadora del caso audios para que explique sus palabras.

Respaldo y defensa

Lejos de retractarse, la ministra de Segegob insistió en sus dichos. En radio Universo aseguró que estas palabras se basaron en "los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización y que terminaron con la prisión preventiva del exdirector de la PDI. Por cierto que si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía".

La vocera recibió también el apoyo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien replicó que "lo que el Gobierno tiene y lo que la ministra Vallejo planteó es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas", puesto que "conocer antecedentes de la gravedad que hemos sabido de la participación del exdirector de la PDI, ciertamente abre interrogantes respecto del alcance que tienen".

Por otra parte, observó que "al menos en el Ejecutivo, siempre que sale nombrado alguien de nuestras filas eludimos decir 'esta es una operación política', o 'esto es un aprovechamiento'. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca, y si hay delitos, que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo".

Pese al anuncio de que se establecerían salvaguardas ante las importaciones de acero desde China, el directorio de Huachipato informó ayer que se suspenderán de forma indefinida las operaciones siderúrgicas, lo que puede llegar a causar la pérdida de 22 mil puestos de trabajo.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que "tras un exhaustivo análisis de lo resuelto por la Comisión Antidistorsiones sobre la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de barras y bolas de acero chino, el directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) se ha visto obligado a tomar la dolorosa decisión de suspender -por tiempo indefinido- las operaciones siderúrgicas de la empresa en Talcahuano".

Tras valorar el anuncio de la Comisión, precisaron que "lamentablemente, las tasas definidas son menores a las solicitadas por la compañía y, además, diferenciadas por productor y exportador. Ello, debido a que todas las empresas productoras son controladas por el Estado chino y en la práctica se podría derivar la totalidad del acero que se exportará a Chile desde la empresa a la que se le aplique la menor sobretasa, eliminando cualquier posibilidad de competir en igualdad de condiciones".

Ante esto, Henry Campos, alcalde de Talcahuano, dijo que "es un golpe para la Región del Biobío, para la economía del país, para los trabajadores y trabajadoras de Huachipato esta situación".

Mientras, el Ministerio de Economía afirmó que intentará revertir la decisión anunciada por la siderúrgica. A través de un comunicado expresó que ambas partes "han convenido estudiar alternativas que permitan dar continuidad a la operación. Con este fin, ambas se reunirán el día de mañana jueves 21 de marzo".