Conforme se manifestó el Gobierno Regional frente al fallo de la Corte de Apelaciones, que rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Fundación Procultura ante el término anticipado del programa "Recuperación de fachadas zona de conservación histórica, Antofagasta", una de las aristas en el denominado "Caso Convenios".

De acuerdo con la corte, los actos administrativos del Gobierno Regional no fueron arbitrarios y estuvieron debidamente fundados. Un argumento que fue visto desde el Gobierno Regional como una reafirmación a la capacidad del GORE de finalizar anticipadamente un convenio, una vez que las circunstancias no hicieron posible su cumplimiento.

Se señaló también que cumplió una causal objetiva de término anticipado contenida en la cláusula décima, la cual indica que el GORE podrá darle término anticipado, sin derecho a indemnización para la fundación, "en caso que la fundación no cumpla con los objetivos y actividades establecidas en la cláusula segunda del presente convenio".

"Refuerza la labor"

"Queremos manifestar nuestra satisfacción por haber conseguido que este recurso de ilegalidad que la Fundación Procultura había puesto contra el Gobierno Regional no haya tenido cabida", expresó el gobernador Ricardo Díaz. "Nosotros hemos actuado con tranquilidad, con calma y con la certeza de que estamos haciendo bien las cosas, y no sometidos a las presiones políticas que en algún momento se nos plantearon frente a Procultura", añadió.

Díaz señaló que el actuar de su administración "siempre ha sido correcto y adecuado. Esta decisión del tribunal refuerza la labor que estamos haciendo nosotros".

"Esperamos el momento oportuno y jurídicamente pertinente para efectuar nuestras actuaciones, y eso ha sido ratificado por la Corte. Queremos señalar, además, que esto despeja el camino para continuar la persecución civil y penal de las responsabilidades de los representantes de la fundación, que el Gobierno regional emprenderá con la máxima urgencia para la tranquilidad de toda la comunidad", señaló Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del GORE.

Descarta arbitrariedad

El fallo de la Corte de Apelaciones también descartó "cualquier arbitrariedad en el actuar de la reclamada, toda vez que su decisión de poner término anticipado al convenio obedeció a causales expresamente establecidas en el mismo, debidamente fundadas".

Con todo, Díaz mencionó que la decisión "da certeza de nuestro actuar, respecto de terminar el contrato con Procultura y pedir la devolución de los recursos", y que es una acción que va por el "buen camino" para continuar con la persecución de las responsabilidades penales y civiles "en contra de los miembros de la Fundación Procultura, dando la tranquilidad a la comunidad de la región de que todas las acciones necesarias serán tomadas en esta materia".

Según el propio sitio de Procultura, este programa buscaba "la puesta en valor de un conjunto de inmuebles patrimoniales a través de su limpieza y pintado. Las obras serán ejecutadas por personas de comunidades locales, quienes serán capacitadas previamente".

El convenio fue cerrado por el Gobierno Regional en septiembre del año pasado. Según fundamentó en ese momento, las razones apuntaron al retraso de los trabajos estipulados, y pidió el pago de la garantía (superior a $370 millones). El traspaso de fondos a Procultura para el arreglo de las fachadas generó críticas por el alto monto adjudicado: $629 millones.

Consejo regional

El consejero Patricio Tapia (DC) definió al fallo como "claro y preciso al descartar cualquier tipo de arbitrariedad por parte del Gobierno Regional, que actuó basado y apegado a lo establecido".

"Esto demuestra que los consejeros siempre tuvimos la razón, y que el gobernador debió haberlo hecho antes (cerrar el convenio). En cambio, se negó e hizo defensa corporativa", sentenció el consejero Dagoberto Tillería (UDI), y aseguró que, "por la presión que hicimos los consejeros, tomó esta decisión. O si no hubiésemos estado en un problema mayor".

En tanto, la consejera Andrea Merino (PS) comenta que "algunos querían terminar el contrato antes de que se configurara la causal. Este fallo es la prueba de que hay aspirantes al GORE que querían llegar por secretaría, intentando la bajeza de homologar esto a Democracia Viva", y desliza que "el gobernador Ricardo Díaz es una autoridad correcta y este fallo lo demostró".