Problemas en la instalación eléctrica y de agua potable, no contar con computadores con programas y sus respectivas licencias ni con un sistema de plan contable y software para la rendición de gastos de los convenios, son algunas de las precarias condiciones en las que aseguran haber trabajado profesionales de la Fundación ProCultura de Antofagasta. Las demandas habrían sido planteadas a la dirección ejecutiva de la entidad el pasado 13 de julio a través de una carta firmada por todos los extrabajadores de la consultora.
En esta última detallaron una serie de inconvenientes en las que se habrían visto enfrentados para desempeñar sus funciones en los programas suscritos con el Minvu y en el de Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica de Antofagasta del Gobierno Regional.
Los trabajadores también expusieron la necesidad de regularizar las funciones de los contratos de trabajo.
"Regularización de profesionales que actualmente son vulnerados, considerando que se encuentran ejerciendo mayores funciones e inclusive funciones que no están regularizadas en sus contratos. Por lo anterior, se exige regularización de contratos, funciones y remuneración", expone el punto 7 del ítem "A nivel general".
Asimismo, manifestaron su preocupación ante lo que habría sido la nula respuesta por parte de la fundación por los cuestionamientos de los programas a través de los medios de comunicación.
Además, solicitaban información sobre los procesos de investigaciones abiertas a programas y la exigencia de garantías laborales en caso de cese anticipado de los convenios.
Demandas
Actualmente la fundación dirigida por Alberto Larraín enfrenta una demanda por parte de trabajadores encargados de intervenir fachadas en Antofagasta, acusando despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido.
Pero esta no es la única acción legal que enfrenta ProCultura.
Tras el término anticipado del convenio "Recuperación De Fachadas Zona De Conservación Histórica, Antofagasta", el Gobierno Regional presentó una querella en contra por apropiación indebida, solicitando restituir $373 millones.
Una situación similar ocurrió con los cuatro convenios suscritos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, luego que también se decidiera poner término anticipado de estos por graves incumplimientos, por lo cual el ministerio solicita restituir $500 millones.
La gran interrogante ahora es cómo se restituirán estos fondos, que sumados ascienden a $873.002.500.
Esto, considerando que la semana pasada la fundación anunció su cierre tras 14 años de funcionamiento en medio de los cuestionamientos en el marco del Caso Convenios.
Pero la mayor sorpresa ocurrió esta semana cuando se conoció que tras diligencias realizadas por el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Bonilla, se comprobó que el saldo de la cuenta del organismo era de cero pesos.
Reacciones
El tema fue abordado ayer en la sesión del Consejo Regional tras la revisión del Informe final N°685-A de Contraloría respecto a los resultados de la auditoría sobre las transferencias de recursos efectuados por el Gobierno Regional de Antofagasta a entidades privadas.
Instancia en la que el gobernador regional, Ricardo Díaz, respondió a la consulta de la consejera regional, Mónica Muñoz, quien planteó su preocupación frente a la devolución de los recursos considerando el cierre de ProCultura.
Díaz aseguró que los recursos serán recuperados.
"Nosotros en nuestra estrategia de defensa estamos yendo por la arista penal, no estamos yendo por la arista de en el fondo exigir la resolución del convenio. Nosotros consejera, para su tranquilidad, estamos buscando al dueño de ProCultura, no es la institución, es el dueño", subrayó.
El abogado querellante del caso Convenios, Pablo Toloza, cree que es muy difícil recuperar los fondos traspasados a ProCultura, al no existir recursos en la cuenta y al haber dejado de funcionar, a lo que se suma que la fundación no cuenta con un patrimonio.
En este sentido, el exintendente plantea que en este caso hay dos aristas: la penal y civil.
"Respecto de la penal, se van a seguir ejerciendo las acciones, porque el tema penal es respecto a las personas naturales. Y por tanto, independiente de que ProCultura haya dejado de existir, quienes cometieron los eventuales delitos son personas y ante esas personas se harán efectivas las responsabilidades penales", dijo.
Respecto del tema civil y la recuperación de los fondos, señaló que eso se ve muy difícil.
"A pesar que en los informes se señala que las rendiciones fueron rechazadas. Por ejemplo, en el caso del arriendo, la persona a quién se le arrendó, prestó el servicio por el cual se le pagó, por tanto recibió el dinero en forma correcta", indicó Toloza.
