Las palabras de la ministra del Interior Carolina Tohá, respecto que Antofagasta, como región, es "la capital minera de Chile y del mundo", no son una novedad, pero bajo ese mismo rótulo se debiera reforzar el compromiso y propiciar los avances para lograr bienestar y calidad de vida para todos los habitantes de este amplio territorio.

Dentro de ello, la estrategia minera se convierte en el instrumento contenedor de todos los elementos necesarios para resolver las actuales carencias -que no son pocas-, y proyectar a nuestras comunas como urbes modernas y tecnologizadas.

Por ende no es un desafío menor, y contar con el apoyo de la OCDE entrega certezas que existe un conocimiento de experiencias anteriores, el knowhow necesario para poder aplicarlo en nuestra zona.

Ser la capital minera del mundo y no estar a la altura de ese rango es algo que llama la atención y que lamentablemente se da en muy pocos países, uno de ellos Chile. En otras latitudes las zonas productoras marcan la diferencia con las otras, porque se entiende que al ser generadoras de grandes riquezas conviven con externalidades, y por ende su calidad de vida debe ser mayor.

Si bien la condición centralista del país es la gran responsable de esta situación, no se puede obviar que desde las provincias no han surgido los liderazgos que sean capaces de enfrentar al centralismo y a través de ideas, proyectos y exigencias lograr las mitigaciones y compensaciones justas.

Hoy desde la región nace la necesidad de una estrategia que ha contado con las participación del mundo empresarial, universidades, vecinos, comunidades originarias y luego de un año de trabajo ya cuenta con propuestas que deben consolidarse.

Este, como lo dijo la mintiera Tohá, es un buen ejemplo para que las regiones den el gran salto al desarrollo.

No hay duda que la crisis migratoria ha impactado fuertemente en nuestra realidad nacional y especialmente en nuestra región. Unos de los factores en que se acrecienta es precisamente en lo vinculado al narcotráfico y al crimen organizado transnacional agravando también con ello la crisis de seguridad.

El Tren de Aragua, unos de los carteles más peligrosos del mundo, es un ejemplo concreto que tiene operatividad real en Chile.

Para enfrentar ello, desde el Senado se han aprobado una serie de medidas que contribuyen de mejor forma a los objetivos del Estado en relación a esos problemas. En ese sentido, la ley N° 21.542, que en lo pertinente permitió la protección de las zonas fronterizas por parte de las Fuerzas Armadas con sendas atribuciones, o la ley N° 21.577 sobre crimen organizado, han sido buenas medidas. Sin embargo, no es suficiente.

Los ingresos clandestinos, según cifras de la PDI a agosto de este año, han sido 34.543. De acuerdo a proyecciones del Observatorio para la Migración Responsable, se estima que más de 50 mil extranjeros ingresarán este 2023 de forma clandestina, lo que implicaría que la suma de los años 2022 y 2023 será más que todos los ingresos clandestinos desde 1975 a 2021, con la ley migratoria anterior.

Esto evidentemente es un grave problema. De hecho, según la misma organización, del total de ingresos clandestinos 2022-2023 (88.418), solo se han expulsado de manera administrativa 208. Es decir, un 0,2%. Resulta evidente que la actual regulación no satisface las necesidades ni constituye un desincentivo real para el ingreso clandestino al territorio.

En tal sentido, urge adoptar medidas, como ya lo han hecho países como Australia, Italia o Japón, para tipificar el ingreso clandestino como delito. De ahí, que la aprobación reciente en la comisión de Seguridad de la Cámara del proyecto que regula ello, es un paso importante. Sin embargo, el proyecto en su tramitación enfrenta dos graves problemas que dependen del Gobierno.

El primero, es que no tiene urgencia legislativa, por lo tanto, tampoco prioridad para su discusión en el Congreso de parte del Ejecutivo. El segundo, no forma parte del Fast Track Legislativo en Seguridad, compromiso de 31 proyectos a despachar hasta fin de año.

En tal sentido, es de suma relevancia que el Gobierno deje la ideología de lado y anteponga las necesidades de las personas, dándole la urgencia al proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito e incorporándolo en las prioridades del Fast Track Legislativo.