La reciente desarticulación de una red de trata de personas, tras un operativo desplegado por la Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones (PDI), reveló una de las peores caras de la migración irregular. El operativo permitió rescatar a 35 mujeres de distintas nacionalidades destinadas al comercio sexual, como parte de un delito considerado como "esclavitud moderna".

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, desde 2017 este tipo de crimen considera solo víctimas de nacionalidad extranjera y en su mayoría mujeres. Este perfil también lo relevó el operativo que la semana pasada desplegaron efectivos de la PDI al allanar 13 inmuebles en Calama, sumado a otro en la comuna de Santiago. La labor policial permitió la detención de 19 personas, en su mayoría extranjeros. El procedimiento permitió, además, la incautación de una cantidad cercana a $80 millones entre dinero en efectivo, depósitos en distintas cuentas corrientes, como también en moneda extranjera, droga, municiones y vehículos.

Según registros del Ministerio del Interior, en 2022 ya se había identificado a 38 víctimas de trata de personas en el país. Del total 29 poseen nacionalidad venezolana. La cifra del año pasado, en tanto, figura como la más alta desde 2013, cuando se había identificado a 80 víctimas.

Mirada sjm

Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante (SJM), reconoce que tras los casos de trata de personas, como el de Calama, existe una "cifra negra" por las dificultades para visibilizar este delito.

"Creo que esto es como la imagen del iceberg. Este número es el más alto desde el 2013 (víctimas identificadas), lo que en el fondo demuestra que se están visibilizando más número de casos. Esto puede dar cuenta de una realidad, en la que bajo el agua; por eso empleaba la imagen del iceberg, son muchísimos más. Lo que nosotros hemos ido percibiendo a través de nuestro trabajo, es que la trata es un problema muy relevante en Chile; pero en el que tenemos muchas dificultades como Estado para su identificación y su persecución. Eso también pasa por la autoconsciencia de las personas que son víctimas de trata de que lo son, para así en el fondo pedir ayuda. Creo que también ahí hemos fallado en poder divulgar de mejor manera la información, en trabajar con las comunidades y dar una sensación de seguridad para acudir a la autoridad y pedir ayuda; y de esa manera también hacer más efectiva la persecución de estos delitos".

"Creo que de lo que siempre se beneficia la trata, es de las dinámicas en que un Estado permite que prolifere el crimen organizado. Hoy tenemos un problema en esa línea. Esta sensación de inseguridad y la preocupación de la misma de la ciudadanía responden a eso. Creo que eso tiene que ver también con la migración, que se ha movido mucho este fenómeno a un espacio de informalidad. Nuestras políticas han sido bastante más restrictivas, y con eso hemos perdido control un poco de la gestión en la frontera, en un contexto de una crisis regional donde muchas personas huyen de sus países o quieren salir porque la situación es muy crítica. Como es el caso de Venezuela, Haití y otros países de la región; especialmente, en contexto de pandemia. Esas personas se ven envueltas en una especial vulnerabilidad, que las hace más propensas a ser víctimas del crimen organizado. Esto a través del engaño y a través de la trata (…) Creo que ha faltado eficacia y una inteligencia para perseguir esas redes de crimen organizado y no tanto diluir el uso de recursos con respecto a otros gestiones de frontera, como familias migrante", explica Hilliger.

Informalidad

De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, sobre causas de trata de personas investigadas por región, durante el período 2011-2022 se han investigado 41 causas de trata con fines de explotación sexual (65% del total) y 22 causas de trata laboral (35% del total). En este período la Región de Antofagasta registraba dos causas: una por trata sexual y otra por trata laboral.

Mientras que de 347 personas identificadas como víctimas de trata de personas entre 2011 y 2022 a nivel país, las principales nacionalidades corresponden a la boliviana (26,2%), paraguaya (20,5%), colombiana (12,4%) y venezolana (11,5%). Según la Jefa Jurídica del SJM una especial vulnerabilidad acecha a mujeres y niñas en caso de trata de personas. "Como dice la frase: 'caras vemos, corazones no sabemos'. Porque podemos estar interactuando con muchas personas migrantes que en el fondo están siendo víctimas de prácticas de trata", dice Hilliger.

"Si lo que queremos es prevenir la trata y en el fondo gestionar de una manera responsable la migración, tenemos que tratar de que ésta pueda aparecer en el espacio formal. Donde conozcamos quienes migran y podamos protegerlos y también proteger a nuestro país. En ese sentido, creo que ciertas medidas que se han ido implementando son políticas muy restrictivas para migrar en forma regular, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. Como es el caso de la población venezolana y haitiana, que tienen tantas dificultades para migrar en forma regular, porque se les exigen muchas cosas. En el fondo, lo que no se toma en cuenta es que las personas frente a esas medidas; si están separadas de su familia o si la situación de su país es crítica, van a salir igual. En el fondo hemos desplazado un poco el tema de la migración a un espacio de informalidad e irregularidad. Eso siempre da pie para que se aproveche de eso el crimen organizado", explica Hilliger.