Nunca más…
Una serie de hechos previos a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado han ido marcando la ruta política de un 'nunca más en Chile…'. Por su parte, el gobierno lanzó el Plan de Búsqueda, Verdad y Justicia, y de paso la propuesta de levantamiento del secreto del informe Valech, que recoge los testimonios de las víctimas de la Dictadura (El País, 05/09/2023), para acabar de una vez por todas con nuestro 'secretismo cultural'. A esto, se une el llamado que ha hecho insistentemente el Presidente Gabriel Boric de un gran acuerdo transversal que condene la violencia de Estado como lo ocurrido en 1973 y defienda la Democracia (el 'compromiso de Santiago'). Si bien la derecha se desmarcó del discurso público del gobierno, pero Chile Vamos presentó su compromiso de siete puntos (democracia, constitución y leyes, derechos humanos, paz y buena convivencia, dignidad humana, libertad de pensamiento y expresión, seguridad del país y la ciudadanía), que estarían más o menos en sintonía con el resguardo de la institucionalidad democrática ante todo.
He tenido la oportunidad de participar en diversos eventos organizados por el Museo Regional de Antofagasta, el INDH y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Escuela de Periodismo y la Facultad de Humanidades, el Sindicato Nº 4 y la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de la UCN. Todas estas actividades han sido el esfuerzo de un grupo humano que también siente que es necesario un 'nunca más'. Las universidades o las instituciones de los gobiernos regional y local han brillado por su ausencia, como si lo sucedido hace medio siglo les hubiese pasado a otros/as y no hubiera impactado el curso de nuestra diégesis a través de uno de los hechos más tristes y desgraciados de nuestro país. Si bien la historia la cuentan los/as vencedores/as, pero con el Coup d' etat nos perdimos como nación y extraviamos algo fundamental que es nuestra vocación democrática y respeto por el Estado de derecho (Yascha Mounk, 2022).
El 'nunca más' se hace inmensamente necesario, por lo de pronto para ir curando las heridas de un país polarizado, la agonía de los familiares de detenidos/as desaparecidos/as y la imperiosa urgencia de justicia y verdad. También es imprescindible porque como Estado chileno debemos dar cuenta del aumento (2020, 84%; 2021, 47%; 2022, 23%) de demandas interpuestas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de éstos y crímenes de lesa humanidad durante la Dictadura. A nivel internacional, Chile presento´ dos informes temáticos ante el Sistema Universal: en materia de tortura, en julio de 2018, y sobre desaparición forzada, en abril de 2019, desgraciadamente los resultados no nos favorecen. En el Informe Anual de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales-UDP (2019), Cath Collins y colaboradores/as del Observatorio de Justicia Transicional de la UDP dan cuenta del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la mayoría de las recomendaciones realizadas por el organismo internacional respecto de imprescriptibilidad de delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad, nuestro Estado sólo pudo 'tomar nota', pero no comprometer ninguna acción concreta.
De acuerdo al informe de la UDP, los procesos chilenos de justicia transicional hasta el momento se han enfocado más bien en develar la violencia física del re´gimen y la afectación a derechos civiles y políticos. Sin embargo, falta todavía prestar mayor atención a la violencia cultural y la violencia estructural que aún prevalecen, y cuya mitigación es vital para cualquier transición verdaderamente trasformadora y democrática. La reparación no es un beneficio, es un derecho, y la alineación política hacia un 'nunca más…' es una profunda responsabilidad del Estado, de sus instituciones y de toda la actoridad social, incluyendo universidades y gobernanzas regionales y locales.
Francis Espinoza F.
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La reparación no es un beneficio, es un derecho, y la alineación política hacia un 'nunca más…' es una profunda responsabilidad del Estado, de sus instituciones y de toda la actoridad social, incluyendo universidades y gobernanzas regionales y locales.
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