Hace ya 20 años fue promulgada la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios por parte del Estado. Tal ley creo, entre otras, la Dirección de Compras y Contratación Pública, el Tribunal de Contratación Pública y el comúnmente conocido Portal de Compras Públicas o Chilecompra. La implementación de la ley significó un cambio relevante en los procesos y formas de actuación del aparato estatal y, como todo cambio, generó resistencias e inconvenientes. Inclusive, algunos organismos del Estado intentaron abstraerse de su cumplimiento, debiendo recurrirse a la intervención de Contraloría General de la República para fijar la debida jurisprudencia administrativa y disponer su cumplimiento.

Resultan innegables los avances proporcionados por esta legislación, desde el punto de vista de la transparencia, accountability y eficiencia del Estado, permitiendo, además, la generación de mercados más competitivos en el ámbito de los bienes y servicios adquiridos por el Estado. Para los fines señalados, y dado que se trata de recursos públicos, la ley dispone, sin ambigüedad alguna, que la contratación de bienes y servicios por parte de los Órganos de la Administración del Estado debe verificar a través del mecanismo de Licitación Pública. Sólo por excepción, contemplada en la misma Ley y su Reglamento, las entidades públicas podrán recurrir a modalidades diversas de contratación, ya sean licitaciones privadas, tratos directos u otras.

Tratándose de una normativa qua casi alcanza a la totalidad de los órganos de la Administración del Estado, resulta manifiesto que su seguimiento y control por parte de Contraloría General de la República ha resultado complejo, máxime si el Estado no ha dotado de recursos suficientes y necesarios a Contraloría para tales fines. Así entonces, nuestra institucionalidad se observa como insuficiente, imperfecta y ex post, debiendo fortalecerse la función preventiva y oportuno de control de legalidad de los actos de la administración por parte de Contraloría.

Ante tal estado de cosas, debemos reparar el actual debate respecto de las contrataciones y fondos públicos de nivel regional transferidos a diversas organizaciones, especialmente las denominadas fundaciones. Sobre aquello, se ha debatido, entre otras materias, si se trataba de fundaciones de reconocida trayectoria o recién creadas, si las actividades encomendadas se encontraban o no dentro de su giro, respecto de su capacidad técnica o si le fueron exigidas o no garantías por los fondos que les fueron traspasados; pero se ha omitido toda consideración respecto de la forma en que estas organizaciones fueron contratadas y los recursos traspasados, esto es, vía tratos directos.

Evidentemente, los tratos directos constituyen la modalidad de contratación pública que menos representa los fundamentos y fines de la Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios por parte del Estado, por lo que, precisamente y como se ha indicado, su utilización e implementación se encuentra severamente restringida a los casos expresamente contemplados por la Ley y su Reglamento. Por lo tanto, a priori, no resultan admisible los tratos directos para la contratación pública que implica el traspaso de cuantiosos recursos públicos a organizaciones privadas, ello más allá de la trayectoria, capacidad técnica o económica, el giro o garantías proporcionadas por tales entidades, ya que tal contratación directa no garantiza el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y probidad en la administración del Estado. En este sentido, no debemos olvidar que el incumplimiento de las normas sobre contratación pública puede configurar una falta grave a la probidad administrativa, sancionable hasta con la destitución de los funcionarios públicos involucrados.

El interesante seminario sobre el impacto de la política del litio en la Región de Antofagasta, abordó precisamente los temas que están en el tapete. Y estos van encadenados en cómo aprovechar en las regiones y comunas, los beneficios de su valor presente, cómo nos preparamos para el futuro y cómo logramos una industria que provoque el menor daño en los territorios explotados.

Sin duda, que en estos análisis no pueden estar ausentes los representantes de las comunidades aledañas a las zonas productoras. En este caso los pueblos originarios de Atacama La Grande, los que por siglos han desarrollado su actividad ancestral, quienes han manifestado su preocupación y su negativa al actual modelo de extracción del litio.

Recuerdan que los ecosistemas de los salares son frágiles y que las afectaciones producto de la utilización de agua para los procesos productivos son de gran impacto.

Opiniones que son bien consideradas y que dan paso a la sostenibilidad de la industria, la que también es analizada desde el punto de vista de los gobiernos subnacionales, los que recibieron una fuerte remesa fruto de los buenos resultados de 2022. Muy similar a lo que entregó el Estado para los proyectos regionales.

Allí surgió la propuesta de que es necesario analizar la conveniencia de promover el ahorro. Iniciativa que es vista con buenos ojos, debido a la experiencia que como país tuvimos con la decisión tomada con el cobre durante los gobiernos de la Concertación.

Obviamente que hay necesidades inmediatas, y como lo dijo el gobernador Ricardo Díaz, hay una deuda con las comunidades de la zona interior las que aún no cuentan con servicios básicos, principalmente, agua potable. Hay que resolver lo inmediato, pero hay que tener una mirada de futuro, y en ese sentido, el mismo gobernador informó que habrá un ahorro cercano al 40% de lo entregado por el contrato con SQM.

El tema es amplio y esta es sola una arista, porque también es necesario estar muy atento a lo que ocurre en el mundo. Desde el exterior observan con atención como se desenvuelve la industria en nuestro país, la que pese a perder en liderazgo productivo, sigue siendo un modelo seguido desde otras latitudes.