El acceso a la justicia es un derecho que aparece expresamente recogido por diversas normas nacionales e internacionales. Supone no solo generar mecanismos o procedimientos legales para que las personas planteen sus solicitudes o demandas con la aspiración legítima que un tercero imparcial las resuelva, sino que también crear las condiciones materiales, sociales y culturales para que el ejercicio del derecho se facilite.

Hoy que existe consenso entre diversas instituciones sobre la necesidad de contar con un tribunal de competencia común en San Pedro de Atacama, es necesario también compartir, en un diálogo abierto, con las comunidades y agrupaciones los beneficios, desafíos y oportunidades que genera su instalación. Para la Defensoría será una excelente oportunidad para seguir profundizando la defensa especializada indígena en directo contacto con nuestros usuarios que se identifican como miembros del pueblo likanantai.

En tal sentido, la Corte de Apelaciones, la Fiscalía Regional, la Defensoría Regional y la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta se han reunido al menos en dos ocasiones con miembros de comunidades y agrupaciones de la localidad altiplánica y sus alrededores. Ello ha permitido conocer la opinión de los habitantes del territorio que se verán favorecidos con la iniciativa legislativa. Más allá del cumplimiento de la normativa que exige un procedimiento formal de consulta indígena, los primeros pasos permiten avizorar que la instalación de un tribunal concita amplio apoyo.

Todas las instituciones involucradas han hecho notar que la sola instalación del tribunal con competencia en diversas materias, no soluciona por si misma el problema de acceso a la justicia de los habitantes de esa parte del Altiplano de la región. Por el contrario, puede generar un grado de insatisfacción importante, sino va acompañada de la implementación de medidas que permitan que las instituciones encargadas de representar a nivel jurisdiccional los intereses sociales o particulares también estén en el lugar de asiento del Juzgado.

Un proyecto de ley que cree un tribunal en San Pedro de Atacama debe contemplar normas que amplíen la cobertura funcional y administrativa de los servicios o instituciones prestadoras de servicios esenciales para hacer de verdad posible el acceso a la justicia. Aquí hay una responsabilidad evidente del Poder Legislativo en el diseño concreto de esta medida. Nos alegra saber que parlamentarias y parlamentarios de la región comprenden las condiciones que se requieren para que esta iniciativa sea exitosa.

Los sueños colectivos merecen ser realizados, más aún si movilizan las voluntades de muchas personas. Este sueño colectivo se ha objetivado en la creación de un centro de justicia que albergue a todas las instituciones mencionadas. Este centro, no me cabe duda, deberá constituirse en la expresión tangible y genuina de una justicia cercana, amigable, accesible y pertinente.

¡Sea en buena hora!

En una anterior publicación el diputado Jaime Araya comentaba que los avances en descentralización del país debían seguir e incluso acelerarse, y que la coyuntura respecto al caso Convenios y la mala utilización de fondos públicos vía transferencias directas no fuera parte del discurso de quienes han puesto trabas al proceso, apelando a la corrupción.

Es sabido que uno de los argumentos más recurridos por quienes intentan mantener una mayor centralización del país, es "el temor a que se abran flancos para que ingrese la corrupción". Y claramente es posible que en estos casos estemos ante ese tipo de situaciones, pero no puede ser el fundamento para seguir negándose a tener un país más descentralizado y con regiones autónomas en sus decisiones.

Está claro que Chile no resiste más su actual política administrativa y que la descentralización es prioritaria.

En la actualidad hay muchas decisiones que van a consulta al nivel central y en la mayoría de ellas la respuesta tarda o no es la que esperan las comunas.

Solo a modo de ejemplo aún no se visa la construcción de nuevos establecimientos educacionales que sirvan para suplir la demanda explosiva producto de la alta migración. Las cifras son conocidas y a la luz de ellas el camino es aumentar la actual infraestructura, pero la respuesta tarda y el sistema educativo se satura.

Entonces se requiere de mayor autonomía. Poder decidir sobre las realidades que se presentan en las provincias y regiones. Contar con mecanismos de acción y reacción para ser eficientes y una supervigilancia sobre los gastos.

Chile no puede quedarse estancado en este tema y el caso Convenios no puede ser el fundamento para negarle a las regiones algo que se merecen por décadas y que no puede tardar más en llegar.