Contraloría ha recibido 172 denuncias por fundaciones
CASO CONVENIOS. Bermúdez señaló que el organismo "no puede hacer un análisis de mérito. (…) Lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".
Redacción
El contralor Jorge Bermúdez expuso ayer ante la comisión de Vivienda del Senado, en el marco de las millonarias transferencias realizadas desde organismos estatales a fundaciones, denominado Caso Convenios, donde afirmó que existen 172 denuncias por presuntos ilícitos de este tipo.
El abogado, sin embargo, destacó la diversidad de los requerimientos, donde la Fiscalía ya investiga a secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y Desarrollo Social, junto a gobiernos regionales (Gore) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
"La Contraloría no fiscaliza a privados. Ha sido una lucha en mi gestión, extender esto a entidades privadas que realizan una función pública y reciben recursos públicos", dijo Bermúdez.
Regulación laxa
Sobre el polémico caso de Democracia Viva que involucra a exmilitantes de Revolución Democrática, el contralor detalló los convenios de transferencias suscritos.
En esa línea dijo que el 20 de septiembre del 2022 se le adjudicó la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria del campamento EcuaChilePe por $200 millones y sin un plazo de actividades establecidas.
Lo mismo en el campamento Irarrázaval etapa 1 suscrito el mismo día por $170 millones y sin plazos. Además, la ejecución de diagnósticos socio-territoriales en diversos campamentos firmado el 25 de octubre del 2022 por $56 millones y este sí cuenta con plazos establecidos.
Siguiendo con su exposición, Bermúdez explicó la cronología de las acciones que ha tomado la Contraloría desde que estalló el caso. El 22 de junio se solicitó el informe al Ministerio de Vivienda y el 30 de junio se recibió la respuesta por el ministerio.
Posteriormente, el 4 de julio se instaló personal especializado del departamento de auditorías en la dependas de la seremi de Vivienda de Antofagasta para indagar los traspasos y rendiciones de cuentas y el 5 de julio la Contraloría ofició auditorías las transferencias del Minvu y desplegó otras acciones de fiscalización a los Gobierno Regionales.
Con estos y otros antecedentes sobre la mesa, Bermúdez aclaró que "la Contraloría no puede hacer un análisis de mérito. La Contraloría hace una auditoría del cumplimiento normativo (…) lo que tiene que hacer es identificar si se cumplieron o no las normas".
Sin embargo, advirtió que estas normas tienen "grietas" por lo que "no necesariamente van a haber grandes hallazgos, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento de la normativa".
Además, argumentó que se trata de convenios "amplios, no hay puntos de control, no hay reglas de rendición, el problema es que el convenio es fácil de cumplirse con la laxitud en la que están establecidos".
Casos Gobiernos Regionales
En este contexto, el contralor también advirtió "debilidades" en la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales. "En diciembre del año pasado el promedio de ejecución fue de 32%. Esto quiere decir que en diciembre se gastó casi un tercio del presupuesto y hay regiones que gastaron casi un 40%. El problema es que la transferencia es una forma de ejecución de presupuestaria".
En esa línea dijo que "una forma de ejecutar el presupuesto de los Gobiernos Regionales es transferible bomberos y a otros más (…) El Gore es un órgano para transferir recursos", advirtió.