Infraestructura crítica: en busca del tiempo perdido
"Si la Mesa de Seguridad Ciudadana ha sido un fracaso hasta ahora y sólo se ha podido avanzar en un borrador que se queda corto, es porque el propio gobierno se ha encargado de dificultar su éxito". Paulina Núñez Urrutia, Senadora de la República
Esta semana, La Moneda presentó un documento al que denominó un borrador del Compromiso Nacional de Seguridad. No hubo acuerdo con la oposición y se prefirió mostrar un catálogo valorable, pero que reúne sólo una pequeña parte de materias que ya estaban sobre la mesa como exigencias ciudadanas. Además, muchas de las propuestas no tienen una bajada precisa, respecto a cómo se financiarán o cuentan con plazos demasiado laxos para su tramitación en el Congreso.
Sin duda, se trata de una nueva oportunidad perdida para avanzar con paso firme y mayor prisa en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia.
Pero también esta semana, hubo avances concretos en el Congreso, donde se despachó a ley el proyecto que permitirá que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas puedan resguardar instalaciones consideradas como infraestructura crítica, incluyendo la posibilidad de que se las destinen también a tareas de resguardo de las fronteras, entregándoles atribuciones de control de identidad y registro de las personas que fiscalicen.
Tanto esta ley como las del borrador del compromiso de seguridad, son medidas que hasta sólo hace algunos meses los integrantes de la coalición oficialista, Apruebo Dignidad, jamás habrían querido respaldar, que rechazaron con fuerza durante el gobierno de Chile Vamos, y que sólo ahora, cuando la situación de seguridad pública ha llegado a niveles alarmantes, consideran como una herramienta positiva y útil para colaborar con la labor de resguardo de las fronteras, ante la inmigración ilegal y el actuar de bandas de narcotráfico y crimen organizado.
Nunca es tarde para cambiar, siempre lo hemos dicho, y en este caso se debe valorar este cambio de postura de La Moneda.
Pero tampoco es posible soslayar que, a partir del sesgo ideológico de la coalición oficialista, se ha perdido casi un año en el combate contra el crimen organizado importado, contra las bandas internacionales de narcotráfico y, ya desde el punto de vista social, en la tarea de controlar el impacto gigantesco de la inmigración irregular en la capacidad del Estado de responder adecuadamente a la ciudadanía en la prestación de servicios de educación, salud y, obviamente, seguridad.
Para que eso ocurra, se debe ser capaz de absorber de forma ordenada y armónica a un fenómeno que llegó para quedarse, como es el de la situación de cientos de miles de personas que se han instalado a vivir en el país, en busca de mejores condiciones. Aquí no hay dudas, ni medias tintas, es el Estado de Chile y sus instituciones los responsables de mantener en orden la casa y tener control sobre quién entra y sale del país.
A partir de ahora, y en busca de recuperar el tiempo perdido, es de esperar que, ya teniendo una ley, el Gobierno no demore más en ocupar esta herramienta que ayudará, justamente, a enfrentar el crimen organizado, los delitos fronterizos y a tener una migración ordenada.
Pero no es lo único, ni es suficiente. Como representante de la región de Antofagasta, he solicitado en numerosas ocasiones a las autoridades de gobierno responsables de la seguridad ciudadana, que impulsen con mayor fuerza la toma de decisiones administrativas, así como el impulso de la agenda legislativa, que nos permitiría contar con mayores recursos y atribuciones para nuestras policías; que facilitarían las expulsiones de los inmigrantes que no vienen a aportar y que, por el contrario, han venido a Chile con la intención de cometer delitos.
Si la Mesa de Seguridad Ciudadana ha sido un fracaso hasta ahora y sólo se ha podido avanzar en un borrador que se queda corto, es porque el propio gobierno se ha encargado de dificultar su éxito. Por un lado, los indultos, que realmente fueron un insulto a millones de chilenos que no entienden cómo personas con un extenso historial delictivo o protagonistas de acciones de terrorismo fueron beneficiados por el propio Presidente de la República con la posibilidad de retornar libremente a las calles.
Por otro lado, la zigzagueante forma en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha asumido la relación con Chile Vamos, con actitudes de cal y otras de arena, como el error de esta semana en el Congreso, cuando acusó que existen autoridades que, en materia de seguridad ciudadana, entienden que "los aplausos fáciles se consiguen diciendo mentiras".
Un error no forzado, evidentemente.Con todo, por una necesidad obvia de anteponer el bienestar de los chilenos y chilenas, es necesario retomar cuanto antes los esfuerzos por llegar a un acuerdo en el combate contra el crimen, la delincuencia y el narcotráfico. Si no somos capaces, será el Congreso el encargado de impulsar los cambios que se requieren. En cualquier caso y en busca de recuperar el tiempo perdido, no perdamos más días y semanas valiosas en sentarnos en lados contrarios de la mesa.