La Región de Antofagasta es conocida mundialmente como la capital minera y hace algunos años se erige como la capital de la energías renovables no convencionales (ERNC), tras la construcción de modernas plantas solares, eólicas y termosolares y con decenas de proyectos por desarrollar. Una posición envidiable que lamentablemente no solo ha traído aspectos positivos, porque el gran aporte a la diversificación de la matriz energética se ha topado con situaciones indeseables debido a la irresponsabilidad y abuso de empresas subcontratadas para el montaje, las que se han marchado dejando millonarias deudas.

El problema es que no son casos aislados, se repiten en los distintos proyectos que se han ejecutado en la región llegando a una deuda que en su momento se estimó en 12 mil millones de pesos.

Son cifras estratosféricas y letales para quienes han puesto todos su bienes y esfuerzos en un negocio que es su sustento de vida. Son años de mucha dedicación que se ven dilapidados por quienes no respetan los acuerdos y simplemente no pagan por los servicios prestados que se realizan con profesionalismo.

Esta práctica fue detectada hace meses incluso años y es muy nociva para la economía local. Hay pequeños emprendimientos que debieron cerrar sus puertas al quedarse sin capital para continuar con sus labores.

Esta situación está en conocimiento de las autoridades de gobierno, las que en lo inmediato definieron políticas claras para asegurar el pago de servicios a no más de 30 días. Junto con exigir a las mandantes una serie de requisitos en las bases de licitación de las obras.

Incluso, hay algunos indicios -que se están investigando- de un actuar doloso de algunas de estas subcontratadas que se creaban con el claro fin de defraudar.

Los afectados han debido realizar una serie de manifestaciones para que los mandantes respondan solidariamente y han logrado algunos pagos. Pero debiera abrirse una mesa amplia que busque una solución definitiva para quienes hoy están asfixiados por deudas y sin poder retomar sus labores por falta de capital.

Es una lástima que este tipo de prácticas se haya masificado, porque se entiende que la industria energética nace con el claro fin de ser un aporte al combate del cambio climático y como una fuente de dinamismo económico regional. Hasta el momento sólo está cumpliendo lo primero.

"Redes de actores y su rol en el desarrollo de Corredores: una perspectiva de gobernanza para el Corredor Bioceánico Vial", se tituló la presentación que hicieron el Instituto de Economía Aplicada Regional (IDEAR) de la Universidad Católica del Norte y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), de Brasil, en las reuniones internacionales sobre el CBV realizadas a fines de noviembre en Antofagasta. Generó gran interés por aplicar sus recomendaciones para una nueva forma de administrar y dirigir el actual proceso de construcción de la infraestructura faltante y buscar acuerdos entre los 4 países (Brasil, Paraguay, Argentina y Chile) que impulsan esta red de transporte vial entre Mato Grosso do Sul y los puertos del norte de Chile.

La propuesta de gobernanza se basa en la identificación de los principales patrones de la red de actores del Corredor Bioceánico Vial (CBV); el conocimiento de la estructura de las redes generadas a niveles nacionales y en las relaciones bilaterales, así como en el conocimiento de la estructura de las redes por área sectorial, como públicos nacionales, subnacionales, privados y de la academia. Lograr esos objetivos del estudio de IDEAR / IPEA permitió elaborar lineamientos para una nueva propuesta de gobernanza del CBV. Esta contempla "definir una clara gobernanza para la cooperación regional del CBV; crear una red empresarial; fortalecer los vínculos públicos nacionales y regionales, más la integración de dos nuevas Mesas de Trabajo" al actual esquema de gobernanza, que ha estado a cargo de los respectivos gobiernos nacionales.

El "Modelo de Gobernanza" propuesto para el CBV comprende, además del Comité Gubernamental, el funcionamiento de un Comité Consultivo y un Comité de Control y Seguimiento. A las cinco actuales Mesas de Trabajo de desarrollo productivo; de gestión coordinada de fronteras; de infraestructura, transporte y logística; de Universidades y de turismo, se propone agregar otras dos mesas: una de desarrollo social y ambiental y otra de seguridad fronteriza. La de desarrollo social y ambiental deberá vigilar una gestión ambiental para lograr un Corredor sustentable, superar las desigualdades sociales, lograr desarrollo social y empleabilidad, todo con perspectivas de géneros y de los pueblos originarios. La mesa de seguridad fronteriza deberá lograr cooperación para la seguridad transfronteriza, acuerdos para el control de delitos internacionales, de la trata de personas y del tráfico de ilícitos, así como procurar una migración segura, más seguridad vial, con un sistema único de vigilancia.

Esta propuesta de gobernanza del CBV apunta a la "preservación de la red y de los avances del Grupo de Trabajo, con el funcionamiento de un sitio web que concentre la información sobre el contacto institucional, como un repositorio para preservar la memoria institucional y contar con la información de los actores que participan en cada país". Además, deberá procurar la "promoción de una visión de integración regional para la prospección global del CVB, con misiones empresariales y capacitación técnica, fomentando al encadenamiento productivo de las PYME; que en las páginas oficiales de los gobiernos locales y sus respectivas agencias haya un link destacado que direccione el usuario al sitio web del CVB; proporcionar información a los usuarios sobre las ventajas regionales del CVB, como el fomento al turismo, al intercambio universitario y a la producción local", entre otros.

Recientemente, un grupo de diputados ha solicitado al ministro Mario Marcel adelantar la devolución de impuestos referidos a la Operación Renta 2023, que usualmente se concreta durante el mes de mayo y junio, para el mes de marzo. Esto, con el objeto de solventar los gastos tradicionales de este mes, como permiso de circulación, colegios, uniformes, entre otros.

En función de esto, es lógico preguntarse ¿es factible realizar esta petición? En primer lugar, hay que mencionar que esta idea no es nueva, puesto que hace un par de años, se autorizó la devolución anticipada, pero durante el mes de abril, nunca en el mes de marzo, como se está planteando ahora.

Según datos de la Operación Renta 2022, se recibieron casi 2 millones de declaraciones, las que implicaron un monto ligeramente superior a los 930 mil millones. De este grupo, alrededor de 1,5 millones, corresponde a personas naturales, con una devolución solicitada de 430 mil millones, equivalente a casi la mitad del monto total de las devoluciones.

Se debe precisar que, de prosperar la idea, esta solo se podría llevar a cabo para las personas naturales, puesto que se trata de declaraciones simples, la mayoría de ellas realizadas en forma automática mediante la construcción de propuestas de declaración.

Sin embargo, no se debe olvidar que estas propuestas se construyen en base al cruce de información tales como retención de honorarios, remuneraciones, pago de intereses, entre otras. Si bien el Servicio de Impuestos Internos ha sido diligente y eficiente en la construcción de estas propuestas, necesariamente están supeditadas a la entrega de información por parte de terceros, cuyo plazo de entrega no permitiría la correcta validación de la información y autorización de las devoluciones. De no mediar esto, se podría correr el riesgo de autorizar la devolución de montos erróneos o sobrevalorados.

Una solución intermedia, sería un adelanto de un porcentaje de la devolución, vale decir, con los antecedentes recibidos, realizar validaciones parciales y, en base a eso, proceder a pagar una parte de la eventual devolución, dejando pendiente un saldo para hacer frente a eventual nueva información que podría modificar el monto final.

En el actual contexto económico, la idea de generar liquidez a las familias que están atravesando por complejos momentos económicos, parece de toda justica, por lo que la pertinencia de esta idea, debería ser analizada por los organismos técnicos y políticos a cargo.

José Navarrete Oyarce

Director Magíster en Tributación Universidad Andrés Bello