El Gobierno francés lanzó este lunes una advertencia a los organizadores de las protestas contra su reforma de pensiones, a la que se oponen de forma unánime todos los gremios sindicales, en un momento en que algunos piden endurecer las acciones, en particular con cortes de electricidad.

"No todo es aceptable", subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, al término del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de reforma, cuando se le preguntó por esas amenazas de cortes de luz.

En clara referencia a los mensajes de algunos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días han advertido que podrían interrumpir la corriente a responsables políticos que apoyan la reforma, Dussopt dijo que algunas cosas de las que se habla no entran dentro de "una acción militante reivindicativa, sino que pueden ser delito".

El secretario general de la federación de energía y minas de la CGT, Sébastien Manesplier, que hace una semana había proferido ese tipo de amenazas, afirmó hoy que "la huelga está bien, pero no basta" y hacen falta "acciones que tengan impacto".

Los sindicatos, que organizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones el pasado jueves, con entre uno y dos millones de personas en la calle, convocaron a una segunda para el 31 de enero.

El Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, pretenden por su parte desplazar el debate hacia el Parlamento, donde la situación les resulta más favorable, y por eso se guardan cierto margen de maniobra para introducir cambios, pero con límites.

El titular de Trabajo insistió en que ya se han integrado "muchas demandas" y, consultado sobre si en el debate en el Congreso Pleno del 6 de febrero podrían llegar a renunciar al retraso de la edad de jubilación, respondió negativamente. "Nuestro objetivo -explicó- es volver al equilibrio (financiero) desde 2030" y "el retraso de la jubilación es lo que lo permite", de forma que "renunciar a ese punto sería renunciar al equilibrio".

La reforma prevé retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 64. De no hacerlo, el déficit que se espera en régimen es de entre 10.000 y 15.000 millones de euros anuales para 2030, el 3% del gasto total en pensiones.

El Gobierno de Perú expresó ayer, mediante una nota diplomática, su "enérgica protesta por el nuevo acto de injerencia" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó en Twitter que el Gobierno de Dina Boluarte "entregó una nota a la Embajada de Colombia con la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del derecho internacional".

La cartera precisó que dicho documento se refiere a las recientes declaraciones del presidente colombiano sobre los hechos ocurridos el último sábado en la Universidad de San Marcos de Lima, donde un contingente policial ingresó a la fuerza para desalojar a los cientos de manifestantes llegados de distintas partes del país y refugiados en el recinto estudiantil para participar de las protestas en la capital.

"La nota (...) señala que sus actos de injerencia son inconsistentes con la conducta que todo jefe de Estado debe observar en cumplimiento del derecho internacional", enfatizó el Ministerio.

Tras la intervención policial de este sábado en la San Marcos, la universidad más antigua de América, Petro compartió en Twitter un video sobre la irrupción policial al campus y afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) debía evaluar la situación en Perú.

"Allanar universidades. Gritar ¡Muera la inteligencia! El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú", escribió el mandatario colombiano, quien en diciembre pasado salió en reiteradas ocasiones en defensa del expresidente Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe.

"ocúpese de sus asuntos"

Horas después, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, le respondió en un mensaje en el que lo exhortaba a ocuparse "de sus asuntos" y a "gobernar para los suyos".

"Ocúpese de sus asuntos señor Petro. (El) Consejo Permanente de OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. La última en el Putumayo. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades", le dijo Otárola, quien ayer declaró ante la Fiscalía Nacional luego de ser citado a en la pesquisa preliminar abierta por posible "genocidio", homicidio calificado y lesiones graves por parte del Gobierno de Boluarte en las manifestaciones que ya han dejado 64 muertos.

El Congreso de Perú aprobó a fines del año pasado una moción parlamentaria en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el Gobierno de Boluarte ya había mostrado en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.

El anuncio de la Cancillería sobre esta nueva nota entregada a la embajada de Colombia en Perú se divulgó horas después de que la cartera anunciara que está evaluando tomar acciones ante "actos de injerencia" por parte del presidente boliviano, Luis Arce, quien se refirió este domingo a la crisis que atraviesa Perú.

Perú ya declaró en diciembre pasado persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, quien abandonó el país andino junto con la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos, después de que estos pidieran asilo en México.